José Antonio Alcaide

En los últimos años hemos asistido al reconocimiento social de la familia en nuestro país. Aunque son varias las causas, este reconocimiento no es nuevo, dado que en un país de tradición cristiana como el nuestro, ya la familia era valorada. Pero era valorada desde un modelo tradicional en el que el hombre era el que trabajaba y la mujer la que quedaba en casa al cuidado de los hijos, de las personas mayores y de las tareas domésticas.

Tras una etapa en la que incluso el concepto de familia quedó desacreditado por su excesiva identificación a políticas conservadoras, actualmente, los ciudadanos del estado consideran a la familia como la institución mejor valorada; más de un 74% de los españoles así lo valora. Entre otras razones, en el Estado español y en Catalunya, la familia ha jugado, y juega aún todavía, un papel de primer orden ante el escaso desarrollo del Estado de bienestar y ante la práctica inexistencia de servicios de soporte a las familias. Asimismo, también estamos asistiendo a la teorización de que la falta de políticas de apoyo a las familias son causa directa de los bajos índices de natalidad, que en España son los más bajos de Europa. Y está contribuyendo a que las administraciones intenten adecuar sus marcos legislativos para dar soporte y cobertura a las unidades familiares, fundamentalmente en el terreno de las ayudas económicas. En este sentido creemos que ha de evitarse el caer en el error de impulsar políticas natalistas que ignoren que la maternidad y la paternidad son un derecho personal que ha de poder ser ejercido de manera libre. Por otro lado, creemos también que los cambios legislativos han de adaptarse a las nuevas estructuras familiares. Han cambiado los modelos de convivencia, el modelo tradicional de familia (mujer, hombre, con hijos) es el que todavía hoy cuenta con un mayor reconocimiento legal en Catalunya y en el Estado. Pero la familia tiene una composición más diversa, más plural: familias unipersonales, monoparentales, de hecho heterosexuales, de hecho homosexuales, etc., sin que la legislación reconozca de igual manera, ni les permita el igual acceso a los escasos derechos que aún tienen las parejas que optan por el matrimonio. Quisiera poner el ejemplo de la Ley de soporte a las familias que actualmente se está tramitando en el Parlament de Catalunya y que, salvo que se resuelva en el último momento, todavía a fecha de hoy no incorpora la posibilidad de reconocer a las parejas de homosexuales la posibilidad de adoptar hijos.

Probablemente, uno de los cambios más importantes de la sociedad catalana ha sido la incorporación de la mujer al mundo laboral. Sin embargo, esta incorporación no ha venido acompañada por el hecho de que en el hogar familiar las tareas domésticas se hayan distribuido de otra manera. Actualmente el 95% de las personas cuidadoras son mujeres: madres, hijas o hermanas. La actual Ley de conciliación de la vida laboral y familiar se ha demostrado insuficiente y, a nuestro juicio, no garantiza que las empresas se sientan suficientemente comprometidas y motivadas como para aplicar medidas que faciliten esta conciliación en su seno. Solamente el 10% de las empresas españolas dispone de políticas de conciliación como seguros y ayudas materiales, como son servicios de guarderías o como compensación económica para el caso de utilización de canguros para horas de trabajo.

Claramente, no podemos dejar toda la responsabilidad a la negociación entre empresas y trabajadores o trabajadoras. Es necesario que el estado, además de facilitar estos acuerdos de conciliación, provea servicios públicos y de calidad. Estos son los que realmente contribuyen a liberar a las mujeres del papel en exclusiva que tienen asignado: la atención de sus familiares y el cuidado de las tareas domésticas. Las ayudas económicas y las rebajas fiscales no son tampoco soluciones únicas y dejan fuera aquellas familias que, con rentas más bajas, no tienen la obligación de declararlas.

Conjuntamente a todo lo anterior se ha de avanzar en una conciliación global de todos los horarios que afectan la vida cotidiana de las personas y se ha de proceder a una mayor valoración y corresponsabilidad de las tareas domésticas y de los cuidados de los hijos. De nada sirven los avances fuera del domicilio si en su seno los roles continúan igual.

Tres casos graves

Pero, como estamos hablando de nuevas estructuras familiares, quisiera trasladarles la preocupación de nuestro sindicato por la grave situación de desprotección en que especialmente se encuentran algunos modelos de estas nuevas estructuras de familia, en concreto las familias monoparentales, las personas mayores que viven solas y las familias numerosas.

Estas tres situaciones, aparte de las características específicas de cada una de ellas, tienen en común el elevado riesgo de pobreza derivado de la insuficiencia de renta necesaria para su sustento, así como por la falta de servicios de soporte que, proveídos por la administración, palíen su situación económica y garanticen una vida digna previendo otras situaciones de riesgo, como pueden ser riesgos en el terreno social o riesgos en el terreno de la salud. El volumen de familias monoparentales, que ha crecido de forma importante en los últimos años, además, incorpora una realidad innegable y es que estas familias están básicamente compuestas por mujeres solas, con hijos menores a su cargo y que solamente disponen de un salario (cuando la mujer tiene la oportunidad de trabajar) y que además su salario está un 30% por debajo del salario de un hombre. Está claro que el riesgo de pobreza está más que presente.

Separaciones, divorcios, alejamientos derivados de la violencia doméstica o el derecho o deseo de ejercer la maternidad o paternidad de forma independiente... Todas estas circunstancias se ven agravadas ante la insuficiencia de rentas y de servicios. Está demostrado que hoy en día se necesita, como mínimo, el salario de dos personas para hacer frente a los costes de una vivienda o a las necesidades básicas diarias. En el caso de las personas mayores que viven solas, en la mayoría de los casos viudas, y que perciben una pensión mínima o no contributiva, los riesgos crecen a medida que la persona envejece, agravados, además, por la falta de servicios de atención públicos. Solamente daré un dato: en Catalunya la pensión media de viudedad está situada en 371 euros, mientras que el salario mínimo interprofesional es de 451 euros y, además, está a gran distancia del salario medio del país, que es de 1.387 euros al mes. Las familias numerosas ven agravada su situación por el hecho de que, ante la falta de servicios, uno de los cónyuges, casi siempre la mujer, es quien debe de quedarse en casa al cuidado de los hijos. Imaginemos las situaciones de partos múltiples. La familia solamente dispone de la renta laboral de un cónyuge frente al mayor gasto que se ha de destinar para el sustento de la familia.

La atención a la infancia

Es precisamente en el terreno de la protección a la infancia donde más se contradice el discurso de la administración: 100 euros para las madres trabajadoras no solucionan el problema y, además, crean graves discriminaciones para las familias que, por voluntad propia, deciden dedicar su tiempo al cuidado de los hijos. Es decir, desean acogerse a excedencias laborales, o el mercado de trabajo no les ha ofrecido un puesto adecuado o simplemente no pueden trabajar porque no tienen servicios de ayuda que les permitan compatibilizar el trabajo y la maternidad o paternidad. La demanda social de más cobertura a la familia, ha hecho que en los últimos meses las diversas administraciones que tienen competencias en materia de bienestar hayan intentado maquillar levemente la situación, adoptando, de manera electoralista y de forma descoordinada, diversas medidas que en absoluto garantizan la universalización de unos derechos que ya deberían de estar reconocidos.

Un pacto social

Desde UGT de Catalunya queremos avanzar en esta dirección, apostando por la consecución de un pacto social por los derechos de las familias en Catalunya. Desde UGT venimos reclamando este pacto desde hace ya más de dos años. Pero entendemos que este es un pacto que ha de hacerse en base a la consecución y consolidación de derechos, un pacto que garantice el derecho a constituir una familia libremente, sin ninguna discriminación por tipo de género, de origen o de opción de convivencia. Un pacto que dé derecho a la maternidad y paternidad, que garantice el derecho a la educación, a la formación, al trabajo, al ocio de todos y cada uno de sus miembros, un pacto que dé derecho a beneficiarse del desarrollo económico de la sociedad, que facilite el acceso a servicios de protección social públicos y de calidad y un pacto que dé derecho a una vivienda digna.

Desde UGT de Catalunya consideramos que estos derechos pueden y deben ser ejercidos libremente, contando con la necesaria protección de las leyes que las diferentes administraciones y parlamentos han de impulsar. Y esperamos que este año, que es tan pródigo en procesos electorales, pueda también ayudar a conseguir este pacto.

José Antonio Alcaide.
Secretario de política social del sindicato Unión General de Trabajadores de Catalunya.

Este artículo es la transcripción de la ponencia desarrollada por el autor en el encuentro “La participación de la sociedad en el Estado de bienestar del siglo XXI”, organizado por el “Forum Europa” los días 19, 20 y 21 de marzo del 2003 en el Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona (CCCB) y patrocinado por la Diputación de Barcelona.