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| Jaume Bosch
En primer lugar querría exponer cómo enfoca mi grupo parlamentario el debate sobre el despliegue del Estatuto. Los que creemos en el derecho del pueblo catalán a decidir su presente y su futuro debemos tener bien claro que la ciudadanía ha decidido, ha hablado, en dos ocasiones tras la tramitación del Estatuto en este Parlamento y en las Cortes Generales. La primera fue en relación al mismo Estatuto el 18 de junio del año pasado, hace nueve meses. La segunda, en las elecciones al Parlamento el 1 de noviembre, hace menos de cinco meses. No es bueno apelar una y otra vez de forma abstracta el derecho de Catalunya a decidir obviando lo que ha decidido el pueblo catalán hace tan poco tiempo. No es bueno usar este derecho nuestro, inalienable, como reto partidario o como posible ganancia electoral. El referéndum sobre el Estatuto supuso una victoria clara de los votos afirmativos, que representaron el 73,3 por ciento de los votos emitidos. Los votos negativos fueron el 20,5 por ciento, por debajo del que los dos partidos que propugnaban el “no” habían obtenido en las anteriores elecciones al Parlamento de Catalunya. Este hecho es todavía más significativo porque contrasta con lo que había pasado en el referéndum sobre la Constitución europea, en qué los votos contrarios fueron más de los que representaban los dos partidos que hicieron propaganda por el “no”. Es cierto que la participación fue del 49 por ciento del electorado, pero no es menos cierto que este porcentaje supera en 13 puntos el registrado en el referéndum sobre el Estatuto andaluz, y es casi 6 puntos superior al del reciente referéndum sobre la legalización del aborto celebrado en Portugal. El pueblo catalán, pese a casi tres años de intenso debate político, de ataques y de maniobras de corto vuelo, dijo “sí” al Estatuto de forma clara y contundente. Se trata de una decisión soberana, tomada por el pueblo, en el marco de la normalidad en los avances nacionales de Catalunya. Pero el mes de noviembre el pueblo de Catalunya ha vuelto a pronunciarse. Es bien cierto que en las elecciones al Parlamento se ponía a debate el futuro gobierno del país y que las motivaciones para el voto eran diversas, pero también es innegable que era la primera vez que los partidos políticos catalanes se sometían al veredicto de las urnas después de haber mantenido posiciones diferenciadas en todo el proceso de aprobación del Estatuto. ¿Recordamos los resultados? CiU perdió un 10 por ciento de los votantes y aumentó en 2 el número de sus diputados. El PSC perdió alrededor de un 25 por ciento de su voto y cinco de sus escaños. Esquerra Republicana también perdió el 25 por ciento de los votos y dos diputados. El PP perdió un 20 por ciento de los votos y un diputado. Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Alternativa ganó un 15 por ciento de votos y tres escaños. Y un nuevo grupo, Ciutadans, obtuvo 3 diputados. He querido empezar recordando todo esto porque mi grupo parlamentario mantendrá en este debate y en todo el proceso sobre el despliegue del Estatuto -como no podríamos hacerlo de otra manera- la misma actitud que ha practicado en los tres años anteriores.
Optimistas, rigurosos y firmes. Primero. Somos optimistas, nos negamos a alimentar un discurso negativo y catastrofista. Igual que defendimos a menudo y en solitario que el Estatuto se aprobaría, defendemos ahora que el Estatuto es plenamente constitucional. Es un error terrible, que tan sólo beneficia al PP, instalarse en hipótesis negativas ante una sentencia del Tribunal Constitucional que tardará muchos meses en producirse y antes de la cual pasarán todavía muchas cosas, entre ellas, una posible modificación de la misma ley que regula el Tribunal Constitucional, reforma que el Congreso ya ha aprobado y que debe discutir pronto el Senado Catalunya no se puede permitir el lujo, tras casi tres años de debate estatutario, de ubicarse en una situación de provisionalidad. La provisionalidad la defienden PP y Ciutadans, el resto lo que debemos hacer es aplicar el Estatuto, que es una ley en vigor, querida por nuestra ciudadanía. Segundo. Pretendemos ser rigurosos. Durante el debate del Estatuto nunca levantamos falsas expectativas, nunca presentamos el proceso de elaboración del nuevo Estatuto como el adelantado de la independencia o del concierto foral vasco, siempre tuvimos bien presente, cuando íbamos por pueblos y ciudades a explicar como se desarrollaba el proceso, que debíamos poder volver a aquellos municipios con la cara bien alta. Lo más gratificante de esta etapa ha sido cuando personas diversas nos han dicho: «vosotros nos explicasteis las ventajas y también los límites, y finalmente el resultado final ha sido muy parecido al que nos dijisteis». Ahora adoptaremos la misma actitud. Tercero. Defendimos con firmeza el autogobierno, y apostamos por acercar posiciones, sacrificando los afanes de protagonismo que tanto daño hicieron al proceso estatutario. Ahora demostraremos firmeza en defender el Estatuto de los ataques de los sectores reaccionarios y centralistas del Estado. Exigiremos del Gobierno central la aplicación íntegra del Estatuto y denunciaremos, si hace falta, las actitudes electoralistas y partidistas que no miran más allá de las inminentes contiendas electorales. No querríamos acabar pensando que haya alguien, que teóricamente defiende el autogobierno, y que por la noche y en su casa sueña que el Tribunal Constitucional anula o recorta el Estatuto. Así, pues, optimismo, rigor y firmeza. La misma receta que aplicamos para construir el Estatuto la aplicaremos ahora ante quienes lo quieren destruir, teniendo presente por encima de todo que el objetivo de las fuerzas políticas, y en especial de las que gobiernan, es dirigir el país con visión de futuro, con serenidad, con previsión, rehuyendo cambios de rumbo repentinos. El Estatuto es una herramienta de reconstrucción nacional, pero también es una herramienta de progreso, de afirmación de los derechos de las personas, de derechos de ciudadanía.
Extraño debate. El Reglamento del Parlamento prevé la celebración de debates específicos como este, y CiU tenía todo el derecho a pedir la convocatoria. Nos ha sorprendido, no obstante, la forma de hacerlo, teniendo presente que el motivo es analizar el despliegue del Estatuto. En primer lugar, porque el Estatuto entró en vigor el 9 de agosto del año pasado, es decir, hace poco más de siete meses, pero en el momento de la entrada en vigor, con las elecciones en perspectiva, CiU pidió que no se pusieran en marcha los mecanismos previstos en el Estatuto y que se esperara hasta que el nuevo Gobierno tomara posesión. Según dijo el señor Mas, «no tiene sentido aplicar el Estatuto con un gobierno catalán provisional». Si a petición de CiU el tiempo empezó a contar el 29 de noviembre han pasado, pues, apenas cuatro meses. ¿Es ahora el momento de denunciar una supuesta carencia de aplicación? ¿No habría sido más lógico quizás esperar al debate de política general que el Reglamento fija para el mes de septiembre? ¿Por qué no había prisa en agosto, en septiembre o en octubre? ¿Y por qué la hay ahora? O ¿es que las prisas empezaron al ver que se constituía el Gobierno “d’entesa”? Parece que la prisa y la paciencia son interpretadas por CiU en función de análisis que no escapan a la inteligencia de nadie. Pero estamos en el debate y hace falta explicar como ve mi grupo lo que está pasando. En primer lugar hay un hecho incuestionable: el Partido Popular no pudo digerir la derrota que sus posiciones sufrieron en este Parlamento, en el Congreso, en el Senado y en el referéndum, y decidió presentar recurso de inconstitucionalidad contra el Estatuto de Catalunya. Lo secundó un defensor del pueblo que, como él mismo reconoció, actuó en función de su ideología, no de acuerdo con la independencia que exige un cargo de tanta importancia institucional. Y, además, el PP -algún dirigente no tuvo ningún tipo de vergüenza en admitirlo- ha utilizado todos los resquicios jurídicos posibles para conseguir sus objetivos políticos, aunque esta táctica, mediante la recusación de un magistrado, haya traído al Tribunal Constitucional a la crisis más grave de la historia de la democracia reciente. Todavía anteayer el señor Aznar insultaba públicamente a este Parlamento y calificaba el Estatuto de chantaje, y añadía el comentario surrealista de que estaba hecho contra Extremadura.
Respecto a las relaciones con el Estado se han constituido dos comisiones: la bilateral y la Comisión Mixta de Asuntos Económicos y Fiscales, y en breve se constituirá la que falta, la de inversiones en infraestructuras. En tercer lugar, se han empezado, es cierto, a producir diferencias de interpretación con el Gobierno central en relación con algunos temas. A diferencia de lo que hacía CiU cuando tenía pactos con el PSOE o con el PP en Madrid, el Gobierno de la Generalitat ha decidido interponer recurso de inconstitucionalidad cuando ha considerado que se vulneraban sus competencias, como pasaba con la ley del libro o el decreto sobre enseñanza. Y hemos considerado, con razonamientos que ya expusimos en el Pleno correspondiente, y atendiendo la petición de la parte de la sociedad civil implicada, que no lo presentaríamos en el caso de la denominada ley de la dependencia. A la vez estamos exigiendo rapidez al Gobierno central en concretar los traspasos que no precisan de reformas legales.
El recurso de inconstitucionalidad. Hay quien quiere equiparar estas dificultades o diferencias de criterio a la ofensiva del Partido Popular. Nosotros no pensamos que sean equiparables. Este diputado y mi grupo estamos muy lejos de la visión territorial del Estado que tiene el PSOE, por esto formamos parte de un proyecto político bien diferente, pero nunca cometeremos el error de que atraídos por intereses electoralistas no sepamos distinguir la actitud del Partido Popular y la del PSOE. Con el PP no nos podemos entender, y el del PSOE no es ni de lejos nuestro proyecto, nosotros queremos un estado plenamente federal, pero queremos dialogar y pactar cómo hicieron, en especial, los señores y señoras de CiU, en el debate estatutario. La situación creada por el recurso de inconstitucionalidad del Partido Popular y el Defensor del Pueblo, y la recusación del magistrado Pérez Tremps, por parte del Partido Popular, nos obliga a posicionarnos también en relación a este tema. En primer lugar para afirmar que el Estatuto es plenamente constitucional, que se adapta a la doctrina que hasta ahora ha mantenido el Tribunal Constitucional, que ha pasado todos los controles previos; es absolutamente inimaginable que se dé la situación de que el Tribunal considere que este Estatuto no cabe en la Constitución del 78. Es inimaginable que se pudiera producir una situación en que determinados artículos del Estatuto catalán fueran declarados nulos u objeto de interpretación, y que los mismos artículos del Estatuto de Andalucía fueran constitucionales, puesto que ni el Partido Popular ni el señor Múgica han anunciado la interposición de recurso y el Tribunal no los puede anular por conexión. Es inimaginable que otros artículos que van más allá de lo que prevé el Estatuto andaluz -porque Catalunya así lo decidió- fueran considerados incompatibles con una Constitución como la del 78, que admite lecturas diferentes, y que en palabras de uno de sus autores, el profesor Jordi Solé Tura, admite una lectura que puede conducirnos a un estado federal. Sabemos que hay interpretaciones diferentes y encontradas, pero todas caben dentro de la Constitución. Y los magistrados deben juzgar y decidir no a partir de sus opiniones políticas, sino a partir de la Constitución. Otro padre de la Constitución, Miquel Roca i Junyent, escribía ayer un artículo, titulado No decimos que no debamos prever todas las posibilidades, pero las decisiones deberán adoptarse cuando toque, después de analizarlas con calma y sin lanzárnoslas a la cabeza como dardos electorales. No seríamos nosotros, que hemos presentado ya hace tiempo nuestra propuesta sobre la reforma de la Constitución, los que nos opondríamos a esa vía, aunque hace falta recordar que la reforma constitucional exige el voto favorable del PP lo que, en consecuencia, difícilmente daría lugar a un escenario más favorable. No podemos olvidar en este contexto que la Constitución y la Ley del Tribunal Constitucional prevén la renovación periódica del mismo Tribunal. Y lo que nos hace falta es un tribunal constitucional que, con un prestigio que deberá saber recuperar, sea sensible a una lectura federalizante de la Constitución. En segundo lugar hace falta recordar la responsabilidad que han adquirido ante el pueblo de Catalunya el PP y el señor Múgica. Ya sabemos que no aceptan lo que hemos decidido democráticamente, y seguro que lo saben también los sectores económicos y empresariales que el pasado día 22 se pronunciaban sobre la gestión del Aeropuerto de Barcelona. En tercer lugar, queremos apoyar todas las acciones legales emprendidas por el Parlamento y el Gobierno de la Generalitat para defender la constitucionalidad del Estatuto. El Gobierno ha cumplido con su deber al agotar todas las posibilidades legales, recursos de súplica y recusaciones incluidas con tal de defender el Estatuto. Lo contrario habría sido no ejercer sus responsabilidades. Los recursos presentados por la Generalitat representan los intereses de Catalunya y es insólito que CiU haya acusado de pardillo y de hacer el ridículo al Gobierno de la Generalitat por defender el Estatuto.
Lealtad institucional. Mi grupo reclama, exige lealtad institucional al Grupo de CiU. No se puede venir a esta cámara a exigir que se defienda el Estatuto sin apoyar todas las acciones legales del Gobierno, aunque no se vean claras. CiU ha de asumir que está en la oposición, y que el ritmo de las responsabilidades gubernamentales de la nación lo marca el Gobierno y que una oposición con sentido de país debe ser lo suficiente generosa y lo suficiente capaz para apoyar al Gobierno en casos como estos. Y, en cuarto lugar, nos queremos referir a las alegaciones de los abogados del Estado. Primero, para dejar bien claro que nuestras alegaciones son las presentadas por el Parlamento y el Gobierno de la Generalitat; no nos reconocemos en ninguna otra. Pero, tal y como ha afirmado el vicepresidente Carod, aquello que es relevante de las alegaciones de los abogados del Estado es que defienden la constitucionalidad total del Estatuto en contraposición a las tesis defendidas por el PP. Realizan una interpretación que no es la nuestra, pero eso no es ninguna sorpresa ni ninguna novedad. Todos los diputados y diputadas de este Parlamento que participaron en la discusión del Estatuto en el Congreso y en el Senado pudieron escuchar esta visión restrictiva en las intervenciones de los representantes del PSOE: los señores Rubalcaba, López Garrido o Jáuregui. Por citar tan sólo un ejemplo, el referido a la definición de Catalunya como nación en el preámbulo del Estatuto, el abogado del Estado afirma, en sus alegaciones: «Podrá gustar más o menos, pero la propuesta aprobada por el Parlamento de Cataluña, en solemne sesión el 30 de septiembre, comenzaba su preámbulo con las palabras “la nación catalana”.» Y el señor Rubalcaba decía en el Congreso: «El Parlamento de Cataluña ha decidido por amplia mayoría definir Cataluña como una nación. Se puede estar de acuerdo o no con esta definición, y desde luego el diputado que les habla no está de acuerdo con ella.»
Las competencias inmediatas. Queremos insistir en una idea que hemos defendido las últimas semanas. La mejor forma de defender el Estatuto es aplicarlo, es desplegarlo. Se está haciendo. Para mi grupo, hace falta aplicar aquello que PSC, Esquerra Republicana, Iniciativa - Esquerra Unida pactaron hace tan sólo cuatro meses: desplegar el Estatuto. Esto es el que estamos haciendo y lo que queremos continuar haciendo, porque es lo que le hemos prometido a Catalunya y porque es lo que la ciudadanía espera y desea de nosotros. Pero el despliegue de parte del Estatuto es responsabilidad del Gobierno central. Se equivocaría gravemente el PSOE si se dejara presionar por las salidas de tono del PP o las utilizara como pretexto para una visión restrictiva del Estatuto. Y, en este sentido, hay dos aspectos que en estos momentos aparecen como prueba del despliegue del Estatuto. El primero son los servicios de cercanías y regionales -también de los trenes regionales, que quede claro- de RENFE. El Estatuto lo deja bien claro, y lo sabe bastante bien este grupo parlamentario que se sintió a menudo demasiado solo al enfocar la defensa del Estatuto a partir de las mejoras que podía introducir en la vida cotidiana de la gente. Queremos soluciones urgentes a una situación que viene de muchos años de dejadez y carece de inversiones. Queremos la inversión urgente que la red necesita. Queremos un trato correcto a la ciudadanía, y queremos el traspaso a la Generalitat. El señor Piqué esta mañana nos decía que RENFE y todo el resto se puede reclamar sin Estatuto. Entonces, señor Piqué, ¿para qué sirven los estatutos? El segundo aspecto es el de los aeropuertos. Mi grupo también comparte la exigencia de las entidades que protagonizaron el acto del día 22. El Gobierno, también, y buena prueba es la reunión ayer de la Comisión de Seguimiento con el presidente Montilla. No obstante el acto, he de decirlo, nos ha suscitado una reflexión: ¡qué bien nos hubiera ido una movilización similar en el momento en que se estaba negociando la cuestión en el Congreso de los Diputados! Quizás si se hubiera producido entonces la movilización, hoy estaríamos a punto de crear el consorcio para la gestión del aeropuerto del Prat. No pasó y no tiene sentido lamentarse. El Estatuto, a pesar de todo, hace posible la participación de la Generalitat en la gestión del Prat y el traspaso de los aeropuertos de Girona, Reus y Sabadell. Y hace falta concretarlo cuando antes mejor. Pero también querríamos que la importancia de estas cuestiones no suponga retrasar otros traspasos importantes como los que afectan a la inmigración o a la Inspección de Trabajo. Estos no son temas menores, porque afectan a personas, en tanto y cuanto que personas y que trabajadores y trabajadoras.
El error de ERC.
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