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Luis García Calavia
El actual sistema educativo, obtenido de la promulgación de la LODE, LOGSE i LOPAGC, está basado en la defensa de dos importantes principios: la igualdad de oportunidades educativas para toda la ciudadanía y la calidad educativa. La incorporación de estos dos fundamentos pone de relieve un cambio destacado en el concepto del sistema educativo: la educación pasa a ser cosa de todos y exige la participación real y prioritaria de los gobiernos. Diez años después, a pesar de los cambios, de las dudas provocadas, de la deficiente aplicación, la filosofía de la LOGSE continua siendo válida porque genera instrumentos para conseguir una enseñanza pública, gratuita, de calidad, que garantiza la igualdad de oportunidades. No obstante, este hecho, no significa que 10 años después no se pueda hacer una valoración con el fin de mejorarla en los aspectos que han demostrado ser insuficientes. Un modelo que garantice la igualdad de oportunidades, que pretenda eliminar diferencias educativas entre la ciudadanía, que apuesta por generalizar y extender este sistema educativo a toda la sociedad, que atienda la diversidad y fomente medidas compensatorias que eviten desigualdades derivadas de factores sociales, económicos o culturales, plantea la necesidad de que las administraciones apuesten por una mayor inversión en educación. Las respuestas de los gobiernos a las demandas de la comunidad educativa han brillado por su ausencia o en otros casos se está legislando sin su concurso. No se puede negar que estamos ante una declaración progresiva de la participación. Un modelo participativo, que nazca de los centros educativos, ha de impulsar el debate y la reflexión sobre todo si entendemos la educación como un derecho de la ciudadanía, una responsabilidad de la sociedad en su conjunto y de los poderes públicos, que la han de impulsar. Desde una visión amplia de la educación es posible asumir de forma colectiva temas complejos que puedan resultar conflictivos: interculturalidad, diversidad, convivencia. Por estos motivos sería interesante que las administraciones educativas dinamicen e impulsen la participación de la comunidad educativa garantizando su información. Buscar vías para garantizar la coordinación de los agentes educativos y potenciar planes específicos para lograr su convivencia. Sería positiva la descentralización de las administraciones educativas que favorezca la autonomía de los centros educativos. Descentralización que permitiría solucionar los temas de proximidad a partir de un conocimiento más profundo de la realidad, apostando por un nuevo decreto de matriculación que tenga en cuenta la realidad local y comarcal y que garantice la igualdad de oportunidades en los centros sostenidos con fondos públicos. Por lo tanto el modelo educativo ha de estar vinculado y enraizado en el territorio. Impulsar un sistema educativo nuevo implica una apuesta económica fuerte con el objetivo de abordar las necesidades con recursos suficientes. Es bueno puntualizar que cuando hablamos de recursos no nos hemos de referir únicamente a los humanos, materiales y funcionales sino que también se ha de implementar dotación para formación inicial y continua, orientación y evaluación del sistema empleado. Por tanto parece evidente apostar por un modelo con todos los recursos para lo cual es necesario conseguir un acuerdo social y político que permita mejorar la calidad de la educación y avanzar en la cultura evaluativa como condición para dar respuesta a las nuevas necesidades y comprometer a toda la comunidad educativa.
La ESO no es una etapa aislada A diez años de la reforma, es en la ESO donde la aplicación de la LOGSE ha sido más compleja y donde se han sentido más voces críticas. Sin ningún lugar a dudas la enseñanza secundaria obligatoria es la etapa en que la aplicación de la reforma educativa ha puesto de manifiesto mayor confusión y dificultad, ya que se han manifestado problemas que ha generado la gestión, como es la escasez de recursos. Creo que es preciso tener presente la dificultad para encontrar las causas concretas que han generado esta situación, ya que son muchos los elementos incidentes, porque el cambio en el sistema educativo ha tenido lugar en un momento complejo de nuestra sociedad, lo cual no debe ser valorado como negativo sino que pone de relieve la necesidad de no valorar ningún elemento de forma aislada. Parece razonable que un modelo educativo parta del medio social donde se encuadra. Por este motivo, cuando se plantean medidas educativas para la ESO, es preciso hacerlo teniendo en cuenta la globalidad de la educación. No hemos de tratar la ESO de forma aislada, sino como una etapa más. Por este motivo es necesario abordar la ESO desde una perspectiva global que tenga en cuenta, por un lado, la acción común de las diferentes etapas educativas y, por otro, los diversos agentes educativos, sociales y colectivos que influyen en la educación en este proceso, con el fin de posibilitar la corresponsabilidad y la solución a los problemas de forma colectiva. Igualmente hemos de avanzar en la organización y gestión de los centros con el fin de dar respuesta a las necesidades de la etapa. Será necesario que estén implicados los equipos docentes, impulsar la creación de nuevas figuras profesionales y dotar de recursos suficientes para poder llevar a cabo estos medidas. Finalmente, potenciar la mejora de las condiciones laborales de los profesores impulsando la formación y el reconocimiento a su labor profesional Y mejorar su asignación retributiva.
Elementos de calidad educativa La actual realidad social necesita un modelo de centro educativo que permita una doble actuación. Compatibilizar, por un lado, el tiempo de estudio reglado y por otro, el tiempo de ocio educativo. Cualquier instituto debe organizarse desde la heterogeneidad con el fin de atender la diversidad de competencias, culturas, necesidades y valores en el período obligatorio y post-obligatorio. La autonomía, la participación y la apertura al barrio, al pueblo son instrumentos básicos para conseguir una educación de calidad y adecuada a las necesidades del alumno. La autonomía es un medio para conseguir que el proceso educativo sea de calidad y se adapte lo más posible a las necesidades del alumno, a la realidad social, económica y cultural más próxima. El proyecto de centro queda definido como el eje, que se elabora, que se desarrolla y que se evalúa desde y por la comunidad educativa para que pueda ser una herramienta, que enfoque el proceso educativo. El proyecto educativo requiere recursos, si se desea llevar a cabo. Para hacer realidad la autonomía es preciso una dotación en función de las necesidades, garantizando un mínimo común a todos los centros que permitan una enseñanza de calidad. Como he comentado al inicio de este escrito, en los centros educativos cada día están cogiendo más peso las actividades complementarias y extraescolares que atienden al tiempo libre de los / las alumnos / as. Estos servicios deben ser considerados educativos. Debe existir una relación entre la educación formal y la no-formal que se lleva a cabo en horarios diferentes y por profesionales diferentes. Si abrimos el centro al barrio o al pueblo, será precisa la coordinación con el tejido asociativo, cultural y económico y servicios municipales, lo cual requiere una estructura organizativa democrática donde la participación juegue un papel destacado en la mejora del proceso educativo. Para hacer efectiva la autonomía, deberemos llevar a cabo una descentralización de funciones y competencias, que permita la posibilidad que el centro pueda tomar decisiones. La autonomía del centro adquiere sentido con relación a su entorno social y educativo, lo que pone de relieve la conveniencia de que exista coordinación y cooperación entre centros educativos de la misma etapa y otras. En la enseñanza secundaria, coordinarse con la primaria y la universidad, sería el caso, con el fin de que exista traspaso de información entre etapas. De esta manera, desde la perspectiva de autonomía y descentralización se irá configurando un "espacio educativo" como unidad orgánica y funcional de administración y de gestión educativa, fruto de la dotación de competencias educativas a los barrios, a los municipios o entidades supramunicipales.
Iniciativas compensatorias e igualitarias El currículum ha de ser flexible y abierto para que sea adaptable a las características de cada centro educativo y a las necesidades de todos/as los/las alumnos/as. La contextualización y la adecuación del currículum a la realidad es uno de los temas más complejos de la actividad de los centros docentes, dado que es preciso tener en cuenta el entorno social y las necesidades del alumno. Es y continuará siendo primordial que los Proyectos Curriculares de Centro (PCC) contengan y difundan los cinco tipos de capacidades que se describen en el diseño marco: cognitivas, de interrelación personal, de autonomía y equilibrio personal, motrices y de inserción y actuación social. Todo ello, con el fin de garantizar la igualdad de oportunidades. Parece razonable, pues, que cada centro priorice en el PCC más unas capacidades que otras, sin olvidar ninguna, para que todo el alumnado consiga promocionarse. Así mismo deberá tener en cuenta todas las maneras de aprender que tiene el alumno asegurando que se trabajaran contenidos conceptuales, procedimientos y actitudes como medida imprescindible para atender la diversidad. En la actualidad se está trabajando sobre un Real Decreto que modifica los contenidos mínimos, lo cual representa una modificación importante en los fines educativos previstos en la educación obligatoria, ya que, por un lado, rompe el equilibrio entre comprensión y atención a la diversidad, lo que disminuye la capacidad de los centros para conseguir los mismos objetivos para todos, respetando los diferentes ritmos de aprendizaje. Por otro lado, defenestra el objetivo de educación integral y lo releva por una formación conceptual en el que desaparecen los procedimientos actuales. Parece evidente apostar por la elaboración de contenidos mínimos, consensuados entre todos los sectores implicados en la educación, donde se respeten las competencias de las Comunidades Autónomas y la autonomía de los centros para concretarlas y adecuarlas. En el proyecto de "ley de calidad" se plantea también la posibilidad de desarrollar itinerarios formativos a partir de 3º y 4º de ESO. Serían tres currículums que apostarían por tres opciones de salida a los alumnos: bachillerato, formación profesional e inserción laboral. Es una vuelta al pasado que persigue segregar y abandonar el objetivo de mantener una enseñanza común obligatoria hasta los 16 años. Si se lleva a la práctica, será un retroceso ya que frustraran las expectativas de conseguir la titulación de la ESO y la continuidad futura. Se tendría que apostar por el mantenimiento de la normativa existente, pero aplicando más recursos y fórmulas organizativas que permitan dar respuesta a las necesidades y situaciones de todos los alumnos. La compresibilidad y la organización actual establecen espacios y enseñanzas sin segregaciones, pero ha de prever las especificas de cada alumno/a en el proceso educativo para que no nazca coja. Es lo que llamamos atención a la diversidad que no va dirigida únicamente a los alumnos/as problemáticos o con discapacidades, sino que han de ser receptores de estas medidas. Para lograrlo es preciso definir las plantillas con nuevos perfiles, -trabajadores/as sociales, educadores/as de calle, bibliotecarios/as - y ampliar la formación y la dotación de recursos humanos y materiales en función de la realidad de cada centro y de su proyecto educativo.
Profesorado y formación Diez años después, podemos indicar que la solución a la necesidad de formación inicial del profesorado, sobre todo de secundaria, por parte de las universidades, ha sido insuficiente y desigual ya que los acuerdos y obligaciones que figuran en la LOGSE, títulos de especialización didáctica, centros superiores de formación del profesorado o no se han puesto en práctica en muchas universidades o, si lo ha hecho, no han cubierto las necesidades de formación para las que han sido creados. Por este motivo se ha de instar a las administraciones educativas y a los consejos de las universidades, a que cumplan la normativa y el contenido, en cuanto a formación inicial y permanente, que la ley les asigna. Por otra parte, la modificación de los planes de estudio significaron, en su momento, una ocasión privilegiada para adecuar el currículum las carreras universitarias a las necesidades de los centros educativos, que no podemos olvidar, son una de las salidas profesionales más destacadas de los licenciados universitarios. Por esta causa hemos de plantear la necesidad de que la formación inicial de maestros y licenciados esté adecuada a los aspectos didácticos, psicopedagógicos y académicos. La formación tiene que dar respuesta a las dificultades del profesorado en la coyuntura actual, comprensividad de la enseñanza, atención a la diversidad, así como impulsar la reflexión y el trabajo en equipo. La necesidad de formación permanente con el fin de adecuar el perfil profesional a las necesidades educativas es una demanda implícita en el proceso educativo, ya que un servicio de calidad ha de ser dinámico, pero además la educación está en transformación constante, lo que exige reciclaje permanente de sus trabajadores/as. Parece razonable, pues, una mayor apuesta política con el fin de dinamizar la formación permanente, de forma que se apueste por una reflexión colectiva con el fin de resolver las situaciones problemáticas que la realidad diaria genera a los profesionales de la enseñanza. Creo que las Administraciones competentes en educación han de destinar más recursos a la formación del profesorado, organizando la planificación y la realización de actividades derivadas de sus planes formativos, que permita un reciclaje constante de profesores y personal de servicios en convenio laboral.
Pacto por la Educación Después de la valoración hecha sobre las diferentes facetas que influyen en la educación parece imprescindible situar y centrar el debate y las propuestas en la dimensión social de la educación, teniendo en cuenta que la educación es un tema preferentemente social ya que ha de jugar un papel equilibrador de las desigualdades sociales y de cohesión de la ciudadanía. Vista la situación actual considero que las prioridades sociales en educación se centran en dos aspectos: progresar en la igualdad educativa y mejorar la calidad de la educación. Son dos peticiones importantes porque la educación no ha de observarse desde posiciones mercantilistas de algunos sectores de la sociedad actual, ya que la educación tiene como objetivo contribuir al desarrollo intelectual de todas las personas, a prepararlas para su inserción social y a la vida activa y a recibir una formación profesional y laboral que facilite la prestación de servicios a la sociedad en las mejores condiciones posibles con independencia de su condición social, económica, individual o cultural. La igualdad y la calidad son dos conceptos que han de considerar la educación como un servicio público y una necesidad social que los poderes públicos han de garantizar a todas y todos y no debe regirse por las leyes de mercado, sino que la educación debe ser el eje vertebrador de la formación. Cuando nos referimos a la igualdad, se ha procurar compatibilizar las desigualdades primarias de las que parten determinadas personas o grupos con el objetivo de que se reduzcan las desigualdades sociales, económicas, de género, de minoría cultural, etc., es decir, la educación ha de jugar un papel competitivo de las condiciones de los sectores más desfavorecidos. Ahora todo el mundo habla de la calidad de la educación y del servicio público que la ha de procurar, lo que no quiere decir que todos tengan el mismo concepto de calidad. La calidad educativa ha de impulsar y fortalecer la socialización con el fin de que cualquier persona pueda desarrollar su vida de forma responsable y crítica y con un compromiso con la comunidad de colaboración en su transformación más democrática, así como en la profesionalización e integración laboral poniendo énfasis, sobre todo, en el desarrollo social, ético y afectivo. Este análisis conlleva que el rendimiento exclusivamente academicista quede en un segundo plano porque dicho rendimiento es el que más se relaciona con las desigualdades sociales y culturales iniciales de la persona. Por este motivo la calidad se ha de proporcionar más en los procesos y progresos que hace la ciudadanía mientras realiza su formación. Un tercer aspecto imprescindible para asumir la igualdad y la calidad es la financiación suficiente y necesaria. La importancia de la educación en un país depende del dinero que los gobiernos destinan a su financiación. Como indicador, podemos señalar que el Gobierno español, en los últimos seis años, respecto al PIB, han pasado de dedicar a la enseñanza un 4,9% a un 4,5% en la actualidad cuando en la Unió Europea existe la posición de que todos los países han de destinar lo mismo, sobre el 6% del PIB. Finalmente, es una idea que llevo tiempo defendiéndola en diferentes ámbitos relacionados con la enseñanza y que creo es un momento óptimo para hacerla pública desde este medio también: la necesidad de un pacto por la educación en Cataluña, extraditable al resto del Estado. Como ya sabéis Cataluña y el resto de las Comunidades Autónomas tienen asumidas las competencias en educación. Pacto en el que, al contrario de la cultura marcada por el gobierno central de imponer sus criterios, además del gobierno de la Generalitat estarían implicados todos los sectores inmersos en la educación; Sindicatos, Madres y Padres, Movimientos de Renovación Pedagógica. Una cultura más participativa y acorde con lo que realmente queremos y debemos enseñar y con los tiempos que vivimos. Luis García Calavia.
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