Joan Coscubiela

Nos disponemos a celebrar el VII Congreso de la CONC, en unos momentos en los que los trabajadores y trabajadoras catalanes nos han otorgado de nuevo la condición de primera organización sindical de Catalunya. La presencia en los centros de trabajo de alrededor de 19.000 delegados de CCOO y el crecimiento de la afiliación, que nos acerca a las 130.000 personas, nos consolida como la organización sindical y social más representativa de Catalunya.

Con esta legitimidad renovada que comporta la afiliación y la representatividad en los centros de trabajo, asumimos la responsabilidad de tomar la iniciativa en el terreno de las propuestas, las movilizaciones, las negociaciones,  las soluciones que las trabajadoras y trabajadores esperan de nosotros.

Y lo hacemos con la presentación por parte del Consell Nacional de la CONC de este INFORME GENERAL que retorna al Congreso, para su valoración, el mandato sindical que recibimos del VI Congreso celebrado a finales de 1995. Un mandato desarrollado en un período marcado por cambios económicos, sociales, sindicales y políticos de primera magnitud que parece útil recordar hoy:

1.- Reducción del paro, crecimiento de la ocupación y la estabilidad, a la vez que mantenimiento de una fuerte rotación contractual y de bolsas de precariedad. Durante estos años se ha producido un importante aumento de la ocupación, que se concreta en una tasa de ocupación del 47% con relación al 42% de finales del 95. El incremento del número de asalariados se ha producido mayoritariamente en forma de puestos de trabajo fijos. Así la reducción del desempleo y el crecimiento de la ocupación en toda Catalunya ha ido acompañado por primera vez en los últimos quince años, de un ciclo sostenido de reducción de la temporalidad, que ha pasado en Catalunya desde el punto más álgido del 35%, al 28,5% de la población asalariada. Desde la perspectiva de género, la mejora de la tasa de ocupación femenina, un 35% hoy frente a un 31% a finales de 1995, es inferior a la de los hombres, que ha pasado del 54,2% al 59,6%. Y lo mismo podemos afirmar con relación a la reducción de la temporalidad de la que se han beneficiado menos en términos relativos, las mujeres, que todavía hoy soportan un mayor índice de temporalidad.

La reducción del desempleo y la temporalidad no puede esconder, sin embargo, el mantenimiento de dos problemas sociales y económicos importantes. Catalunya continua teniendo una de las tasas de ocupación más bajas entre las regiones europeas desarrolladas, especialmente por la poca actividad productiva femenina. Y a la vez persisten diferentes formas de precariedad que se expresan en un importante nivel de rotación en la contratación temporal, elevados índices de siniestralidad laboral y formas de trabajo desreguladas, especialmente en los servicios y la construcción, entre los jóvenes y las mujeres, en  las categorías más bajas y las personas con menos formación. 

2.- Un período de intenso crecimiento económico que no ha sido aprovechado para redistribuir la riqueza. Esta evolución de la ocupación y la estabilidad se ha producido en el marco de un ciclo económico caracterizado por un crecimiento sostenido, que supera el de otros períodos recientes y el del resto de países de la Unión Europea. El crecimiento ha permitido crear ocupación, con todas las consecuencias positivas que esto comporta. Pero en cambio, la política económica desarrollada se ha convertido en un serio obstáculo para mejorar la redistribución social de la riqueza y evitar la marginación social. La ocupación creada tiene en algunos colectivos y sectores un fuerte componente de precarización que no les permite mejorar las condiciones de trabajo y la calidad de vida. Un mercado de trabajo precarizado, las reformas fiscales aprobadas y una red todavía débil de prestaciones sociales están impidiendo que la mejora de la situación económica llegue a toda la ciudadanía y permita reducir las desigualdades sociales. Especialmente negativa ha sido la política fiscal que, con una reducción de la presión sobre el capital -en todas sus formas- y un incremento de la fiscalidad sobre el consumo, no está cumpliendo la función de redistribución social de la renta que sería de esperar en un país que mantiene niveles significativos de desigualdad social en el reparto de la riqueza. La continuidad en el proceso de privatización de las empresas públicas y de liberalización de sectores económicos como el energético y el de las telecomunicaciones, no ha supuesto una mejora del servicio a los usuarios y en cambio ha generado dinámicas de oligopolio en sectores estratégicos por la naturaleza del servicio que prestan. Además, ha comportado procesos de fuerte reducción de plantillas y de externalización de una parte de sus actividades en otras empresas con peores condiciones de trabajo.

3.- Conflicto en el terreno de las políticas sociales. En estos cuatro años hemos asistido a un fuerte debate social con relación al futuro de la Seguridad Social, al modelo sanitario, de enseñanza pública y de aplicación de la LOGSE, a la insuficiencia del sistema catalán de servicios sociales para dar respuesta a nuevas y viejas necesidades sociales y al volumen de recursos necesarios para garantizar los derechos sociales como derechos de ciudadanía. CCOO de Catalunya se ha esforzado en mantener un papel activo, interviniendo como sindicato general y solidario. Y aunque no siempre hemos conseguido el reconocimiento de nuestra condición de interlocutor, hemos situado las políticas sociales en el centro de las prioridades del sindicato. Expresión de esta actividad sindical en la política social son los acuerdos alcanzados con relación a las prestaciones sociales. Los del otoño de 1996 entre CCOO y UGT y el Gobierno español que aborda algunas reformas estructurales del sistema público de seguridad social, previstas en los Pactos de Toledo. Y la universalización por Ley de la Renta Mínima de Inserción en Catalunya (salario social), como fruto de un acuerdo sindical con el Gobierno catalán. No ha sido igual de positiva la evolución de las prestaciones por desempleo, que han visto cómo la aplicación de las reformas de 1993-94 y la precariedad del mercado de trabajo reducían el nivel de cobertura económica de las personas desempleadas, a pesar del excedente en la recaudación de las cotizaciones por desempleo. Hay que retener sin embargo, el cambio de tendencia de último período en Catalunya, donde la tasa de cobertura de la prestación de desempleo calculada sobre el total de personas registradas se sitúa en niveles del 75%, unos 20 puntos por encima de la media española.

La derecha catalana y española, a pesar de disponer de mayorías parlamentarias cómodas, no ha podido hacer avanzar algunas de sus propuestas más significativas, como las de romper el seguro público del Sistema Nacional de Salud o introducir un modelo mixto de seguridad social. Lo ha impedido una fuerte conciencia social y un estado de opinión favorable a la defensa del estado social como conquista de civilización, que aunque no actúe de manera organizada, ejerce una presión difusa sobre las acciones de gobierno. En cambio sí que han ido tomando cuerpo experiencias o medidas que avanzan en la cultura de la reducción del carácter público de la protección social y en su privatización, como ha pasado en Catalunya con la red educativa y sanitaria. Y en este terreno hay que constatar las dificultades que tenemos las organizaciones sindicales y también las fuerzas políticas para vertebrar las diferentes luchas sociales y para abrir camino a las alternativas políticas en el terreno de la política social. En ocasiones la acción política queda reducida a la dinámica propia de la confrontación partidaria entre el gobierno y la oposición, con planteamientos que en ocasiones aparecen como indistintos e intercambiables a los ojos de la ciudadanía y sólo identificables para la función que cada uno ocupa en cada momento. Lo más destacado de este período con relación a las políticas sociales ha sido la aparición de un nuevo espacio contractual y de intervención sindical en las políticas de protección social, que habrá que ampliar y consolidar en el futuro en otros ámbitos de la política social.

4.- Todo esto en un contexto internacional de creciente globalización y de concentración del capital. Esta inmensa capacidad para crear riqueza y a la vez incapacidad para distribuirla se pone de manifiesto en los fuertes desequilibrios mundiales. La concentración del capital en grandes conglomerados que controlan la mayoría de la actividad económica ha puesto en evidencia las dificultades de las sociedades y de los estados para intervenir en la regulación de la economía. Y ha situado en primera línea de las preocupaciones de las fuerzas sociales y políticas alternativas, la necesidad de reconstruir nuevos espacios e instrumentos de intervención de la sociedad organizada y la política en el control del mercado y la economía. Dotar a las grandes áreas económicas -como la Unión Europea- de la capacidad para intervenir políticamente en la regulación de la economía se convierte en una necesidad democrática de primer orden para el futuro de la humanidad. De la misma manera, hay que construir instituciones transnacionales que permitan limitar o regular los efectos de la liberalización a ultranza de los capitales. Un fuerte debate de ideas sobre la nueva configuración de un mundo globalizado se ha iniciado durante estos años. Los intentos de convertir la plena liberalización de los capitales en el gran dogma económico y el único derecho a proteger mundialmente se han expresado en propuestas como la del Acuerdo Multilateral de Inversiones (AMI), que pretende consagrar la libertad de capitales absolutos como valor supremo y por encima de cualquier otro derecho personal o colectivo de las sociedades. Ante esta ideología neoliberal toma cada vez más fuerza la necesidad de recuperar para la política el control de la economía y el mercado. La oposición de algunos gobiernos europeos a la aprobación del AMI y la fuerza que cada vez más toman iniciativas para regular los mercados financieros son la expresión incipiente de esta nueva conciencia cívica en el ámbito internacional.

5.- En esta batalla para fijar las relaciones de poder y las reglas de juego de un mundo globalizado juega un papel muy importante la Unión Europea. La defensa de un modelo social europeo es uno de los terrenos en que nos jugamos el futuro de la globalización, que se impone en el ámbito mundial. La Unión Europea ha vivido durante estos años realidades contradictorias, desde la culminación de la tercera fase de la UEM, con la configuración de la zona monetaria del euro, que agrupa a 11 países y 291 millones de personas, hasta la reforma del Tratado de la UE de Amsterdam, que constitucionaliza por vez primera los derechos sociales y otorga más poder político para el Parlamento Europeo. Estos pasos no han ido acompañados de la política fiscal y presupuestaria necesaria para construir una Europa más social, ni de las reformas institucionales necesarias, como se ha puesto de manifiesto con la aprobación del Plan de estabilización y crecimiento, de la Agenda 2000 y el marco presupuestario de la UE hasta el 2006, que comporta una congelación de los recursos de la UE con relación al PIB comunitario. Parece como si las prioridades de los próximos años estuviesen dirigidas a ampliar los países que forman parte de la UE más que a profundizar en la construcción social y política, cuando éstos no tendrían que ser objetivos contradictorios. Aunque de forma incipiente están emergiendo los primeros indicios de una reestructuración de los espacios económicos y políticos en el ámbito territorial. La globalización y el proceso de construcción de la UE están comportando una progresiva pérdida de peso del Estado Nacional y de las instituciones que aparecen históricamente vinculadas. Este repliegue progresivo del Estado Nacional va acompañado de un mayor peso de las instituciones europeas y de la aparición de nuevos espacios económicos regionales, que en algunos casos coinciden con realidades nacionales históricamente enraizadas como Catalunya, y en otras superan el ámbito de las fronteras estatales. Esto tiene efectos de primera magnitud en el terreno laboral y socioeconómico, en la medida que obliga a las organizaciones sindicales a diversificar y ampliar los espacios en los que ejercer el conflicto capital-trabajo. Cada vez más, la realidad laboral, social y sindical estatal tendrá que compartir el protagonismo con el espacio europeo y autonómico.

6.- Indicios contradictorios de la emersión de un nuevo orden internacional. La desaparición de las reglas de juego propias de la era de bloques ha puesto de manifiesto la necesidad de construir nuevas formas de relación democrática entre los estados y entre éstos y los pueblos o colectividades de los que forman parte. La incapacidad para garantizar la convivencia entre las 7.500 minorías étnicas, religiosas o lingüísticas existentes en 185 estados es, en un contexto de pobreza o crisis económica, un factor de conflicto permanente y un riesgo para los derechos humanos y la paz. Y la comunidad internacional ha demostrado no tener respuestas.

Las propuestas de volver a pensar las NNUU como un foro de gobierno mundial y la puesta en funcionamiento de una red de instituciones internacionales, como el Tribunal Penal Internacional, han de suponer los primeros intentos de construir este nuevo orden internacional en el que la globalización de los derechos humanos sea no sólo un deseo, sino un camino a recorrer. Que la necesidad existe y la situación es contradictoria y fluida a la vez lo ponen de manifiesto las investigaciones penales iniciadas en España con relación a los asesinatos y torturas cometidas por las dictaduras de Chile y Argentina. Las iniciativas de los familiares de asesinados y desaparecidos y de las asociaciones cívicas, profesionales y sociales españolas ha puesto en evidencia la necesidad de construir instrumentos internacionales de garantía de los derechos humanos en todo el mundo.

I.  LA CENTRALIDAD DEL EMPLEO. MÁS  Y MEJOR EMPLEO

Durante estos cuatro años hemos hecho de la ocupación el centro de nuestra acción sindical. Uno de los efectos más negativos de los años 80-90 ha sido la legitimación social -que no sindical- de la precariedad como estrategia competitiva de las empresas. La contrarreforma laboral de los años 94-95 comportó un paso más en esta línea y en la desregulación de las condiciones de trabajo. 

Reconstruir los instrumentos de intervención del sindicalismo y generar una alternativa a la precariedad como estrategia competitiva, desde una concepción solidaria han sido nuestros objetivos durante este mandato, también en el terreno del debate de las ideas. En este sentido podemos decir que hemos comenzado a hacer agujeros en la cultura empresarial de la precariedad.

Recuperar derechos laborales y sociales para las personas y recuperar los instrumentos de intervención sindical en materia de contratación y ocupación requería una estrategia compleja, como la realidad en la que actuamos, basada en combinar todas las formas y espacios de lucha sindical. Desde la multiplicidad de acuerdos o pactos de empresa en los centros de trabajo, hasta una mayor presencia de la ocupación en los convenios sectoriales, pasando por las experiencias de concertación social como los acuerdos interprofesionales de abril de 1997 o el Pacto para la Ocupación de Catalunya de 1998, sin olvidar las movilizaciones vinculadas al convenio de Catalunya de las ETTs y a dar soporte a propuestas como la Ley Marco para la Reducción y Reordenación del Tiempo de Trabajo y las 35 horas.

1.- La experiencia de estos años ha puesto en evidencia que el factor determinante en la lucha para más y mejor ocupación es la presencia organizada del sindicato en las empresas. Cualquier estrategia para combatir la precariedad, si quiere ser útil, requiere una fuerte intervención sindical en los centros de trabajo. Nuestra insuficiente presencia organizada en algunos sectores y en las PYMES explica las dificultades que en ocasión tenemos para aplicar y hacer reales los derechos conseguidos en las leyes y convenios o para utilizar los instrumentos sindicales o institucionales de que disponemos para luchar contra la precariedad.

De aquí la importancia que han tenido los acuerdos interprofesionales para la estabilidad en la ocupación de abril de 1997, al dar cobertura a la intervención sindical e incluso posibilitar que trabajadores y trabajadoras de empresas sin presencia sindical organizada se beneficien del proceso de conversión de temporales en fijos.

El convenio colectivo de Catalunya para los trabajadores de ETTs ha sido el mejor ejemplo de esta apuesta para combinar la intervención sindical en los centros de trabajo y la negociación con la denuncia social de la precariedad. Hemos conseguido abrir un espacio en la negociación de los trabajadores y trabajadoras catalanes de las ETTs a partir de la apuesta solidaria de la CONC de poner la fuerza de los trabajadores fijos organizados sindicalmente al servicio de los derechos de las personas que trabajan en las ETTs. Las movilizaciones de la CONC durante los años 97 y 98 abrieron la puerta a la firma del Convenio de Catalunya de las ETTs articulado al convenio estatal. Y están también en el origen de las modificaciones legislativas que a lo largo de 1998-99 se han producido y que mejoran las condiciones laborales de estas personas.

En esta línea de trabajo, el futuro pasa por una verdadera reforma legislativa de las ETTs que impida su utilización como agencias privadas de colocación encubiertas y que restituya la plenitud de derechos de todas las personas contratadas. Una reforma que ha de ir acompañada de un mayor control de las ETTs en la negociación colectiva y de un nuevo convenio del sector. Y si queremos que las reformas sean útiles y se apliquen a los centros de trabajo además de involucrar a toda la estructura sindical, necesitamos implicar a los empresarios en la negociación de las reformas. La forma más útil de evitar un desplazamiento de la precariedad hacia otras formas de contratación, en forma de empresas de gestión o subcontratación en cadena como pasa en el sector de la construcción.

Precisamente una de las experiencias importantes de esta etapa ha sido el trabajo desarrollado por la FECOMA y que nos ha permitido recoger en Catalunya alrededor de 120.000 firmas, con el soporte activo del conjunto de la CONC a favor de una iniciativa legislativa popular (ILP) que regule la subcontratación en la construcción.

2.- La lucha por la calidad de la ocupación no ha tenido sólo un carácter defensivo y hemos aportado propuestas para construir un modelo de eficiencia social y económica alternativo a la precariedad. El Pacto para la Ocupación de Catalunya del 8 de mayo de 1998 se enmarca en esta apuesta sindical por las políticas activas de creación de ocupación -incentivos a la reducción y reordenación del tiempo de trabajo-, para la financiación de la innovación tecnológica, especialmente a las PYMES; para el impulso a los nuevos filones de ocupación en los campos de atención a las personas, el ocio y la cultura y la protección del medio ambiente; para la formación como verdaderos motores de la creación de ocupación de calidad. El Pacto para la Ocupación se abrió paso por el fuerte compromiso confederal de todas las estructuras de la CONC, explicitado con su participación en la comisión negociadora y en las movilizaciones que con significativos niveles de soporte social y político, nos mantuvieron durante buena parte del 97 y 98 confrontados con el Gobierno catalán. El desarrollo del Pacto ha topado con más problemas que su propia negociación. El práctico desmantelamiento de la Conselleria de Treball, la desresponsabilización del Gobierno catalán, el boicot de Foment del Treball y de los poderes económicos como las cajas de ahorro catalanas y el escaso interés mostrado por la UGT han comportado más dificultades que las propias de cualquier acuerdo de esta naturaleza. Pero no sería útil buscar sólo las responsabilidades en otros y también hay que analizar nuestras insuficiencias. A pesar de estos problemas sobrevenidos, el desarrollo del pacto dispone ya de un balance positivo en lo que respecta a acuerdos empresariales de creación de ocupación a partir de la reestructuración del tiempo de trabajo; la creación de mesas locales de ocupación; la configuración de un espacio de concertación social permanente para la formación profesional o la organización incipiente de un Servicio Público de Ocupación con niveles de participación en el Consejo de Dirección y en las Mesas Locales. Y conviene destacar las potencialidades que ha puesto de manifiesto el trabajo planificado de algunas federaciones y especialmente la FITEQA.

3.- El balance global de esta estrategia sindical compleja ha sido valorado positivamente por el conjunto del sindicato. Para la consolidación de la cultura de la intervención sindical en las negociaciones de las condiciones de trabajo y el cambio positivo de tendencia vivido en el terreno de la creación de la creación de ocupación y la estabilidad. Un cambio de tendencia -tras 15 años consecutivos de más paro y precariedad- que se expresa en un incremento neto de la ocupación de 297.770 puestos de trabajo y un crecimiento neto de 313.500 puestos de trabajo fijos. Aunque en paralelo se mantiene la rotación contractual en algunos sectores y colectivos. El número de contratos temporales -que no de puestos de trabajo- se sitúa en niveles cercanos al 85%, como consecuencia de la política de rotación contractual de las empresas y de la utilización intensiva de las ETTs, que hoy canalizan más del 20% de toda la contratación temporal que se hace en Catalunya, con un modelo de funcionamiento más propio de una agencia privada de colocación que de empresas de servicios que asumen riesgos en su actividad. Hay que resaltar la desigual evolución de la temporalidad en función de los sectores productivos, tipos de empresas y presencia sindical, así como el hecho de que el incremento de la estabilidad entre las mujeres ha sido inferior al del crecimiento de su participación en la ocupación, dado que la incorporación de las mujeres al trabajo productivo se está haciendo mayoritariamente en puestos de trabajo menos cualificados y de sector servicios, que es donde se dan los índices más elevados de temporalidad.

Intervenir de forma organizada como sindicato general en esta realidad contractual de profunda segmentación y dualización es nuestro principal reto de futuro.

4.- La acción sindical en el terreno de la defensa colectiva de los trabajadores ha ido acompañada de la consolidación de instrumentos de intervención sindical en el terreno del asesoramiento, la orientación y la formación de personas desempleadas u ocupadas/empleadas en situación de precariedad. La coordinación del CEPROM y el ASSOC, y su vinculación a las diferentes organizaciones territoriales y federativas han evidenciado una potencialidad con relación al trabajo sindical de las organizaciones que habrá que consolidar en el futuro, en la perspectiva de su integración en la acción sindical de las organizaciones de la CONC. Estos últimos años han sido los de la consolidación del CEPROM, como el centro de formación profesional con capacidad para intervenir en toda Catalunya, en todos los sectores de la actividad económica y en todas las modalidades formativas. También hay que destacar por el simbolismo que comporta con     relación a nuestra concepción social y nuestro compromiso en su transformación cotidiana, el trabajo  en proyectos de inserción y reinserción social de colectivos con   especiales dificultades como los desarrollados en el marco de la RMI o de las personas con penas de prisión. La atención individualizada -y por ello no menos sindical- a las personas desempleadas supone un avance en nuestras concepciones sindicales, que no siempre han valorado suficientemente el trabajo sindical de atención directa a las personas. Y en este sentido el trabajo desarrollado por la ASSOC con más de 50.000 personas en 36 localidades de Catalunya ha permitido ensayar una forma de vinculación de las personas desempleadas como una actividad del sindicato.

II.  LA NEGOCIACIÓN E INTERVENCIÓN SINDICAL EN LAS CONDICIONES DE TRABAJO

Durante estos años ha continuado avanzando la cultura sindical, cada vez más mayoritaria, que apuesta por una intervención del sindicato en la negociación de los cambios que se dan en las empresas y en la economía.

Vincular la defensa de la ocupación a la organización de la producción y de los tiempos de trabajo nos ha permitido poner en marcha experiencias muy positivas. Discusión de jornadas industriales plurianuales en el sector de la automoción. El establecimiento de criterios y porcentajes en la utilización de los contratos temporales en la función pública de la Generalitat, diferenciándolos y causalizándolos según los subsectores de actividad. El convenio de transporte urbano de Tarragona, que a partir de cambios organizativos permite reducir la jornada a 35 horas, evitando su prolongación sistemática. La experiencia del Deutsche Bank, con una jornada pactada que dificulta la prolongación individualizada, descontrolada y no retribuida de la jornada de trabajo. Son ejemplos de negociaciones diversas entre sí y sin propuestas o soluciones universales, pero con el hilo conductor de la cultura sindical de la intervención, la negociación y el acuerdo del sindicato en las formas de flexibilidad pactada, como alternativa a la desregulación. En algunos sectores de los servicios, la inmadurez empresarial ha dificultado esta apuesta sindical y muchas veces los acuerdos sólo han podido venir tras momentos de fuerte conflicto, como en el caso de Caprabo y otras empresas del comercio y la hostelería.

En algunos casos hemos negociado de forma integrada las formas de contratación, las condiciones de trabajo y los mecanismos de rescisión de contratos. Verdaderas experiencias de flexibilidad negociada -justo lo contrario de la desregulación-, de la que la más destacada es la de COMETSA del grupo Fiat-Iveco, en la que el sindicato interviene en la organización del trabajo, en la reducción o práctica desaparición de la contratación temporal y las horas extras y pacta un mecanismo de rescisión de contratos por el supuesto que se producen causas económicas u organizativas que justifiquen despidos objetivos del art. 53 del ET. Con experiencias como ésta se ha puesto de manifiesto que lo que Foment del Treball se negó a firmar en el AIC-2 se está abriendo paso en las negociaciones en el marco de las empresas.

Aunque con más dificultades que en los acuerdos de empresa, también hay experiencias -todavía minoritarias- de convenios sectoriales, como el del comercio de Lleida o el de transportes de mercancías de Barcelona, que ponen de manifiesto que los convenios sectoriales pueden entrar en los centros de trabajo interviniendo sindicalmente con relación a la ocupación y a la organización del trabajo.

Todas estas experiencias nos demuestran que la ocupación, las condiciones de trabajo, la jornada y su distribución, no son variables independientes entre sí y que están fuertemente interrelacionadas con las formas de organización de la producción de bienes y servicios. Las diferentes formas de precarización actúan como vasos comunicantes, de forma que no es posible actuar sólo sobre una de ellas. Temas como la regulación de las modalidades de contratación temporal y su utilización por las empresas, la limitación y el control exhaustivo del uso de las ETTs, la realización de horas extras u otras formas de prolongación de la jornada, la organización del tiempo de trabajo y su adaptación a las necesidades de las empresas y al ciclo vital de las personas, la utilización de formas de descentralización productiva en sus variables formas, los mecanismos de ajuste de las plantillas a los ciclos económicos o a la evolución económica de las empresas son factores que sólo pueden encararse con éxito si lo hacemos desde la firme voluntad de negociar la organización del trabajo y la producción.

Hacer frente a la desregulación no pasa por negar la flexibilidad o creer que sólo con reformas legales o controles externos se puede evitar, sino para disputar a las empresas la negociación de la organización del trabajo y la producción, evitando así la utilización empresarial de la flexibilización como un factor de precariedad. Y garantizando que los acuerdos de flexibilidad tengan en cuenta el impacto sobre la vida personal y social de los afectados. El ejemplo más evidente lo tenemos en la evolución errática de la política sindical con relación a las horas extraordinarias. Desde la limitación legal, hasta el incremento de las cotizaciones, pasando pos su penalización en las mesas salariales de los convenios. Sin perder de vista la disparatada propuesta surgida de algún foro sindical que ha propuesto su tipificación como delito social. Han sido planteamientos estériles en la medida que todos ellos dejaban el aspecto determinante, el de la ordenación del trabajo, en manos de la decisión unilateral del empresario. Hoy la experiencia de todos nosotros nos dice que la regulación legal de las horas extras y su control tiene que ir acompañada de la negociación y la ordenación flexible y pactada de la jornada de trabajo y la compensación de las prolongaciones de jornada en tiempo de descanso, si queremos evitar la utilización intensiva de las horas extras como principal mecanismo de flexibilidad desregulada de la prestación de trabajo.

Este Congreso, a partir de las muchas, variadas y ricas experiencias, tiene que servir para dar el salto hacia un modelo de negociación que sea capaz de unir la creación de ocupación y su calidad, a la intervención permanente de las condiciones de trabajo, su organización y la reducción de la jornada real de trabajo. Este es lo que haremos con detalle en la discusión y aprobación del documento de propuestas.

1.- Ampliación del contenido y de la diversidad en la negociación colectiva. La entrada, aunque incipiente, de la ocupación y las condiciones de trabajo en los convenios colectivos es un exponente de las posibilidades que tenemos para diversificar y ampliar los contenidos de la negociación colectiva.

1.1 La fotografía que se desprende de la auditoría sobre negociación colectiva realizada por nuestro centro de estudios (CERES) no nos permite sentirnos satisfechos en este terreno. Las actuales prácticas de negociación colectiva se están mostrando inadecuadas para encarar las nuevas realidades emergentes hoy en los centros de trabajo y a la vez no dan respuesta a las diversidades profesionales, personales, de edad y género de las personas trabajadoras.

El insuficiente tratamiento de las políticas de igualdad y las dificultades para erradicar la discriminación indirecta con relación a las mujeres son un exponente. Por ello tienen que valorarse positivamente experiencias como la de “Caixa de Catalunya”, donde se ha denunciado la discriminación indirecta de las mujeres en la promoción profesional o la más reciente de Cover S.A. del sector textil. Proyectos como “Afrontar” para encarar la intervención de la negociación colectiva en los casos de acoso sexual, apuntan también en esta línea de trabajo a seguir.

Pero las dificultades para incorporar la diversidad a la negociación colectiva no hacen referencia sólo al género sino que son más amplias. Existe una gran dificultad para que la acción sindical recoja las problemáticas propias de los trabajadores no mayoritarios en las empresas, ya sean de un turno o una jornada poco implantada, de categorías poco numerosas, de los jóvenes con poca antigüedad, de departamentos que no tienen ninguna representación en el Comité. Los orígenes y las razones profundas de estas resistencias a recoger en los convenios la diversidad de los trabajadores podemos encontrarla en los déficits participativos de la negociación colectiva, tanto en la configuración de los objetivos o la elaboración de las plataformas como en la propia negociación. Los cambios tecnológicos y económicos han propiciado la aparición de una fuerte diversidad en las formas de trabajo y en la propia tipología de los trabajadores y trabajadoras, en la que las prácticas participativas tradicionales basadas en la uniformidad de las formas y condiciones de trabajo y de las personas han entrado en crisis. Y nuestra estrategia sindical de intervenir en la negociación de los cambios e involucrarse en las soluciones no puede avanzar sin una fuerte participación de las personas afectadas. Algunas experiencias demuestran que sí es posible adaptar las formas de participación tradicionales a las características personales, laborales y sindicales de los trabajadores y quizás la más emblemática sea la que ha puesto en marcha la sección sindical de la empresa SONY de Viladecavalls, que en las reuniones y asambleas que convoca garantiza la traducción en lenguaje para sordos, con el fin de facilitar la plena participación de este colectivo de personas trabajadoras de la empresa en la actividad del sindicato.

1.2. Ampliar el contenido de la negociación colectiva pasa por entrar a disputar aquellos terrenos que de manera tradicional el empresario se ha reservado para su gestión autoritaria. La negociación tiene que permitir democratizar las empresas y abrir las puertas a formas participativas de gestión empresarial. También significa una nueva manera de negociar los salarios, discutiendo el reparto de los incrementos de productividad que hoy tiene la empresa catalana y no aceptando el reduccionismo de cerrarnos sólo en la negociación salarial en función del IPC.

Y en este orden de cosas los pactos vinculados con los sistemas complementarios de previsión social son un elemento central. A pesar del retraso en la aprobación del reglamento, algunas secciones sindicales de Catalunya ya han llegado a acuerdos o han iniciado negociaciones, pero sólo son  una pequeña parte de los 307 convenios de empresa y 81 convenios sectoriales con alrededor de 600.000 personas afectadas, que tienen pactados compromisos de cobertura complementaria de previsión social. Ahora se abre una nueva etapa en la que a la externalización de los compromisos existentes se añade una línea prioritaria de negociación en los convenios. Dedicar una parte de los incrementos de productividad de las empresas a cubrir prestaciones complementarias de previsión tendría que ser un objetivo compartido que facilitaría los procesos de rejuvenecimiento voluntario de las plantillas y la jubilación flexible de los trabajadores. Y hacerlo a nivel sectorial, una necesidad para evitar la segmentación entre trabajadores de pequeñas y medianas empresas con relación a los de las grandes.

2.- Extensión de la cobertura y de los instrumentos de negociación colectiva. La gran apuesta que el sindicato hizo en el año 90 con la puesta en funcionamientos del organismo paritario del Tribunal Laboral de Catalunya no es ajena al incremento constante de la capacidad de negociación y autorregulación de los conflictos colectivos que se ha producido en Catalunya. Durante estos cuatro años hemos asistido a la consolidación del TLC, con la ampliación de su espacio de intervención en conflictos derivados de la organización del trabajo. Hoy estamos en condiciones de dar otro salto cualitativo, a partir de la descentralización territorial del TLC, pero sobretodo de su sectorialización mediante la incorporación de los mecanismos de mediación y arbitraje en el seno de los convenios colectivos, para que estos puedan gobernar paritariamente la aplicación de los convenios y nos permitan sindicalizar todavía más la solución a los conflictos. Y salvar las dificultades que están apareciendo para que el sistema de mediación y más en concreto el TLC sean recogidos en los convenios estatales.

En lo que respecta a la cobertura de la negociación colectiva se han producido en Catalunya sólo modestos avances, menos de los que cabría esperar de los acuerdos interconfederales de negociación colectiva y de cobertura de vacíos. Las experiencias del primer convenio de Catalunya del comercio dirigido a los colectivos sin convenio o el de aparcamientos y garajes de Catalunya, el de atención a las personas o el de tele-marketing demuestran que es posible avanzar. Queda por delante toda la apuesta por racionalizar la negociación colectiva en Catalunya a partir de la configuración de espacios de negociación de ámbito catalán que subsumen a los actuales provinciales en sectores tan importantes como el metal o la construcción. Para garantizar la cobertura contractual en sectores tradicionales como la pesca o de nueva aparición como el de teletrabajadores y trabajadoras. Así como dotar a los convenios sectoriales de la capacidad para vincular los convenios colectivos o pactos de empresa a las negociaciones sectoriales, evitando así la segmentación entre pequeñas y grandes empresas.

El VII Congreso tiene que dotar a la organización del empuje propulsor para garantizar la cobertura de negociación a las personas sin convenio e impulsar los convenios colectivos de Catalunya. Esto requiere una acción concertada y unitaria del sindicalismo confederal, con una fuerte implicación y participación de los colectivos afectados.

3.- La formación continua, un nuevo espacio de contractualidad. Aunque de forma desigual, durante estos años hemos conseguido una mayor sindicalización de la intervención de las federaciones de la CONC en materia de formación continua, especialmente en lo que respecta a la necesidad de que el sindicato ejerza su capacidad de negociación en materia de formación. En paralelo hemos vivido desajustes con relación al volumen de recursos gestionados y la capacidad sindical de intervenir en su control sindical.

Para el próximo mandato tenemos que situar como prioridades la intervención y negociación sindical del acceso de todas las personas al derecho a la formación, sin discriminaciones; hacer de la formación continua un instrumento de garantía de la ocupación y su calidad. Y aprovechar los proyectos formativos, especialmente los Planes Agrupados para incrementar nuestra presencia y contacto con los trabajadores de la pequeña empresa, como durante estos años se ha hecho en algunos sectores y especialmente en el metal de Girona. Y ello pasa por consolidar la intervención sindical de todas las federaciones en todos los sectores y convenios de su ámbito, diferenciar claramente las funciones de matriz sindical de aquellas que tienen un carácter técnico profesional o de gestión y acordar de forma colectiva y para cada Federación el volumen de recursos para la formación que es posible gestionar de manera que se garantice la intervención y control sindical.

4.- La defensa de la salud y el ambiente de trabajo. El mandato comenzó con el reto de llevar la aplicación de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales a los centros de trabajo. Hoy una red de alrededor de 5.000 delegados/as de prevención de CCOO en las empresas es nuestro principal activo y el que nos ha permitido tener importantes intervenciones, como las referidas al uso de pesticidas en espacios cerrados o el más reciente del Instituto Anatómico Forense de Barcelona, por citar sólo algunos ejemplos. Hay que destacar aquí el esfuerzo para llegar a las PYMES, un 49% de los delegados/as de prevención elegidos son de empresas de menos de 50. Y en cambio una insuficiente presencia de mujeres que sólo representan el 18’4%, lo que sin duda dificulta un trabajo más activo por lo que respecta a los factores de riesgo directamente vinculados a la condición de género. La elección y generalización de los delegados/as de prevención ha ido acompañada de la configuración de ámbitos organizativos de salud laboral en la mayoría de federaciones y en algunas uniones territoriales. Sin duda con el objetivo último de alcanzar un mayor nivel de intervención sindical en la elaboración de los Planes de Prevención de las empresas y el funcionamiento de los servicios de prevención. Y aquí tenemos que reconocer que los resultados son desiguales, fundamentalmente por la falta de cultura preventiva y las resistencias empresariales a facilitar la intervención sindical en temas de organización del trabajo, que siempre están en el origen de las políticas preventivas en materia de salud laboral.

Las movilizaciones del 28 de abril, convocadas primero en solitario por la CONC y a la que en años posteriores se ha incorporado la UGT, nos ha permitido situar un día de referencia en nuestra lucha diaria para evitar los accidentes de trabajo. Luchas que han tenido también su expresión en las movilizaciones convocadas por la Internacional del Transporte con el objetivo de reducir la jornada de los conductores profesionales y evitar así los riesgos derivados de jornadas de trabajo agotadoras.

Un ámbito en el que cuesta hacer avanzar la cultura de la prevención es el de las PYMES. Por ello ha sido importante el acuerdo firmado con PIMEC-SEFES para el desarrollo de la ABSS, un instrumento paritario para permitir a empresarios y trabajadores de las pymes intervenir de manera consensuada y con asesoramiento en la elaboración de los Planes de prevención.

Poner en funcionamiento la red de delegados/as de prevención nos ha obligado a dotarles de instrumentos de intervención sindical. Y en este terreno la formación, que durante estos años ha llegado a 3.500 delegados/as de prevención, de los que un 22,5% son mujeres, es un factor clave. Del mismo modo que lo es el asesoramiento que desde enero de 1999 ofrecemos a través del Gabinete “HIGIA” de Salud y Medio Ambiente.

A pesar de nuestro trabajo sindical, los datos de siniestralidad laboral se incrementan en Catalunya en porcentajes brutales, hasta llegar a ser reconocido por primera vez por los poderes públicos como uno de los riesgos más importantes de pérdida de salud. La precariedad en todas sus formas, la falta de cultura preventiva en el mundo empresarial y claro incumplimiento de la normativa con la connivencia de la Administración laboral son las causas. El balance del nuevo papel desarrollado por las mutuas de accidentes de trabajo en materia de prevención y el comportamiento del gobierno catalán tienen que recibir nuestro suspenso.

Continuar esta tarea requiere ampliar la presencia de los delegados de prevención en los centros de trabajo, avanzar en el reconocimiento de los delegados de sector de las PYMES en los convenios, incorporar la salud y el ambiente de trabajo a la negociación colectiva, forzar a las empresas a discutir y negociar el papel de la Mutuas de Accidentes de Trabajo y el derecho a participar en el seguimiento de su actuación en las empresas y avanzar en la extensión y refuerzo de los instrumentos de soporte a las organizaciones y a los delegados y delegadas.

5.- Las condiciones ambientales generadas por las empresas son cada vez más un factor de primera magnitud en lo que respecta a la salud en el trabajo. Y a la vez un factor de eficiencia económica, social y de sostenibilidad ecológica. Tras un período de fuerte actividad normativa del Gobierno catalán,  los últimos años han supuesto un freno a la política medioambiental en Catalunya. A pesar de ello, 16.179 empresas declaran voluntariamente la generación de más de 5 millones de TM de residuos industriales, se han construido instalaciones específicas para su tratamiento, 500 empresas tienen planes de descontaminación gradual y aproximadamente unas 100 han incorporado sistemas de gestión medioambiental. Hay que reconocer sin embargo que el impacto ambiental de la producción de bienes y servicios no ha entrado suficientemente en la cultura sindical, ni forma parte de los espacios contractuales del sindicato. Aunque como puso de manifiesto el caso Puigneró somos la única organización sindical que no cae en la trampa de vincular el mantenimiento de los puestos de trabajo a la impunidad de las agresiones ambientales. El próximo periodo tiene que suponer que el ambiente y la salud laboral pasen a ser espacios prioritarios de nuestra actividad en los centros de trabajo.

6.- El papel de la patronal catalana. La apuesta de CCOO para hacer de la negociación colectiva un factor de modernización y democratización de las empresas y para pactar un modelo alternativo de eficiencia social y económica ha topado con la actitud refractaria de Foment del Treball. El primer aviso de cómo podían evolucionar las cosas lo tuvimos en la primavera de 1996, cuando tras el principio de acuerdo en las negociaciones del Acuerdo Interconfederal de Catalunya-2, los organismos de dirección de la Patronal desautorizaron a sus negociadores y el acuerdo no se pudo firmar nunca. A pesar de ello una parte significativa de sus contenidos se han ido abriendo paso en acuerdos parciales como los del TLC, la creación de una comisión paritaria de negociación colectiva o pactos de empresa con relación a la utilización de los despidos objetivos del art. 53 del ET. Hoy se puede hablar de una realidad marcada por una cierta fluidez en las negociaciones con las empresas y muchas dificultades para abrir espacios de negociación sectorial o interprofesional con la Patronal.

Esta actitud de Foment del Treball está limitando las posibilidades de hacer de la negociación colectiva un factor de modernización de las empresas y obstaculizando la consolidación del Marco catalán de relaciones sociolaborales.

7.- La realidad específica de la Función Pública. Una de las apuestas organizativas del VI Congreso fue la configuración del Área Pública como espacio e instrumento de dirección y coordinación de la acción sindical de las Federaciones. Hoy podemos decir que la apuesta era correcta y que nos ha permitido encarar de forma coordinada algunas tareas sindicales. Los acuerdos de abril de 1998 con el gobierno catalán nos han supuesto avances en la estabilidad de la ocupación en la administración de la Generalitat, así como un inicio de articulación de la negociación de las condiciones de trabajo de los empleados/as públicos, que evite su “balcanización” y el compromiso de poner en marcha un mecanismo de mediación y conciliación para alcanzar una mayor sindicalización en la solución de conflictos. Hablamos de unos acuerdos que conseguimos después de muchos años de sequía negociadora y de una importante movilización, que con el soporte confederal y ciudadano reunió a decenas de miles de personas en diciembre de 1997. La intervención en la negociación de los planes de formación continua interadministrativos es otro de los activos de este periodo. Las movilizaciones en defensa de los convenios o pactos firmados en la administración local ante las impugnaciones generalizadas del gobierno español han situado el derecho a la negociación colectiva como el elemento vertebrador de la acción sindical en la función pública.

Pero estos cuatro años también han puesto de manifiesto las dificultades para poner en marcha un proyecto común con fórmulas organizativas flexibles, que manteniendo la personalidad de cada colectivo de profesionales, permita una dirección compartida de la acción sindical y aprovechar nuestra condición de única organización sindical que tiene una presencia afiliativa y representativa en todos los sectores de la función pública catalana. Reforzar y consolidar este proyecto es tarea que tendrán que encarar de forma conjunta las federaciones del Área Pública de la CONC. La defensa de los servicios públicos en el futuro desarrollo de Catalunya es una de las iniciativas que el conjunto del sindicato y el Área Pública tendrá que impulsar, ante la ofensiva de la derecha y de los poderes económicos para reducir el papel y su función en la sociedad. Señalando el impacto que la reducción de los servicios públicos tiene en la insuficiente cobertura de servicios a la población y también la gran potencialidad que este sector tiene en lo que respecta a la creación de ocupación en un país en el que las actividades de servicios a la comunidad sólo representan un 12% de la población ocupada, cuando la media de los países de la Unión Europea llega al 18%.

III. LA ACCIÓN SOCIOECONÓMICA DE CCOO 

El V y VI Congreso apostaron por el refuerzo del las Federaciones y por la apertura de un nuevo espacio de intervención socioeconómica del conjunto de estructuras del sindicato y especialmente las Uniones Territoriales. Y sobre estas sólidas bases durante este mandato hemos avanzado en tejer una amplia red de instrumentos y mecanismos de intervención sindical socioeconómica. El balance es desigual en función de los ámbitos, pero refleja dinamismo y una fuerte iniciativa del sindicato en el terreno de la defensa de los derechos socioeconómicos de las personas trabajadoras.

1.- PACTOS TERRITORIALES. La existencia de una multiplicidad de acuerdos territoriales negociados por las Uniones y referidos a un amplio abanico de temas en los que destacan la ocupación y las políticas sociales. Los acuerdos a nivel provincial, cono el de Lleida o la Diputació de Barcelona, las experiencias de pactos de ciudad en el Barcelonès son sólo una pequeña muestra. Dentro de los Pactos Territoriales para la Ocupación impulsados por la UE, el Pacto Territorial del Vallès Occidental ha servido para formular un diagnóstico común en la comarca. Y se ha convertido en una referencia de planificación estratégica a nivel territorial que hay que tener muy presente. Por lo que respecta a la ocupación y bajo el paraguas del Pacto por la Ocupación de Catalunya y el firmado con la Federación de Municipios, los Pactos Territoriales han posibilitado la creación de espacios de concertación y participación que permiten incidir de forma más próxima y directa a la realidad de la ocupación local. La diversidad de su contenido y sus características nos impide hacer un análisis común detallado, y por ello exige de los congresos de las Uniones Territoriales un trabajo de autoverificación en profundidad. Lo que hoy ya podemos afirmar, fruto de la experiencia de esta última década es que los acuerdos más útiles son aquellos que limitan su alcance y contenidos y los sitúan en un terreno en el que el sindicato puede garantizar su aplicación y cumplimiento. A partir de estas reflexiones y de las valoraciones que hagan todas las organizaciones, durante el próximo mandato hemos de ser capaces de avanzar en la configuración de espacios territoriales de concertación estable de las políticas de ocupación y sociales en el territorio, aunque las dificultades que se deducen de la caótica ordenación territorial de Catalunya y del hecho que en ocasiones los espacios territoriales naturales para concertar las políticas no corresponden en absoluto a los ámbitos políticos de las Instituciones, como hemos tenido la oportunidad de comprobar con el Pacto Industrial Metropolitano impulsado por organizaciones sociales y económicas y administraciones locales metropolitanas.

2.-  UN SINDICATO MULTIÉTNICO PARA UNA SOCIEDAD DE PLENOS DERECHOS. El gran salto dado en lo que respecta a la inmigración, concretado en: una mayor sindicalización del trabajo, que se expresa en la vinculación de los responsables de migraciones con las estructuras territoriales y el esfuerzo de la comisión de migraciones de la CONC para situar la afiliación, organización y vinculación estable de las personas inmigrantes con las organizaciones federativas y territoriales de la CONC. El fruto evidente de este trabajo lo tenemos en la participación organizada de los colectivos de personas inmigradas en las movilizaciones del 1º de Mayo y del 11 de septiembre del último año. La ampliación y reestructuración de las oficinas del CITE en toda Catalunya, utilizando acuerdos y convenios con las diferentes administraciones y prestando asistencia a 23.000 personas, de 111 países diferentes. La consolidación de un trabajo permanente con relación a la Ley de Extranjería y a los derechos de las personas inmigrantes. La tarea unitaria con las otras organizaciones y de solidaridad, como SOS Racismo, que ha consolidado a CCOO de Catalunya y a nuestro CITE como un punto de referencia para los trabajadores inmigrantes y para la sociedad catalana y que nos ha permitido intervenir como un factor de convivencia y de cohesión social cuando se han producido incidentes de carácter xenófobo en algún lugar de Catalunya.

La Conferencia de la Inmigración ha puesto un punto de inflexión en el proceso de sindicalización, de consolidación de nuestro proyecto y en la capacidad de ofrecer propuestas, como se ha demostrado en la iniciativa y el protagonismo de CCOO para/por la reforma de la Ley de Extranjería y en las luchas por la regularización de los contingentes y para facilitar el reagrupamiento de las familias. No podemos sentirnos plenamente satisfechos del nivel de implicación de algunas federaciones -especialmente aquellas que tienen más trabajadores inmigrantes- y la configuración del trabajo sindical en relación a la inmigración como una parte significativa de la acción sindical y organizativa de las federaciones, de forma que todo el trabajo con relación a la inmigración revierta en más afiliación y organización de los colectivos de personas inmigrantes.

Hoy estamos ante un cambio en la política de extranjería que ha demostrado su inutilidad desde la perspectiva de los derechos de las personas, pero también en términos económicos y sociales. Desdichadamente todo parece apuntar a que este cambio puede estar muy condicionado por el ciclo económico y la necesidad de algunas empresas de importar mano de obra. Los intentos de canalizar los flujos migratorios hacia los países del Este de Europa y América Latina, manteniendo fuertes restricciones a las personas provenientes del Magreb o del África subsahariana es un nuevo error, porque las razones que estas personas tienen para salir de sus países tienen más fuerza que todas las trabas que se puedan poner para impedirles el acceso. En Catalunya necesitamos construir un “PACTO DE CIUDADANÍA PARA LA INTERCULTURALIDAD” entre todas las fuerzas políticas, instituciones, organizaciones sindicales y empresariales, organizaciones sociales y cívicas y de la inmigración para encarar el futuro. Un pacto basado en: un nuevo sistema de canalización de la contratación de personas inmigrantes, la garantía de plenos derechos laborales y sociales, una fuerte dotación de recursos sociales e inversiones para aquellas zonas que por sus características económicas son receptoras de inmigración, un refuerzo de la cultura de la multiculturalidad que penetre en la sociedad y también en los colectivos de inmigrantes, dotar a las organizaciones sociales, cívicas y ciudadanas de recursos para que puedan promover todas las formas de convivencia y participación y en último lugar una implicación de las comunidades religiosas para pedirles un compromiso con la cultura de la tolerancia y un trabajo conjunto para impedir que los factores culturales y religiosos se conviertan en elementos de segregación o marginación mutua.

3.- CONSOLIDACIÓN DE LA PROTECCIÓN SOCIAL. Los espacios de negociación conseguidos en el ámbito de la protección social y especialmente los acuerdos de noviembre de 1996 entre CCOO y UGT y el Gobierno en materia de seguridad social y la universalización y ampliación en Catalunya de la renta mínima de inserción. A finales del año 1995 vivíamos una de las ofensivas más fuertes de los poderes económicos para conseguir una transformación radical del sistema público de reparto, contributivo y solidario en un sistema privado de capitalización y individualizado. Los acuerdos sindicales con la Administración, del otoño de 1996 y su desarrollo nos han permitido consolidar y mantener el carácter público y solidario del sistema, acabar con la polémica sobre su viabilidad financiera, incrementar en un 1,6% el poder adquisitivo real de todas las pensiones, una mejora de las pensiones mínimas en términos sólo comparables a la del año 1990, así como la adopción de medidas estructurales del estilo del Fondo de reserva para la seguridad social contributiva y la asunción por parte del gobierno del principio que los complementos de mínimos de las pensiones contributivas tienen que ser financiados con la solidaridad de todos los contribuyentes, es decir, con recursos de origen fiscal.

 La batalla partidaria entre administraciones públicas en relación a los incrementos de las pensiones ha dejado al descubierto dos problemas graves. La escasa capacidad política para hacer propuestas alternativas de conjunto y la emersión de un falso conflicto competencial entre el Estado y los Gobiernos Autonómicos. El modelo constitucional y estatutario sobre políticas sociales prevén una nítida distribución de espacios competenciales entre la Administración del Estado a la que le corresponde la capacidad normativa y la responsabilidad de financiación de la protección social -incluido el conjunto del sistema de seguridad social- y el Gobierno catalán con competencias normativas y responsabilidad de financiación para las políticas sociales y asistenciales que garanticen otros derechos sociales y que también incluyen prestaciones económicas. No existe ningún límite constitucional, estatutario o legal que impida desarrollar en Catalunya un nivel propio de derechos sociales y servicios dirigidos a darle cobertura, incluidas prestaciones económicas. Así se hizo en el Parlamento con la Ley que regula la renta mínima de inserción, tras el acuerdo con CCOO y UGT. Lo que es refutable política y socialmente ha sido que el Gobierno catalán se niegue a desarrollar su propia red de prestaciones y servicios sociales y en cambio pretenda irrumpir con una paga graciable y por una sola vez como complemento de las pensiones no contributivas.

En la dirección de ir configurando un nivel complementario de protección social en Catalunya que actúe sobre las necesidades sociales con criterios de derecho de ciudadanía, la CONC propone la creación de una PRESTACIÓN DE GARANTÍA DE MÍNIMOS, dirigida a todas las personas con ingresos inferiores al SMI y sin otro tipo de renta.

En Catalunya, el sindicalismo ha incrementado notablemente la capacidad contractual en políticas sociales y nuestra utilidad hacia las personas trabajadoras, con la firma de los acuerdos de 1997 que han dado lugar a la aprobación por el Parlamento de Catalunya de la ley que universaliza la Renta Mínima de Inserción  y la dota de más garantías. El PIRMI ha estado actuando durante toda la década de los 90 como una red de protección para las personas que excluidas del mercado de trabajo, quedaban también fuera de la posibilidad de recibir prestaciones de desempleo, ofreciéndoles atención socioeducativa y un subsidio de inserción. Este papel activo de lucha contra la pobreza y la exclusión social no se ha podido desarrollar plenamente como consecuencia de la reducida red primaria de servicios sociales y el bloqueo de la administración catalana. A pesar de todas estas limitaciones la RMI ha beneficiado durante estos cuatro años a unas 25.000 personas que han recibido en prestaciones económicas directas alrededor de 21.000 millones de pesetas, a parte de las medidas de soporte a la integración social (problemáticas sociales, sanitarias y de desestabilización personal) las de inserción laboral (motivación-orientación laboral, formación ocupacional e inserción profesional) y las medidas de formación de personas adultas.

4.- LA EDUCACIÓN COMO FACTOR DE EQUIDAD. La consolidación de nuestra presencia sindical y social en defensa del papel de la enseñanza y la formación en una sociedad que quiere incrementar la igualdad de derechos y la equidad en su acceso. Las dificultades en el desarrollo de la LOGSE y la falta de un marco estable de financiación de la enseñanza, la discriminación de la enseñanza pública en el marco unitario de la Comunidad Educativa. Las movilizaciones contra las medidas anunciadas en relación a la enseñanza de adultos o las acciones para reivindicar la calidad de la enseñanza pública han contado con el impulso del sindicato. Un trabajo sindical en el terreno de la educación que también ha tenido su expresión en los Consejos Escolares y en los Consejos Sociales de las Universidades, en los que la participación de CCOO se ha centrado en el control de la gestión de los recursos públicos en propuestas para hacer más transparentes los presupuestos. En el futuro necesitamos una reforma de los Consejos Sociales de manera que su participación sea real y un nuevo modelo de financiación de las Universidades de nuestro país.  Un trabajo desarrollado por la Federació d’Ensenyament y la CONC que necesitamos descentralizar en el territorio o acercar a las personas afiliadas. Desde este bagaje colectivo nos corresponde a CCOO, desde nuestra condición de eje vertebrador del sindicalismo catalán, impulsar un amplio ACUERDO SOCIAL PARA LA EDUCACIÓN que tenga la capacidad de involucrar a todas las administraciones, agentes económicos y sociales y la comunidad educativa para hacer de la educación un factor clave del modelo de desarrollo económico de Catalunya y en la apuesta por una sociedad más equitativa.

5.- HACER DE LOS DERECHOS SOCIALES VERDADEROS DERECHOS DE CIUDADANÍA. La experiencia de estos años pone de manifiesto la necesidad de profundizar en las políticas sociales para hacer de los servicios sociales verdaderos derechos de ciudadanía, de acceso universal para todas las personas. El envejecimiento de la población como consecuencia del aumento de la esperanza de vida pero no de su calidad en los últimos años ha puesto sobre la mesa uno de los problemas más graves de nuestra sociedad, el de la atención social y sanitaria de la gente mayor. Y en este terreno hemos asistido a uno de los episodios más negros de la política del Gobierno catalán. La aprobación durante 1997 del nuevo reglamento de financiación de las residencias asistidas con mecanismos que suponen una verdadera expropiación de los ahorros y del patrimonio de la gente mayor -sólo las de poco poder adquisitivo- ha topado con la oposición en solitario de CCOO y con el incomprensible silencio de la mayoría de la oposición política. La fórmula tradicional de encargar a las familias, y especialmente a las mujeres, esta responsabilidad social está haciendo aguas por todos lados y se ha convertido ya en un tapón al desarrollo económico, además de un factor de injusticia social.

6.- DEFENSA DEL CARÁCTER PÚBLICO DE LA SANIDAD. El acceso universal a las prestaciones del Sistema Nacional de Salud ha sido uno de los grandes avances sociales de los últimos años, que hoy está amenazado por los intentos de los poderes económicos de parar la reforma sanitaria de los años 80. En Catalunya la asfixia presupuestaria a que está sometido el Servei Català de la Salut, la sangría que supone dedicar más del 22% de su presupuesto a gasto farmacéutico y la desviación de recursos como consecuencia del perverso modelo de contratación de servicios a entidades privadas, ha supuesto una paralización de la reforma sanitaria, especialmente en el terreno de la atención primaria. Tampoco en este ámbito la derecha catalana y española han podido sacar adelante su objetivo de romper el seguro único del Sistema Nacional de Salud, para dar paso a lo que ellos llaman “libertad de seguro”, a pesar de las experiencias puestas en marcha en el País Valencià. Tenemos que reconocer, sin embargo, las dificultades que estamos teniendo para articular un espacio estable de encuentro de las organizaciones sindicales, profesionales, cívicas, sociales y políticas en defensa de la sanidad pública. Dificultades que se derivan de la balcanización sindical en el sector sanitario, de la escasa articulación de los profesionales, de las dificultades para construir una alternativa que más allá del “no “ presente propuestas unitarias. Una de nuestras tareas de futuro pasa por contribuir a construir este espacio de diálogo entre todas las organizaciones comprometidas con el modelo de “Sistema Nacional de Salud”.

En paralelo se ha producido durante este periodo un proceso nada transparente ni debatido socialmente de transferencia de las funciones propias del SNS en el mundo de las Mutuas de Accidentes y Enfermedades Profesionales, en materia de cobertura de la asistencia sanitaria y también de la prestación económica de incapacidad temporal -IT-. Sin duda se trata de conseguir por la vía de los acuerdos de las empresas el objetivo de romper el seguro único de pequeños espacios de prestación sanitaria. A pesar de la posición nítida de la CONC y el acuerdo de no entrar por este camino, son ya significativas las empresas que han procedido a hacerse cargo directamente o a través de las mutuas de la cobertura del seguro de la prestación sanitaria o la IT. Quizás porque no hemos llegado de forma clara con nuestra propuesta y también por la escasa dimensión política que se le ha dado a esta cuestión.

Si no queremos que las mutuas -aprovechándose de su condición de entidades colaboradoras de la Seguridad Social- se conviertan en el caballo de Troya de la privatización del seguro de importantes esferas de la prestación sanitaria, tenemos como sindicato la imperiosa necesidad de forzar un debate social sobre el papel de la mutuas, su función dentro del engranaje de las políticas de prevención y el espacio que ocupan en relación con el Sistema Nacional de Salud.

7.- LA INEXISTENTE POLÍTICA DE VIVIENDA SOCIAL. CCOO hemos consolidado nuestra posición como un agente social importante en la política de vivienda, como lo ponen de manifiesto los diferentes protocolos firmados con el gobierno catalán, el IMSOL y algunos ayuntamientos. Pero en cambio no hemos sido capaces de abrir un espacio de concertación sobre la política de vivienda social. Las limitaciones presupuestarias impuestas por el gobierno catalán, el carácter  cíclico que históricamente le ha dado el gobierno a la política de vivienda y la mejora del ciclo económico han sido las razones de que Catalunya y especialmente su área metropolitana hayan padecido un incremento desmesurado de los precios de las viviendas y en consecuencia una pérdida de la capacidad adquisitiva de los trabajadores. Uno de los retos de este próximo mandato es hacer entender al Gobierno, a los ayuntamientos y a todas las fuerzas políticas la necesidad de dedicar recursos a una política de vivienda social.

8.- UN NUEVO MODELO DE FISCALIDAD Y DE FINANCIACIÓN DE LAS AAPP. La CONC hemos aportado nuestras propuestas en un debate de ideas sobre el modelo de financiación de las AA, que la derecha catalana ha pretendido enmascarar desde el principio, huyendo del debate que en paralelo se ha de hacer sobre el actual sistema fiscal insuficiente y regresivo desde la perspectiva social. Y a pesar del efecto “Guadiana” provocado por el período electoral, el debate continua vivo y puede tener una fuerte incidencia social. Encarar un futuro que tendría que ser de mayor gasto social en Catalunya requiere provocar una fuerte ruptura en tendencias muy consolidadas durante estos años por lo que respecta a la fiscalidad y a la financiación de las AAPP. La reducción de la capacidad fiscal del Estado y todas las AAPP y un modelo de financiación que no responde a la nueva estructura política del Estado y que está especialmente condicionado por los acuerdos de gobernabilidad, actúan como un factor regresivo en lo que respecta a las políticas sociales y a la redistribución de la renta.

Incrementar la capacidad del gobierno catalán y de las administraciones locales para hacer viables los objetivos de política social que nos planteamos es uno de nuestros objetivos en el terreno de la acción socioeconómica. Y ello pasa por parar el actual proceso de contrarreforma fiscal, en el que se desfiscalizan las rentas del capital, se elude el impuesto sobre los grandes patrimonios y se deriva la presión fiscal hacia los impuestos indirectos sobre el consumo y a la vez alcanzar un nuevo acuerdo de financiación de las AAPP, basado en criterios de corresponsabilidad, esfuerzo fiscal y solidaridad, que permita a Catalunya ejercer las competencias propias del autogobierno.

9.- LA ACCIÓN SOCIOECONÓMICA TIENE QUE RECORRER TODAS LAS ESTRUCTURAS DEL SINDICATO. Para hacer avanzar la acción socioeconómica del sindicato, esta tiene que ser asumida como una parte inseparable de la acción sindical. Y por ello tiene que entenderse que en la acción socioeconómica se tienen que involucrar todas las estructuras del sindicato, secciones sindicales, sindicatos comarcales, Federaciones y Uniones. Las Federaciones han consolidado un espacio de intervención socioeconómica referido a la realidad de los sectores que engloban –medios de comunicación, telecomunicaciones, vivienda, sector financiero, política farmacéutica, servicios públicos. Las Uniones Territoriales, que han jugado un papel importante en las iniciativas vinculadas al empleo, han de situar las políticas sociales como una prioridad de su acción sindical, involucrando a los sindicatos comarcales. Sólo desde esta fuerte implicación de las estructuras sindicales resulta posible que el conjunto de la confederación pueda intervenir en la acción socioeconómica de forma útil y no subalterna del marco institucional o político y actuando siempre desde nuestra naturaleza de sindicato, de sujeto social.

10.- LA PARTICIPACIÓN INSTITUCIONAL DEL SINDICATO La participación institucional se ha convertido en un instrumento al servicio de la acción sindical, especialmente en el terreno de la acción socioeconómica. Y lo que hace unos años eran negativas a compartir espacios de participación por parte de las administraciones públicas, ahora se ha convertido en un intento de diluir la personalidad del sindicato en organismos donde sus competencias son escasas y en el que o hay un criterio  claro de representatividad de las organizaciones que participan. Para garantizar la utilidad de la participación  institucional y para evitar que nuestra presencia en los diferentes ámbitos caiga en el riesgo de ser meramente formal o diluya nuestra función de ejercer siempre el conflicto social,  será necesario replantearse en los próximos años las condiciones de nuestra presencia en cada uno de los ámbitos de participación institucional.

IV. NUEVOS ESPACIOS DE INTERVENCIÓN DEL SINDICALISMO 

La globalización económica exige de las organizaciones sociales que queremos jugar un papel activo en la configuración del modelo de desarrollo del futuro, la construcción de sujetos sindicales fuertes. El futuro de la UE apunta a dos procesos paralelos, el de configuración de un espacio supraestatal y la consolidación de nuevas realidades económicas “regionales” que en algunos casos coinciden con realidades nacionales históricamente enraizadas como es el caso de Catalunya y otras son fruto de la aparición de nuevos espacios económicos. Este proceso lento pero imparable comporta la reducción de los espacios de los estados nacionales y de las instituciones que se han construido a su sombra. En el terreno sindical se expresa en la pérdida del protagonismo absoluto que en el terreno de las relaciones laborales han jugado las organizaciones sindicales y las negociaciones de carácter estatal durante la etapa de desarrollo industrialista, marcada por la unidad de mercados de trabajo estatales. Y la consolidación progresiva de una nueva realidad emergente en la que las instituciones sociolaborales de matriz estatal pasan a compartir estos espacios con los de las de nivel europeo y “regional”.

1.- LA CONSTRUCCIÓN DEL SINDICALISMO EUROPEO DESDE CATALUNYA. Reforzar el sindicalismo en estos espacios económicos “regionales” y construir espacios de colaboración ha sido una orientación de trabajo de estos años, que ha culminado con la firma en Barcelona del protocolo entre los sindicatos, las patronales y los gobiernos de las regiones llamadas “cuatro motores en Europa”. El debate del reciente congreso de la CES en Helsinki apunta a la necesidad de reforzar los instrumentos de trabajo sindical interregional dentro de la CES, hoy limitados a los Comités Sindicales Interfronteras (CSI), que en el caso de Catalunya nos ha permitido mantener una relación estable con los sindicatos del Midi-Pirinees y Rousillon-Languedoc, con actividades como la del EURES transfronterizo, que nos permite trabajar en el mercado de trabajo transfronterizo.

En la línea de construir diariamente un sindicalismo europeo fuerte desde la acción sindical cotidiana, hay que resaltar el avance en la constitución de Comités de Empresa Europeos que a pesar de las dificultades ya alcanzan a 160 empresas presentes en Catalunya, y en el que nuestras secciones sindicales y federaciones están jugando un papel dinamizador. Así como el proyecto NETUNION en colaboración con la CGIL de Lombardía y entidades de Rhône-Alps, que nos ha posibilitado la creación de la primera base de datos compartida a nivel de sindicalismo europeo y explorar las posibilidades que la gestión del conocimiento y las tecnologías de la información ofrecen al sindicalismo.

Esta es una clara expresión de nuestra vocación de sindicato nacional, que se refleja en el compromiso confederal y la apuesta europeísta y a la vez en la voluntad de construir la nueva realidad europea en el terreno de los derechos laborales y sociales a partir también de la realidad sociolaboral de Catalunya.

2.- CONSOLIDAR EL MARCO CATALÁN DE RELACIONES SOCIOLABORALES. Avanzar en los pactos territoriales, las políticas de ocupación, construir una sociedad multiétnica de plenos derechos, hacer de los servicios sociales verdaderos derechos de ciudadanía, situar la educación como el centro de una estrategia socioeconómica basada en el capital de los conocimientos y la formación permanente y participar en la construcción de un nuevo modelo de financiación para las instituciones catalanas (Generalitat y Administraciones Locales) son hoy las propuestas que llenan de contenido nuestra estrategia por un marco catalán de relaciones sociolaborales, tal y como lo hemos concebido y lo estamos trabajando en el seno del seminario Salvador Seguí. Y que están recogidas en la propuesta aprobada por la Comisión Ejecutiva con el título UNA NUEVA POLÍTICA SOCIOECONÓMICA PARA CATALUNYA.

2.1. Las experiencias de negociación acumuladas durante estos años en el terreno de la ocupación y la defensa de los derechos sociales nos ha permitido avanzar en la construcción de una propuesta alternativa a la precariedad como estrategia competitiva de las empresas. Un nuevo paradigma de eficiencia social y económica construido desde la autonomía de las prácticas sindicales y sobre la base de valores sociales alternativos a los todavía hoy dominantes. Una propuesta sindical presentada antes de las elecciones autonómicas del 17 de octubre de 1999 a todas las fuerzas políticas catalanas y que ahora se convierte en un instrumento de acción sindical y de concertación social, ante la nueva situación política creada. Pasar de una estrategia competitiva basada en la precariedad a otra que plantea la eficiencia económica y social significa reducir la dependencia tecnológica de la economía catalana, acabar con la cultura empresarial de salarios bajos como fórmula para aumentar la productividad, incrementar la incorporación generalizada de la mujer al trabajo productivo y con plenos derechos y encarar una reforma democrática de la empresa, que propicie la participación sindical y de los trabajadores en el funcionamiento de la empresa. Esta concepción alternativa de la competitividad económica requiere también reformas en el terreno de las instituciones y de las políticas sociales y económicas. Hacer de la educación y la formación el principal capital de las personas y la sociedad catalana requiere un nuevo “Pacto educativo”.  La incorporación de la mujer al mercado de trabajo y con plenos derechos tiene que ir acompañada de una reforma social profunda en relación a la actual distribución del trabajo productivo y el reproductivo en el sí de las familias y la sociedad. Esto pasa entre otras cosas por reducir y reordenar el tiempo de trabajo en el horizonte de la generalización de las 35 horas y por una fuerte apuesta para hacer de los servicios sociales un verdadero derecho de ciudadanía y a la vez un factor de desarrollo económico, que cubra las nuevas necesidades de una sociedad que incrementa sus expectativas de vida y que se incorpora de manera generalizada al trabajo productivo.

2.2. En el terreno de la negociación colectiva nos planteamos extender la protección de la negociación colectiva a todas las personas asalariadas, desarrollar los convenios colectivos de Catalunya como un instrumento de solidaridad y a la vez de agregación de las reivindicaciones y del conflicto, negociar el segundo convenio colectivo del sector de las ETTs, conseguir la plena libertad de negociación de los empleados/as públicos para hacer realidad el autogobierno en materia de Función Pública, la constitución de una Fundación tripartita para la seguridad y la prevención, el desarrollo y descentralización del TLC, la generalización de nuevos derechos sindicales adaptados a la sociedad de la información, la constitución de comisiones sectoriales para la igualdad y la no discriminación y una política salarial que permita disputar a los empresarios los incrementos de productividad y conseguir la mejora del poder adquisitivo real.

V. CONSTRUIR LA COOPERACIÓN SINDICAL EN TODO EL MUNDO

La cooperación sindical como una forma de entender la acción sindical y la solidaridad internacional se materializa en CCOO en el trabajo que realizan diferentes organizaciones y que canalizamos a través de la Fundació Pau i Solidaritat. Durante estos cuatro años hemos vivido la plena consolidación de este proyecto. Con la materialización del compromiso de destinar el 0,7% del presupuesto de la CONC y de los organismos autónomos a tareas sindicales de cooperación, además de adquirir una gran autoridad moral ante los poderes políticos, las AAPP y otras organizaciones, hemos garantizado y dado continuidad a la tarea de la Fundació.

Una tarea de matriz eminentemente sindical, que se expresa en acciones de sensibilización en el conjunto de las estructuras del sindicato, como la celebración de las Jornadas Internacionales y Foro de Cooperación Norte-Sur en la que participaron más de 20 organizaciones sindicales de diez países. En la participación activa de la CONC en la marcha contra la explotación laboral de la infancia, en el proyecto “Roba Neta” impulsado conjuntamente entre el SETEM y la FITEQA y dirigido a impulsar los derechos laborales y sindicales en las empresas del textil de los países en desarrollo o la red de comercio justo y la tienda solidaria. La defensa de los derechos humanos en cualquier parte del mundo, con la participación en las movilizaciones contra la impunidad en Chile y Argentina y en la denuncia de la persecución y asesinato de sindicalistas colombianos, por citar casos emblemáticos. Los proyectos de construcción o refuerzo de sindicatos ha tenido su concreción en la asesoría jurídica sindical de UNSITRAGUA de Guatemala, la organización de mujeres campesinas en Carrasco Tropical de Bolivia, el programa de salud laboral contra el asbesto en Perú, la rehabilitación de la sede de la CTC de Holguín en Cuba, el proyecto de refuerzo del Sindicato del Metal de la CDT de Marruecos o la investigación sobre deslocalización de empresas de Catalunya en Marruecos. Sin olvidar las acciones de solidaridad más recientes con los Sindicatos del Metal o del Textil de Bosnia. La tarea sindical ha ido acompañada de la participación solidaria en reivindicaciones como las del pueblo saharaui y el soporte material para poder hacer frente al referéndum de autodeterminación, o de las organizaciones sociales de Chiapas. Pero quizás la más significativa de este mandato haya sido la recogida y canalización de la ayuda a través de entidades sociales que trabajan con CCOO a las personas y comunidades afectadas por el huracán Mitch en América Central. El mejor resumen es que hoy “Pau i Solidaritat” es un referente en toda Catalunya para todas las personas y entidades que trabajan en el terreno de la solidaridad y la cooperación. Un reconocimiento que se ha expresado en otros momentos en la concesión del premio “Barcelona solidaria 1997” otorgado por el Ayuntamiento de Barcelona.

Los próximos pasos a dar van en la línea de una mayor sindicalización de nuestro trabajo de cooperación, su focalización en países y sindicatos con los que podemos desarrollar proyectos conjuntos y la concreción geográfica de nuestras prioridades en el Magreb, los países del Este Europeo y América Latina.

VI. LA ORGANIZACIÓN SINDICAL COMO DINAMIZADORA DE LOS CAMBIOS

1.- Durante estos años hemos conseguido uno de los incrementos netos más importantes de afiliación: 128.000 personas afiliadas y una media de cotización del año 1999 que ya supera los 120.000 ante los 109.000 del año 1995 son la evidencia. Han contribuido a este crecimiento de la afiliación, el incremento de la población asalariada de Catalunya y el mejor clima económico, pero ha sido determinante un trabajo afiliativo y organizativo sostenido. Este crecimiento de la afiliación se produce en paralelo a un cambio en la naturaleza del vínculo de los trabajadores y trabajadoras al sindicato. Aunque se mantiene la afiliación motivada por la identidad con el proyecto sindical de CCOO, una parte de la nueva afiliación establece un primer vínculo sindical basado en criterios de utilidad inmediata. Y nosotros como organización tenemos la responsabilidad de poner los mecanismos y los instrumentos que permitan establecer el “contrato moral” entre los trabajadores y la CONC a que hacíamos referencia en el último congreso. La participación a todos los niveles, la comunicación entre la afiliación y las estructuras sindicales y la formación sindical constituyen hoy los ejes de una organización sindical que pretende ser sujeto activo de los cambios que se producen en los centros de trabajo y en la sociedad. Y estamos en condiciones de dar este salto a condición de que nos enfrentemos a algunos escollos que tenemos como organización: estabilizar la gran cantidad de altas en la afiliación que conseguimos cada año, concluir el proceso de desarrollo organizativo de las federaciones en el territorio, de forma que cualquier afiliado/a tenga un punto de referencia en la estructura del sindicato, desarrollar mecanismos organizativos adecuados a las características de las PYMES y que garanticen la relación estable con el sindicato, construir formas organizativas flexibles y útiles para las nuevas realidades productivas y para las nuevas formas de relación entre empresas y centros de trabajo, ofrecer como sindicato un proyecto atractivo y un espacio útil para los nuevos trabajadores autónomos dependientes (TRADES) son algunos de nuestros retos de futu