Francesc Granell

Los jefes de Estado y de Gobierno de los 25 miembros actuales de la Unión Europea dan hoy, 29 de octubre, en Roma, su si al "tratado por el que se establece una Constitución para Europa" a través de su firma. A partir de ahí empieza el proceso de ratificación en cada uno de los Estados miembros de la Unión. En casos como el de España los ciudadanos serán llamados a referémdum para confirmar el si que representa la firma del presidente del Gobierno. En otros países se estima que el referémdum es innecesario puesto que el Gobierno y el Parlamento tienen el mandato constitucional del electorado para decidir lo que más le conviene al país en un tema tan complejo como éste.

El tratado constitucional, con sus 448 artículos y sus numerosos anexos, supone a la vez continuidad e innovación respecto del proceso de construcción europea iniciado por los Seis en 1951 con el tratado de la CECA. Continuidad por cuanto el tratado constitucional recoge y sintetiza los elementos que se han ido incorporando al proceso de integración europea a lo largo de sus 50 años de existencia. Innovación porque el tratado constitucional incorpora nuevos elementos de avance, transformación, democratización y profundización respecto del acervo actual, haciendo buena la idea de que la Comunidad ampliada a 25 miembros el pasado 1 de mayo no solamente no se diluye, sino que se profundiza.

A través de sucesivos tratados, la UE ha llegado a tener las instituciones que ahora tiene. A partir de esta ya sólida base institucional confirmada por la crisis de la nueva Comisión de Barroso en el Parlamento este miércoles, el nuevo tratado constitucional crea la figura de un ministro de Asuntos Exteriores (cargo para el que ha sido designado Javier Solana) y de un presidente del Consejo Europeo estable para mejorar la imagen de la Unión en el mundo. Las instituciones, además, se democratizan gracias al reforzamiento de los poderes del Parlamento Europeo y por el aumento del número de cuestiones en las cuales las decisiones se adoptarán por mayoría y no por unanimidad.
Una innovación es su propia autoría, basada en un sistema de convención mucho más democrático que las autorías puramente intergubernamentales de los tratados anteriores (a partir de ahora imposibles). La Unión Europea recibe una personalidad jurídica de la que hasta ahora carecía, constituyéndose en un auténtico nuevo actor internacional de la era de la globalización.

Por otra parte, los temas del Tratado de Maastricht que permanecían bajo sistema intergubernamental pasan a ser regidos por el sistema comunitario casi en su integridad gracias a la desaparición del sistema de los “tres pilares”, en donde Parlamento y Tribunal de Justicia quedaban marginados: el sistema gana así en transparencia. Otra “revolución” de calado es la incorporación al tratado constitucional de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión, introduciendo a nivel europeo conceptos de dignidad, libertades, igualdad, solidaridad, derechos civiles y justicia tales como atención sanitaria, derecho a la negociación colectiva, acceso a servicios de ocupación, derechos laborales justos, seguridad social, protección del medio ambiente, acceso a los servicios de interés general, protección de los consumidores, derechos de los niños y de los ancianos, respeto a la diversidad cultural, religiosa y lingüística, etcétera.

Consolidación de políticas

El nuevo tratado Constitucional consolida las políticas internas y externas actualmente existentes y abre la puerta a que se puedan establecer otras políticas cuando ello resulte necesario. La sola enumeración de las políticas internas y externas sintetizadas en la parte tercera del tratado constitucional es demostrativa de como la Unión Europea influye hoy en áreas importantísimas de la vida de los ciudadanos y de las empresas por encima de lo que los gobiernos nacionales, autonómicos o locales puedan pretender. La nueva Constitución define, además, muy bien las competencias de Unión Europea y de estados y clarifica los límites de la subsidiariedad a todos los niveles de la administración.

Es posible que el tratado constitucional no colme las expectativas de todo el mundo respecto de muchas legítimas aspiraciones, pero tampoco supone ningún retroceso respecto de la integración europea e incorpora, además, efectivamente, mejoras y modos de hacer que facilitarán que los Estados más europeístas puedan avanzar más rápidamente en su integración y que cada uno de nosotros pueda sentirse más europeo. En la reunión entre el presidente del Gobierno español y los presidentes de las comunidades autónomas de ayer ha quedado también claro que preocuparse y hacer avanzar Europa es un tema de todos. Es por ese motivo que debemos apoyar el nuevo tratado constitucional.

Francesc Granell.
Catedrático de la Universidad de Barcelona y presidente de Ciudadanos por Europa.
Artículo publicado en el diario “El Periódico de Catalunya” el 29 de octubre de 2004.