Paolo Flores d’Arcais
Sergio Cofferati

Flores d’Arcais.- Eugenio Scalfari, en el último número especial de MicroMega, ha sacudido a la CGIL con la acusación de que corre un riesgo: transformarse en una especie de Solidarnosc italiana, desbordando ampliamente el papel y las responsabilidades de un sindicato.

Un hecho es cierto: hasta hace un año nadie habría podido imaginar el peso que la acción de la CGIL tiene en el conjunto de la opinión pública. Creo que esta circunstancia es absolutamente positiva. Si la CGIL, cumpliendo rigurosamente su papel como sindicato, tutelando los intereses de los trabajadores y pensionistas, según su tradición de “confederalismo”, defiende junto a los derechos de los trabajadores, también los derechos de todos los ciudadanos, se trata de una misma cosa en puridad democrática. Y todavía más para la democracia italiana, amenazada por el berlusconismo.

Mientras los demás sindicatos, rompiendo con la CGIL y escuchando las sirenas mentirosas del “Cavaliere”, se mueven en dirección opuesta, abandonando los intereses de los trabajadores, los pensionistas y los parados, aceptando incluso la hipótesis de un sindicato “paraestatal”, que da servicios que son competencia del Estado, la CGIL ha respondido con los hechos con su papel reivindicativo y reformador. Y sobre esta vía (que es también en defensa de la independencia sindical) ha sabido, por eso, escuchar y apoyar a los movimientos que han surgido de la sociedad civil: desde los antiglobalización a los que dieron vida a la histórica jornada del 14 de setiembre en la Plaza de San Giovanni (1).

Si todo ello parece superar la responsabilidad del sindicato, quizás la explicación esté en buscar, no ya un cambio de comportamientos de la CGIL, sino en la doble anomalía italiana: un gobierno que no es de centro-derecha y siempre más extraño a la democracia liberal (2) (de izquierdas, de centro y también de centro-derecha) y una oposición que se ha alejado de su base, y la ha desilusionado; de manera que la oposición real ha pasado de la indignación a la autoorganización.

Sergio Cofferati.- Yo no creo, de ninguna de las maneras, que la CGIL haya asumido características que la puedan comparar o acercar a Solidarnosc y a su experiencia, que está circunscrita muy específicamente y no es transferible a ninguna parte del mundo. Solidarnosc tenía unas determinadas razones históricas y unas condiciones muy particulares. Yo nunca compartí que aquello pudiera convertirse en las funciones normales de un sindicato; aunque reconozco, como muchos, el valor de la función de Solidarnosc, en aquel momento específico, que impulsó los procesos de cambio en Polonia. Pero nosotros no vamos por ahí.

Yo creo, contrariamente, que nunca como en estos meses la CGIL ha desarrollado su función histórica y tradicional de sindicato confederal. La paradoja está propiamente en eso: en haber asumido un papel y una función muy visible, comprometida con tantos sujetos diversos, de trabajadores y pensionistas, que son los referentes históricos de una organización confederal, desarrollando fuertemente su propia actividad y su propia función. Incluso, si se quisiera observar con mayor atención todavía lo que ha hecho la CGIL, se podría llegar a la conclusión que, con su actividad, ha vuelto a las funciones y modalidades del típico ejercicio del sindicalismo confederal de sus orígenes, a la época del nacimiento de las primeras “Camere del Lavoro” y los primeros sindicatos de ramo. Eran unos tiempos en que una organización sindical (como eran aquellas “Camere del Lavoro” y, después, la CGIL, que nació en 1906) para asegurar la emancipación a millones de personas, tenía que batirse y, simultáneamente, mejorar las condiciones materiales del trabajo y de vida e imponer, al mismo tiempo, el respeto a los derechos fundamentales de aquellas personas en su condición de trabajadores. Todo ello ocurría en una Italia donde el trabajo agrícola era casi la totalidad de la actividad productiva y el trabajo industrial empezaba a ser una actividad que se estaba ampliando, todavía de manera limitada.

Entonces el trabajo prevalente era el jornalero y agrícola. El nuevo trabajo era de tipo industrial. Hoy el trabajo prevalente es el industrial, lo nuevo son las actividades diversificadas, los llamados “trabajos atípicos”. ¿Dónde está, pues, la novedad? Yo creo que está en el hecho de haber puesto en el centro de la iniciativa de los meses pasados, por parte de la CGIL con una grandísima decisión, el tema de los derechos. Obviamente, la CGIL, partiendo de la razón de su existencia, se ha ocupado de los derechos en la esfera del trabajo. Pero haciéndolo con rigor y determinación, no podía no encontrar a tantos sujetos que se han preocupado y han tenido sensibilidad por el tema de los derechos de ciudadanía. Quién se ha batido en estos meses por el derecho a una información pluralista, por una prensa libre, ha afrontado un derecho contemplado en el artículo 21 de la Constitución. Quién se ha batido por la justicia y por una magistratura independiente y eficaz, ha puesto en escena una razón que, también ella, responde a un derecho de ciudadanía fundamental. También esto es un segmento de la democracia substancial. Quién ha afrontado los temas de la cultura pacifista, o la cultura antiglobalización, ha hecho vivir en el cuerpo de la sociedad italiana una suma de exigencias de derechos fundamentales, como el de poder vivir en paz en un mundo con reglas y no en un mundo en el que la falta de ellas produce rupturas, conflictos y marginalidad de los débiles y los pobres. Cada uno de estos sujetos se ha movido libremente con una inspiración visible y positiva. Era inevitable (y añado, “justo”) que estos sujetos interactuaran; que en cualquier circunstancia se encontraran juntos. Y ello ocurrió el 23 de marzo en la manifestación de la CGIL, y sucedió también en las iniciativas de los “girotondi”, en los movimientos por la paz en Perugia-Asís o en los movimientos antiglobalización.

Verdaderamente hemos dado sustancia, de forma particular y de conjunto, a una idea permanente que debería formar parte de la Constitución formal y material de Europa. Ni más ni menos: la idea de los derechos conectados. La Carta de los derechos que surgió de Niza define la inescindibilidad entre el derecho de la persona, el derecho del ciudadano y el derecho que nace en la esfera de las relaciones económicas. Bien, esta cadena, esta conexión, esta inseparabilidad ha tomado cuerpo en Italia mediante iniciativas de muchos sujetos diferentes que, sin embargo, han trabajado de modo conjunto. Yo creo que ha sido muy importante este trabajo conjunto y representa uno de los legados más significativos de este tiempo reciente. Porque las sinergias han sido evidentes y positivas, han implicado y convencido a muchísimas personas; y yo creo que también ha sido importante el modo con el que estos sujetos diversos se han relacionado recíprocamente. En mi opinión es fundamental el respeto mutuo. Es importante reconocerse una función diferente, pero igualmente legítima. Por parte de ellos no ha existido la tentación de hegemonizar al otro, a pesar de las diferencias evidentes de dimensión o historia que cada cual tenía a sus espaldas.

En esta dialéctica, con todas las dificultades y también los contrastes que existen en la verdadera dialéctica, se dio el crecimiento de un movimiento difuso. Un movimiento que, por otra parte, ha pedido a la política que se preocupe de estos temas, y no siempre la política ha estado atenta de manera adecuada. Algunas veces la representación política y la institucional se han visto obligadas a tener en cuenta las demandas del movimiento; en otras ocasiones, dicha representación política ha participado activamente en la construcción de tales demandas. Yo creo que hoy estamos ante un pasaje muy delicado. Lo describiré de este modo: o se consolida esta dialéctica, perfeccionando las formas, a partir del reconocimiento de la plena legitimidad de todo nuevo sujeto y consolidando las modalidades que utiliza, o nos arriesgamos a ir para atrás.

Ninguno de esos sujetos ha pretendido representar la complejidad de la sociedad italiana; ninguno de esos sujetos ha intentado sustituir la política. Pero le han enviado a ésta mensajes muy fuertes para que tuviera en cuenta las exigencias que ellos planteaban. Bueno, ahora le toca a la política considerar atentamente, no sólo el fondo de estos mensajes sino también sus formas y las modalidades dando cabida a centenares de miles de personas. Esta es la articulación, potencialmente positiva, de la relación entre la política y los movimientos. Desgraciadamente, no siempre veo por parte de la política una atención adecuada. Porque la política comete un error cuando se retrasa y se pierde insistiendo en los aspectos radicales de los movimientos. Es evidente que toda fuerza de representación parcial, incluida la sindical (que, sin embargo, es muy vasta por los sujetos y las tipologías de sus materias) tiene en sí el límite de la radicalidad, que en ocasiones es un mérito. Quien tiene responsabilidades de mediación debe hacerse cargo de ello; y no puede pedir a los demás que resuelvan un problema que no constituye una contradicción de los movimientos sino que objetivamente forma parte de su naturaleza.

Yo creo que, en este crecimiento de formas de ciudadanía activa, está un elemento de democracia substancial en un país que, con demasiada frecuencia, ve puestos en entredicho algunos aspectos significativos. Se crea un peligro y una alarma para la democracia cuando se atacan, explícita o implícitamente, las reglas de la Constitución y cuando se gestiona la actividad política prevalentemente a favor de los intereses privados sobre los de tipo general. Tales alarmas y peligros pueden ser eliminados siempre que se dé fuerza y consistencia a estas formas de ciudadanía activa. Creo que se trata de novedades positivas. Tengo la edad suficiente para haber conocido los movimientos de finales de los años sesenta y del inicio de los setenta: no tenían estas características, ni esta compostura. Y, sobre todo, tenían con frecuencia la tendencia a transformarse en sujetos de representación política; hoy los movimientos no tienen esas tentaciones. Creo que la CGIL ha tenido el mérito de dejarse convertir en un punto de referencia, construyendo esta cadena junto a los demás. No es una función nueva. No es una función que desborde el papel histórico de un sindicato; es el ejercicio de una particular y antiquísima función, hecha con rigor, adquiriendo valor y mayor relieve, también para otros muchos que, en ese mismo tiempo, se habían “distraído”.

Si se puede hablar de paradoja, la paradoja está en el hecho que, haciendo nuestra la muy tradicional actividad en la forma más antigua, hemos aparecido como un sujeto extraordinariamente nuevo y moderno. En fin, este es un aspecto posterior que no debe infravalorarse. Creo que, a los ojos de muchas personas, ha sido importante el rigor y la coherencia con que nos hemos movido: el haber sido firmes en nuestras propias referencias, ya sea en el plano de los valores ya sea en el de nuestros comportamientos. El respeto al esfuerzo que se hizo les parece hoy a muchos, en esta convulsa situación, un rasgo singular y una rara circunstancia. La CGIL, en las relaciones con sus interlocutores (el Gobierno y los empresarios), ha dicho que estaba en condiciones de negociar algunas materias; y, con la misma claridad, manifestó que no estaba dispuesta a negociar otras: por ejemplo, los derechos individuales, que consideraba como intocables. Haber llevado esta postura hasta el final les pareció una extravagancia a algunos. Simplemente se trata de una forma de ejercer las tareas, y ello no debería sorprender a nadie.

Quien tiene responsabilidades de representación colectiva debería declarar siempre su juego: cuando se dice que sí o que no, no se trata de un acto de abstracta conservación o de indisponibilidad en la confrontación. No, se trata de una opción concreta. Ello es muy importante, y se define incluso declarando que es irrepetible, que no está sujeto a la mediación natural y fisiológica entre las partes sociales. Yo nunca he pensado que el sindicato deba negociar a cualquier precio o negociarlo todo.

FA.- El artículo 18 es uno de esos aspectos que has reiterado como innegociable (3). Sin embargo, algunos (también desde la izquierda) juzgan tu intransigencia como un “capricho”, ya que los casos concretos que llegan a los tribunales al cabo del año, en relación a este artículo, son unas pocas decenas.

Intentemos dar por buena, en pura hipótesis, esta objeción. Ello querría decir que la Confindustria y el Gobierno, no ya la CGIL, han planificado intencionadamente la opción de un asunto que tiene escasos efectos prácticos, haciendo del pretexto “casus belli “ un choque de un altísimo valor simbólico, orientado a humillar al sindicato, obligándole, más que a plegarse, a desnaturalizarse. El hecho de que la CGIL, en ese punto, haya aceptado el desafío y declarado que el argumento era intratable, me parece una señal que no es un capricho, sino un raro y lúcido “realismo político”, más allá de la fidelidad a su historia y de responsabilidad a sus propios representados. Realismo político: de hecho, en un choque simbólico, la puesta en juego es la identidad misma y los principios en los que se basa. En este caso, es la identidad de un sindicato autónomo, como elemento no secundario del sistema de relaciones de fuerza y equilibrio quien garantiza el carácter democrático y liberal de una sociedad. Porque, como ya he señalado, el cambio de naturaleza del sindicato, en el que CISL y UIL se están deslizando, comporta la transformación del sindicato, entendido como representación de una parte social (representación por naturaleza “conflictiva” y también contractual) hacia un papel y vocación diferente: en una agencia paragubernamental de servicios, donde conflictividad y representatividad irían debilitándose conjuntamente. Pero sin un sindicato independiente, la sociedad se hace menos abierta, menos democrática.

Y sobre todo: este ataque del Gobierno Berlusconi a la autonomía del sindicato se inscribe en un ataque sistemático y general a todas las formas de autonomía y “balance des pouvoirs” que caracterizan y constituyen una sociedad liberal y una convivencia democrática. Un poder se mantiene “liberal” sólo en el cuadro de un “gobierno limitado”, tal como sabían los padres fundadores de la democracia americana. Sin embargo, Berlusconi está intentando destruir exactamente este carácter irrenunciable de “límite” de poderes, de contrapesos recíprocos, sin los cuales el gobierno se convierte en despotismo: el poder autónomo de una magistratura independiente, el poder autónomo de unos medios de comunicación libres de condicionamientos gubernamentales, pluralistas y en concurrencia. Si la operación triunfa (en parte ha triunfado) y el sindicato se ve obligado a cambiar su propia naturaleza, cambia verdaderamente la naturaleza, la estructura de la convivencia política y social. Pues de un régimen liberal-democrático se pasa a un régimen inédito, de despotismo aliberal, de peronismo opulento y videocrático.

Mi hipótesis es que la intransigencia de la CGIL en torno al artículo 18, su capacidad de librar una gran batalla nacional por los derechos -y realizar “una huelga general por Italia”- da miedo, especialmente porque es capaz de defender los intereses de los trabajadores y, al mismo tiempo, contener la deriva aliberal del Gobierno, invirtiendo la tendencia y cambiando la correlación de fuerzas.

SC.- Mientras tanto, en el plano práctico, no olvidamos el freno que representa el artículo 18, sin el cual un número enorme de despedidos sin una causa justa sería el cuento de nunca acabar. Pero es una gran verdad que, más en general, se puso en marcha -y todavía está presente- un duro ataque por parte del gobierno a todas las formas de autonomía, en todos aquellos lugares donde la autonomía se hace explícita, incluida la administrativa-institucional. Bajo esta perspectiva, no es casual que el proceso de estas últimas semanas, en todo lo que gestiona el Gobierno, se vaya en una dirección opuesta respecto a lo que -sobre todo alguna fuerza política de la mayoría- habían teorizado con tanto énfasis (4). O sea, en lugar de la descentralización, estamos nuevamente ante procesos de centralismo, con una fortísima intervención altamente discrecional de la política.

Todavía es más fuerte el ataque a la autonomía de la Magistratura o a la de la prensa. Específicamente, en lo referente al sindicato que es un sujeto que tiene su historia y una estructura enraizada, el intento ha asumido progresivamente connotaciones muy precisas. Yo creo que existe una parte visible de instrumentalismo en la opción del Gobierno y la Confindustria cuando ataca, mediante el artículo 18, los derechos fundamentales de las personas. Este artículo se ha convertido, por muchas razones, en simbólico. Pero no podemos olvidar que representa también un eslabón delicadísimo de la cadena de los derechos. La supresión del artículo 18 y su manumisión, rompería esta cadena y produciría efectos consistentes, también materiales, y la eliminación de otras tipologías de derechos. Sería una explícita violación de las orientaciones y sensibilidades que, por ejemplo, se han consolidado en Europa.

Pero, junto al ataque a los derechos, era y es muy visible el intento al que antes me refería. Es decir, cambiar la naturaleza del sindicato. El sindicato tiene una función fundamental: la tutela de las personas que trabajan y las que han trabajado y ahora son pensionistas. El conjunto de normas relativas al mercado de trabajo y algunas de las hipótesis de modificación del andamiaje de las funciones contractuales, tal como sostiene el Gobierno (y que han estado acompañadas también de la teorización de la ruptura de la unidad sindical, que el Gobierno consiguió después), tienen incluso esta inspiración: realizar la modificación de las funciones del sindicato, reduciendo las de tutela, incrementando las de sujeto destinado a dar servicios, en substitución de las actividades fundamentales que son propias del Estado.

Hay otro tema que se refiere simultáneamente a la representación social y a la política-institucional que no se puede olvidar. Durante estos meses el Gobierno ha buscado sistemáticamente modificar algunos importantes aspectos de la Constitución, mediante la progresiva transferencia hacia el sector privado de toda una serie de funciones que son típicas del Estado. Estamos ante la desnaturalización de la misma idea de subsidiariedad que indica la Unión Europea. Para ésta la subsidiariedad es la intervención de los sujetos privados en la integración y en el reforzamiento de las tareas fundamentales del Estado. Sin embargo, en la traducción casera de nuestro Gobierno, la subsidiariedad se ha convertido en una actividad substitutiva por parte de lo privado que se ha apropiado de las funciones que son inherentes al Estado. Es lo que persiguen, en lo referente a la sanidad y lo que quieren hacer sobre las pensiones, en relación al mercado de trabajo y en la enseñanza. Los casos son numerosos, clamorosos, y apuntan en lo fundamental a las políticas de Estado de bienestar, es decir, a todo lo que garantiza la cohesión y la igualdad.

La teorización de lo privado no tiene un carácter subsidiario sino substitutivo y, por lo tanto, ahí esta la intentona de una progresiva desnaturalización de las funciones elementales del Estado. Como siempre, en estas intenciones, planea con frecuencia que en esta cuestión específica más sabe el diablo por viejo que por diablo, pero la intención está clara. Valdría la pena entender lo que se está tramando, incluso en estos días, en la discusión entre el Gobierno y las organizaciones de la amplísima área del “tercer sector”. ¿Por qué ha explotado, ahora, esta polémica tan de repente con un Gobierno que va contra las organizaciones laicas y progresistas del voluntariado? Exactamente por la misma razón: la hostilidad a todo tipo de autonomía. No es sólo un Gobierno que quisiera discriminar y escoger a sus interlocutores (una hipótesis inaceptable), sino que incluso querría decidir, sobre la base de su “propia” idea de gestión de la cosa pública y de la sociedad, cuáles son las funciones que deben tener sus interlocutores.

Este cambio es una intentona muy profunda. Tiene formas y características diferentes, unas veces muy virulentas y otras muy chillonas, pero es profunda. Es un intento que se debe contrastar teniendo una idea precisa sobre cada segmento de la actividad de las diversas formas de representación y con una idea propia de la sociedad a la que quiere referirse. La política de izquierdas puede caer en un grave error: ofrecer un consenso al centro-derecha sin tener un modelo propio de sociedad, al margen de su propia identidad, siguiendo el camino del centro-derecha.

En estos últimos tiempos he tenido muchas veces la ocasión de polemizar con algunos juicios y valoraciones que circulan, también, por la izquierda. Pienso, por ejemplo, que el reformismo es una práctica que tiene como fundamento el cambio, la gradualidad en el cambio, pero que debe ser, como práctica política, el signo de una radicalidad en los comportamientos y en la defensa de los valores. Hace un momento tú decías que sindicato significa negociar. Sí, esa es su naturaleza. Pero ¡ay si se negociara olvidando que algunas materias no son disponibles! Por ejemplo, los derechos de la persona. O si se negociase al margen de toda jerarquía de valores. Cuando el sindicato se encuentra frente a la disyuntiva de elegir entre la defensa de un derecho o de la hipotética mejora de la condición material, que niega aquel derecho, creo que se debe optar por la defensa del derecho.

FA.- Refiriéndote a la mayoría parlamentaria de Berlusconi, tú casi siempre has hablado de “centro-derecha”. No obstante, incluso esta definición, aparentemente obvia, puede resultar chocante. De hecho, también tú has dibujado un cuadro de la situación que es el resultado de una agresión sistemática a todas las expresiones de autonomía que son constitutivas de una democracia liberal. Este Gobierno, en otros términos, está buscando minar, destruir o, incluso, desmontar el Estado de derecho liberal-democrático. Pero no puedo silenciar que uno de los máximos estudiosos liberales conservadores, Giovanni Sartori (en “Democrazia e definizioni”, que ya es todo un clásico de la ciencia política, traducido en todo el mundo) quien ha sostenido la legitimidad de aquel término (“régimen”) para definir la realidad del berlusconismo y su distancia “estructural” de los cánones de una democracia liberal.

Queda una cuestión: ¿el de Berlusconi es simplemente uno de tantos gobiernos de centro-derecha existentes en Europa y América (y quizás el peor) o la teoría y la práctica berlusconiana del poder son extrademocráticas, extrañas a la democracia liberal, e incluso es ya un peligro en potencia? Esta pregunta (y mi implícita y archiconocida respuesta) nada tiene que ver con la legitimidad del resultado electoral y, por tanto, de la victoria de Berlusconi en las elecciones de 2001. Berlusconi tiene una amplia mayoría parlamentaria, obtenida en unas elecciones sin tejemanejes y, por lo tanto, son normales. Así pues, nadie le contesta la legitimidad para gobernar. Sin embargo, una coalición puede vencer con normalidad en unas elecciones democráticas sin que dicha coalición sea democrática. No sería la primera vez que sucede. También hay muchos modos de no ser demócratas, no sólo los fascistas, y habría también muchos modos inéditos: el berlusconismo podría ser uno de estos. La normalidad del desarrollo y del éxito de una contienda electoral no nos dice nada, en suma, sobre la naturaleza, la cultura y la acción democrática de las fuerzas que ganan o que participan en dichas elecciones.

Prescindamos, sin embargo, de que Berlusconi no fuese elegible en el Parlamento: no lo era, tal como claramente estaba establecido por una ley de 1957, cuya aplicación se pidió al Parlamento y también a un tercer juez imparcial, aunque el centro-derecha y el centro-izquierda prefirieron desatenderla; y prescindamos del hecho que el fallido desenlace del conflicto de intereses y la falta de una normativa antitrust sobre la televisión constituyeron un “culmus” macroscópico en las condiciones occidentales estándar de “flair” competición electoral... Lo realmente extraño de Berlusconi, de su mundo y su poder, queda reflejado en la democracia liberal por actos y declaraciones. Sería ya suficiente la idea de un Estado-empresa para situar a Berlusconi entre los enemigos de la democracia liberal, dado que una empresa presupone dueño y empleados, mientras que un Estado reconoce sólo ciudadanos libres e iguales. Cuando esta distinción resulta demasiado débil para ser entendida, se está ya a muchos años luz de la cultura liberal-democrática.

Sin embargo, son los actos concretos de gobierno los que dan testimonio de un enajenamiento no episódico de la democracia. Las leyes se han dirigido únicamente a impedir la administración de una justicia igual para todos. Es la intentona sistemática de redimensionar y destruir la autonomía de la Magistratura, el monopolio total de los medios de información decisivos, la mentira sistemática, mediante dicho monopolio, las reiteradas amenazas de considerar que toda manifestación en la calle es un refuerzo del terrorismo, la intención de destruir la autonomía del sindicato... Todo ello son “hechos” extraños y contrapuestos a la democracia.

Por otra parte, hay una contraprueba irrefutable de esta tesis, una verdadera y específica tira de tornasol. Comparemos a Berlusconi con las otras derechas y veremos el abismo que las separa. Escojamos solamente los casos más llamativos: en la España de Aznar, un solo individuo (¡sin carné político alguno!) no puede controlar más del 49 por ciento de un solo canal de televisión, mientras que Berlusconi controlaría totalmente dos canales y el 51 por ciento de un tercero, aunque no fuera primer ministro. En los EE.UU. de Bush, la pena máxima por falsificar un balance se ha aumentado a 25 años de cárcel; si se aplicara aquí ¿cuántos amigos y parientes de Berlusconi, él mismo incluido, estarían en libertad? En la Inglaterra de la señora Thatcher, su sucesor en la dirección del partido “tory”, Jonathan Aitken, que mintió en un tribunal sobre la factura de un hotel por un valor de 1.500 euros, fue condenado a seis meses de cárcel sin libertad condicional y sin recurso (lo que significó el final de su carrera política), sin que nadie protestara, incluida la prensa conservadora, ya que un parlamentario debe dar buen ejemplo y si miente ante un tribunal se le castiga de un modo ejemplar. En la Alemania de Helmut Kohl, este hombre que pasará a la historia como un gran estadista -el Canciller que reunificó Alemania, curando la herida más grave abierta en el corazón de la Europa de finales de la Segunda Guerra Mundial- se vio obligado por su propio partido a abandonar la política, gracias a una indiscreción periodística: por algo que sólo había constituido un delito de ilícito administrativo, no penal.

Así pues, no sólo no hay nada parecido entre el Gobierno Berlusconi y los gobiernos de centro-derecha sobre dos temas tan cruciales como la justicia y la información, sino la contraposición totalmente neta de que tampoco la oposición de centro-izquierda ha tenido el coraje de proponer en Italia las medidas de aquellos gobiernos de centro-derecha. Querría, además, darle la vuelta a un famosísimo eslogan de nuestros dirigentes parlamentarios: no ya aquel “decid algo que suene a izquierda”, sino “hacer algo de derechas que sea de recibo”.

SC.- Desde muchos puntos de vista, la situación italiana es muy anómala. Me explico: estamos en un país en el que un gobierno de centro-derecha está poniendo en marcha una serie de intenciones graves y peligrosas, como las que he descrito anteriormente. Por otra parte, no son las únicas. Todo ello viene de un sujeto que ha ganado las elecciones con las reglas establecidas y que, hasta ahora, ha respetado las normas que se sobreentienden en la gestión de la actividad política e institucional. Ahora bien, este gobierno -en este cuadro de indiscutida legitimidad democrática- muestra diariamente que tiene una idea particular de la misma democracia liberal y, en cualquier caso, tiene unas pulsiones que contrastan con los fundamentos de la democracia liberal. Unas pulsiones que pueden transformarse, también, en actos concretos y políticas activas.

En definitiva, las características de la orientación y de la coalición del gobierno son demasiado particulares. Por esto no creo que Berlusconi sea asimilable a ninguna de las experiencias actuales o pasadas, tanto de los conservadores como del centro-derecha del resto de los países europeos. La mezcla de vocación imitativa de la cultura neoliberal y del populismo que caracteriza las acciones de este gobierno es, con frecuencia, grotesco. Se pueden dar algunos ejemplos simples, pero esclarecedores. Este es un gobierno que dice que su comportamiento, en relación al mercado, se inspira en las teorías del neoliberalismo. Pero, después, frente a una dificultad, cuando aumenta la inflación interviene, no con el bloqueo de las tarifas (que es un acto contrario a una inspiración neoliberal) sino con la alteración de las funciones de los sujetos de control, es decir, de las “authority”. Tendríamos que pedir a muchos de los comentaristas liberales una aclaración sobre este tema, ya que hasta ahora no han dicho ni pío.

Yo no sé cómo irán las cosas sobre la dramática y peligrosa crisis de la FIAT. Probablemente aparecerán no pocas novedades entre esta noche y cuando la revista esté en los quioscos; pero este es un gobierno que, frente a la crisis de la mayor empresa privada, ha pensado inmediatamente en la posibilidad de una intervención pública. Por ahí se apunta, de una parte, a una privatización de las funciones “ordinarias” del Estado; y, de otro lado, simultáneamente, se avanza de manera instrumental, incluso la hipótesis de nacionalización de una actividad privada. Son contradicciones muy llamativas, casi explosivas, que, sin embargo, se refieren a la mezcla peligrosa que he descrito. Peligrosa porque, a continuación, el populismo se suma a las actitudes regresivas. Creo que es difícil buscar un paralelismo entre esta situación y las condiciones elementales del ejercicio de las responsabilidades que tienen los conservadores o los gobernantes de derechas en Europa.

Observando los hechos concretos, nos encontramos diariamente ante algo que va tomando cuerpo, que se explicita en unos comportamientos que con frecuencia son llamativamente contradictorios, pero no por ello menos peligrosos. No creo que sea un proyecto definido y completo, incluso con estas innumerables contradicciones. Sin embargo, es una tendencia, una línea de funcionamiento que se va concretando. Que se realiza a través de zigzagueos, contrastes y rupturas, también en el interior de la propia mayoría, como se ha visto en las polémicas, a propósito de pasados acontecimientos pasados: tal es el caso de “Mani Pulite” (5). O en la polémica entre centralización y descentralización de las funciones del Estado; fue curioso ver cómo las disposiciones que otorgaron al Ministro de Economía una discrecionalidad central, de intervención sobre el gasto en todas las Regiones, ha permanecido sin respuesta alguna. Esta es una medida inconstitucional. Es exactamente lo opuesto a lo que los teóricos del federalismo deberían considerar como normal. Más todavía, estas llamativas contradicciones, esta zigzagueante forma de proceder consiguen, a continuación, un punto de mediación en el interior de una política gubernamental que constantemente se concreta en pequeñas o grandes lesiones contra lo que, hasta ahora, tenía la garantía de la cohesión social, las normas y el respeto a los procedimientos. Así pues, hay un empeoramiento de las condiciones materiales, acompañado de una agravación del sistema de relaciones y reglas institucionales que dan sustancia a la convivencia civil y democrática.

Este empeoramiento es visible unas veces y subterráneo en otras ocasiones. Pero me parece innegable. Cualquier ciudadano italiano que quiera observar con un mínimo de atención lo que está ocurriendo, debería preocuparse, por ejemplo, por una práctica del gobierno que es muy recurrente: prometer cosas que sabe que son impracticables. Cuando, quien tiene importantes tareas de orden político e institucional, asume como práctica el uso de la promesa, sabiendo de antemano que no la podrá mantener, pagará más tarde un precio en apoyo electoral. Pero no me preocupo por ello, es un daño que le afectará a él. Lo que me inquieta es que esta praxis sistemática conduce a una caída de la credibilidad de las instituciones. Las personas que tienen funciones y tareas de representación pública no son gente cualquiera. Son personas cuyo comportamiento es valorado, juzgado, y algunas veces incluso genera imitaciones. Si se difunde, como modelo imitativo, esto de prometer sabiendo lo que no podrá mantener, constituye ya un daño para el conjunto de la sociedad. Si, después, produce también una caída de la credibilidad de las instituciones, el daño es para todos. No solamente para quienes mienten y pierden apoyos.

FA.- Tú has hablado de graves y profundas anomalías en relación al funcionamiento estándar de una democracia. A veces me parece ver en Berlusconi auténticas y particulares “pulsiones totalitarias”. Incluso “irrefrenables” pulsiones totalitarias.

Pienso en un jefe de gobierno que controla ya el 95 por ciento del sistema televisivo e intenta impedir el nacimiento de un debilísimo “tercer polo”: en realidad un canal, LA7 que es un experimento y no supera el 3 por ciento de la audiencia. Por cierto, todavía ningún periodista ha conseguido aclarar el “do ut des” con Tronchetti. Pienso en un jefe de gobierno que querría utilizar la crisis de la FIAT para meter mano también en el “Corriere della Sera”... ¿Cómo no hablar de una devoradora, inagotable e irrefrenable pulsión totalitaria?

Si todo esto no se ha convertido en sentido común, quizás dependa del hecho de que el centro-izquierda, cuando estaba en el gobierno, no supo y tal vez no quiso afrontar los nudos esenciales de la anomalía berlusconiana, de la condición estructuralmente extraña de la democracia liberal. Y ello tiene repercusiones en el futuro porque con un gobierno perverso de centro-derecha, se pueden hacer acuerdos institucionales en determinados momentos. Pero con un gobierno extraño a la cultura y praxis democráticas, no era imaginable la idea de negociar reformas institucionales. Y ahora mucho menos. Y, sin embargo, se hizo tiempo atrás.

Porque para hacer, conjuntamente, reformas institucionales, es necesario tener en común un horizonte mínimo de valores compartidos: esto es lo que no existe entre una democracia liberal y el berlusconismo. Nosotros no tenemos, como en las otras democracias europeas, un centro-derecha al que se contraponga un centro-izquierda. Tenemos una anomalía democrática a la que se opone, necesariamente, una derecha-centro-izquierda, es decir, la coalición de los que entienden que estamos frente a una emergencia democrática.

De hecho, Montanelli era de derechas y Sartori ni siquiera es de derechas. Lamberto Dini estaría en la derecha en cualquier otro Parlamento de Europa, y con él tantos otros, obligados sin embargo en la anomalía berlusconiana, a situarse en el centro-izquierda.

Desgraciadamente esta oposición parece no entender, de ninguna manera, la situación existente, que he descrito sucintamente. Tanto más, pues, es incapaz de ver un problema que afecta a todo Occidente: la creciente desafección popular en las luchas de la política en su forma actual, la famosa “crisis de representación”. De ella se ocupa sólo cuando da lugar a episodios clamorosos como cuando Le Pen sobrepasó al primer ministro socialista Jospin; pero esta es una cuestión que está en el orden del día de casi toda una generación, desde por lo menos unos veinte años. En cada país se manifiesta con diversos ritmos e intensidades, pero apenas si se habla de ello: de la “oleada de la antipolítica”. Sólo que, a diferencia de los procedimientos populistas y poujadistas, esta oleada de antipolítica tiene una valencia y una potencialidad democrática. Verdaderamente se trata de un hecho contradictorio. Pero también es verdad que su rasgo, potencialmente más marcado, no es una crítica populista de la política, sino una crítica progresista de “esta” política, del monopolio de los partidos sobre la vida pública. Una crítica que, por ello, exige más política, es decir, mayores posibilidades de participación en las “decisiones” por parte del ciudadano. Esta oleada de antipolítica no propone la apatía sino que se dirige hacia una política de ciudadanía activa: a “más” política. Pero de una forma “nueva”, referida al monopolio de los políticos de oficio. No se plantea abolir los partidos o los políticos profesionales, lo que quiere es que éstos no tengan el monopolio. Quiere abrirse al poder de decisión de aquellos que quieren hacer política en un fragmento de su tiempo libre, como “política-bricolaje”.

Los movimientos que se han extendido durante estos meses en Italia, la autoorganización de la sociedad civil en torno a problemas cruciales, representan, en mi opinión, también, una primera respuesta a este problema de fondo de las democracias occidentales. O, al menos, una respuesta parcial. Respecto al sesenta y ocho la diferencia no es la “compostura” (de la que tú has hablado, y que tanto sorprendió a los comerciantes y taberneros de Piazza San Giovanni). Tampoco está en la mayor proporción de presencia burguesa, porque también los estudiantes del sesenta y ocho eran, muy mayoritariamente, hijos de burgueses. La diferencia era que entonces se trataba de un movimiento espontáneo de masas que, incluso, tenía raíces en un lugar social, la enseñanza. Hoy es el “ciudadano abstracto” el que se autoorganiza por “ideales abstractos” para demostrar que, de hecho, no se trata de abstracciones sino de pasiones civiles que tienen una concreción muy material. Incluso es esto lo que le hace a los movimientos ser particularmente interesantes. Porque expresan una voluntad de ciudadanía activa que ha echado raíces, que se expande y que tiene en el voluntariado otra de sus expresiones.

SC.- Vale la pena subrayar esta anomalía italiana producida, de hecho, por la mezcla que está en la base de la cultura política de esta derecha. No siendo ella la expresión de una cultura liberal, ha ocurrido que una parte no pequeña de la amplísima cultura liberal del país ha sido y es contraria a este gobierno. Hay muchas personas -consideradas como conservadoras o moderadas por su tradicional orientación- que tienen una feroz hostilidad a este gobierno de centro-derecha. Son gentes que tienen ahora una ubicación política aparentemente anómala. Por otra parte, la debilidad de una cultura liberal emerge también en la práctica: es débil, y todavía no asume suficientemente la exigencia de reglamentar legislativamente las funciones de las “authority” en el mercado, de las organizaciones de los consumidores, etcétera.

En lo que se refiere al pasado, creo poder decir serenamente, sin ninguna intención particularmente polémica -pues se trata de argumentos conocidos- que la falta de soluciones a enormes problemas, en la pasada legislatura del centro-izquierda, ha facilitado algunos rasgos de la situación actual. Lo que ha hecho más difícil la confrontación respecto a prácticas e intenciones particularmente negativas de la actual mayoría. Me refiero a temas que no fueron solucionados anteriormente: el conflicto de intereses, una actividad legislativa insuficiente sobre las reglas del mercado de trabajo y otros.

Sin embargo, no creo que la actual oposición tenga que reflejar simplemente los límites y errores del pasado. Lo que debe hacer es definir su propio perfil de futuro y su proyecto, sabiendo cuáles fueron sus límites y errores pasados. Más todavía, dada la diferencia numérica tan relevante en el Parlamento, es inimaginable que la acción de la oposición pueda tener eficacia resolutiva; de todas formas, yo pienso que el proyecto y la coherencia de los comportamientos cotidianos en relación al proyecto valen muchísimo para conseguir apoyos a corto, medio y largo plazo.

Pienso que las fuerzas políticas tienen que repensarse a sí mismas, argumentando el proyecto y adoptando los comportamientos más coherentes en la gestión ordinaria. Todo ello me hace decir que sigo siendo uno de los pocos italianos que continúa teniendo una enraizada convicción de la utilidad de los partidos y de su insubstituible función. Sin embargo, al mismo tiempo, pienso que los partidos que históricamente hemos conocido no están ya en condiciones de aprehender por entero las demandas de participación que vienen de una parte importante de la sociedad. Hay una parte de la sociedad que renuncia y delega, pero hay otro sector que quiere intervenir, que está comprometida y, por lo tanto, pide participación. En base a ello los partidos tienen que repensar su forma, deben repensar no solamente las políticas más adecuadas para los acontecimientos electorales, sino también su estructura organizativa.

Por ejemplo, creo que se necesita una transformación y una ampliación de los límites de la representación política. Lo diré mejor: es preciso una mayor flexibilidad de los límites de la representación política. ¿A qué me refiero? A que las fuerzas políticas deben abrirse a una relación sistemática, de igual a igual, con todos los sujetos que representan: son los movimientos de estos meses y de estos años. Las fuerzas políticas tienen que aceptar la dialéctica que todo ello comporta. Poco importa que se trate de capas burguesas o de otras hipotéticas clases sociales; hago referencia a capas burguesas y otras capas sociales porque todavía funcionan los viejos cánones de análisis de las estratificaciones sociales. Lo que cuenta son las personas que desean participar que son muchas: esto lo dice la realidad.

Piensa en el elevado número de personas que dedican una parte de su tiempo a la actividad, de diversa naturaleza, del voluntariado. Son gentes que tienen diferente cultura y extracción social, y sus ideales son profundamente diversos entre ellos. Piensa en tantas personas que has encontrado y conocido en estos movimientos, en los movimientos espontáneos que, en cada momento, han asumido dimensiones muy relevantes y que están en condiciones de movilizarse rápida y sistemáticamente, cuando lo que está en juego es una razón compartida por todos. Creo que es incluso inevitable, fisiológico, que muchos de estos sujetos desaparezcan, igual que otros que nacieron en su día. Pero nacerán otros porque, en la compleja sociedad moderna, hay tantas razones de conflicto y sufrimiento, y tantas exigencias que nacen y decaen en breve tiempo, que pueden inducir a que se añadan otras fuerzas a las de tipo tradicional. Bueno, con esta inmensidad de sujetos -diferentes por naturaleza, por inspiración y por funciones- la política debe estar en condiciones de relacionarse y de reconocerlos. Lo que tú llamas política de “bricolaje” se hace a base de disponibilidades parciales de las personas que tienen una actividad prevalente en su vida profesional, de trabajo, empresarial a la que quieren añadir algo más. Vale, creo que es importante que no se pierda nunca, tampoco, una miaja de estas disponibilidades.

Para corresponder a estas energías positivas, la construcción de las reglas debería ser una de las tareas prioritarias de esta política que se repiensa a sí misma. Y la política (me refiero, en este caso, a los partidos) no debe ver la presencia de estos sujetos como un peligro o como una competencia desleal. Yo creo que una persona puede militar tranquilamente en un partido si lo considera útil y, al mismo tiempo, estar atento o simpatizar y participar en un movimiento, si este asume uno de los aspectos de su interés, de su condición material, de sus pasiones.

Una sociedad es rica y una democracia es vital, si cuenta con estas formas de participación generalizada; si estas formas de participación dialogan entre ellas; si estas formas de participación tienen una relación con la representación institucional; si la política sabe tener un ligamen positivo con tales formas de participación, que puede ser normado cuando sea necesario.

FA.- ¿Cómo se puede configurarse, concretamente, esta apertura de los partidos a los movimientos? Porque constantemente se tiene la impresión de que los dirigentes de los partidos hablan mucho de la necesidad de “escuchar” a los movimientos -cuando estos son fuertes y no pueden ser ignorados o, incluso, escarnecidos- pero posteriormente quieren custodiar celosamente el monopolio del “uso” que de dichos movimientos (y de su fuerza) realiza la política. Mientras, el problema de la desafección -repito, que es europeo- hacia la política actualmente existente tiene su particular raíz en este monopolio. Hasta que los partidos no renuncien a ello continuará una parte del problema, y nunca podrán ser un elemento de la solución.

Tantos y tantos ciudadanos a los que tú te refieres, y de los que dices que no hay que despreciar ni una miaja de su disponibilidad, desean participar plena y directamente en las decisiones políticas, no quieren constituir sólo un elemento que modifique las relaciones de fuerza en la sociedad sobre un tema determinado para que después retorne a los aparatos de los partidos el uso de dicha fuerza. Esta es la cuestión. Así pues, ¿qué deberían hacer los partidos para permitir también al ciudadano -que quiere continuar dedicando la mayor parte de su tiempo a las actividades profesionales y reservar al esfuerzo cívico y político algunas horas de su tiempo libre semanal- un peso en las decisiones? ¿En qué dirección deben transformarse para que participen de verdad en tales decisiones, paritariamente, los que ejercen la política como oficio y quienes lo hacen como “bricolaje”? ¿Qué innovaciones, en las formas y en las prácticas, de la actividad del partido y, eventualmente, qué tipo de ingeniería electoral e institucional?

SC.- Un partido tiene, por definición, una función de representación general y su línea la deciden los organismos dirigentes elegidos democráticamente por sus afiliados. Pero el partido, si quiere ser capaz de políticas eficaces sobre cada tema particular que un movimiento pone en el interés de todos, debería saber construir las formas y modalidades para escuchar y dialogar con dicho movimiento. No para hacerse dictar simplemente las soluciones que el movimiento considera útil para el tema específico sino para tener todas las ocasiones de profundización de dicho tema y para buscar conjuntamente su solución. De tal modo que la mediación, que la representación general impone, sea ante todo la más cercana a la sensibilidad y a las razones que aquel movimiento ha indicado en cuanto expresión de una atención que se agota en un tema particular.

Naturalmente, a veces el tema, aunque específico, no es de poca monta. Piensa sólo, por no hablar exclusiva o fundamentalmente del caso de los “girotondi”, en las demandas ambientales. Constituyen parte de políticas globales, pero la sensibilidad ambiental es algo que un partido puede construir, también, mediante una relación y un vínculo con asociaciones que tienen sólo aquel horizonte. Habrá que estudiar e inventar las modalidades para la profundización común, pero es irrenunciable porque de ese modo los movimientos intervendrán no sólo en la orientación y seguimiento de la línea del partido en ese tema específico, sino también en el peso que aquel asunto particular debe tener en la orientación general del partido.

Obviamente la representación general está por encima de cada sensibilidad particular. Alguna que otra vez la puede ver y apreciar; algunas veces puede no sentirla inmediatamente o, incluso, se arriesga a no asumirla. Es de la mayor importancia que sean uno o varios movimientos quienes representen esas instancias y que lo vivan en positivo. Te lo repito: con la radicalidad que necesariamente tiene quien se ocupa de un tema específico. Una radicalidad que es objetiva, inevitable, incluso positiva, porque verdaderamente quien sabe todo lo que hay en el árbol, puede que no conozca el carácter, la composición y el límite del bosque; pero su conocimiento del árbol es precioso, si lo pone en sintonía con el resto.

Sin embargo, tengo la sensación que, en alguna ocasión, las fuerzas políticas tienden a convertirse en autoreferenciales. E, incluso, tienen un temor de lo que se mueve fuera de ellos, porque sienten que les hacen la competencia. Es un temor infundado. Y requiere, creo yo, también el coraje de medirse con lo diferente y con lo nuevo. No para sofocarlo, sino para que de esta comparación, si se gestiona sin intenciones instrumentales y no se tiene la intención de apropiárselo para después hacer un uso privado, puedan surgir estímulos importantes. En su lugar (me refiero a los partidos) no tendría ningún temor a abrirme a un contraste de esta naturaleza. Sin embargo, me parece que en algunas ocasiones este temor existe y también las intenciones instrumentales. En esos casos, los partidos serían arrinconados. Por otra parte, la ventaja ha sido relevante para todos durante los últimos tiempos, cuando se han utilizado las sinergias y donde no se han tenido miedo de la contaminación.

FA.- Sobre eso podríamos decir algo sobre el “Ulivo”...

SC.- Confieso que no sabría qué decir.

FA.- Oye, oye ¡no podemos terminar el diálogo con esta broma! Se desencadenaría un tumulto de polémicas. Es verdad que, ahora, el “Ulivo” no existe. Que se oye hablar, para hacerlo resurgir, del “Piccolo Ulivo”, “Grande Ulivo”, “Nuovo Ulivo”... Francamente, todo ello me parecen etiquetas que dejan que vaya pasando el tiempo. Y todavía es más risible ciertas dicotomías acomodaticias: reformistas y maximalistas, liberales y conservadores, pero los conservadores y los maximalistas son los que llenan las plazas con millones de personas...

SC.- Yo entiendo por ser conservador aquel que se bate coherentemente por defender con frecuencia, incluso en defensa de los artículos de la Constitución. De modo que estoy orgulloso de que me incluyan entre los conservadores. Más todavía a propósito del “Ulivo”. Una coalición, o un nuevo sujeto, por decir una extraordinaria trivialidad, debería ser tendencialmente lo más amplio posible. De ahí que me parezca algo singular el esfuerzo que hace la oposición intentando construir cosas pequeñas. Sería necesario siempre tener como inspiración un horizonte lo más grande posible. La verdad es que estoy convencido testarudamente que la ampliación del horizonte no se construye con alquimias, etiquetas o con la búsqueda de alianzas, aunque todo ello es necesario: son cosas secundarias en relación al proyecto. Hay que tener el deseo de argumentar el proyecto. Sin embargo, si las personas se anteponen al proyecto, el daño está garantizado. Bien, este deseo de diseñar el proyecto, englobando a todo el mundo, no lo veo; y esto me preocupa mucho.

FA.- ¿Terminamos así?

SC.- Sí.

Paolo Flores d’Arcais.
Director de la revista italiana MicroMega.

Sergio Cofferati.
Secretario general, hasta hace unos meses, del sindicato CGIL.

Este artículo es original del número 4/2002 de la revsita MicroMega y ha sido traducido del italiano por José Luis López Bulla.

(1).- Se refiere a los “girotondi”, el movimiento de Nani Moretti. Son los “corrillos” de personas que se juntaban en las plazas italianas para hablar de política y organizar las movilizaciones contra el gobierno de Berlusconi.

(2).- Mientras no se diga lo contrario, la expresión “liberal” que utilizan los dos contertulios se requiere a régimen de libertades, a libertades, en su sentido primigenio.

(3) Se trata del artículo 18 del Estatuto de los Trabajadores. El intento de eliminación de dicho artículo fue el detonante de las huelgas generales y movilizaciones diversas que se han desarrollado en Italia durante el año 2002.

(4) Estamos en setiembre de 2002.

(5) Se trata del grupo de Jueces que encausó a tantos políticos por motivos de corrupción.