Carles Navales

España acoge a 609.813 inmigrantes mientras 1.800.000 ciudadanos españoles trabajan en el extranjero. En Francia, Alemania o Bélgica la población extranjera ronda el 10% y en el conjunto de la Unión Europea el 6%; aquí estamos en el 1'6%, y sólo 142.816 provienen de África, apenas el 0'35%. Visto por ciudades es distinto, y más aún por barrios, en muchos de los cuales alcanza el 10%, de ahí la necesidad de tomar medidas para que la inmigración no se convierta en factor negativo. La marginalidad es el motor de la desintegración social: hay que evitarlo. Ese y no otro ha de ser el propósito de la ley orgánica sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social (1), que acaba de aprobarse: promover la cohesión social en las ciudades. Cuando los vecinos de cualquier barrio en que ha crecido la inmigración dicen que no son racistas, pero que desde que hay inmigración el barrio se ha degradado, suelen ser verdad ambas afirmaciones: no son racistas y el barrio se ha degradado. La nueva ley contempla la inmigración como un hecho estructural mientras la antigua daba a la inmigración una dimensión coyuntural. Esa es la gran diferencia entre ambas. Tecnología del siglo XXI y condiciones laborales del XIX Ya estaba en la imprenta este número cuando estallaron los sucesos de El Ejido, pueblo español de la provincia andaluza de Almería, que durante una semana se convirtió en la madre de todos los conflictos migratorios que pueden estallar en España. El informe elaborado sobre el terreno por "Almería Acoge" -que publicamos en este ejemplar- nos da cuenta directa de lo sucedido. Se trata de un informe "en caliente", por lo que sorprende su altísimo nivel de objetividad. Tal es la evidencia de lo sucedido que no hizo falta echar mano de magnificación alguna. En esa comarca española se concentran 15.000 ciudadanos inmigrantes; la mitad de ellos trabajando ilegalmente; los salarios de 6.000 pts. al día, el día que trabajan; chabolismo generalizado; carencia de derechos fundamentales y guetización de una colectividad. Mientras, los beneficios diarios son de 1.500 millones de pts. Se hace realidad la afirmación de Manuel Castells según la cual una parte del empresariado quiere la tecnología del siglo XXI con las condiciones laborales del siglo XIX: El Ejido es el ejemplo. Hasta hace poco era un desierto, que gracias a las nuevas tecnologías y a la mano de obra barata se ha convertido en un vergel en forma del invernadero de cultivo agrícola más grande del mundo, que ha transformado dunas y arenas en inmenso mar de plástico, "maná" providencial en una de las comarcas más pobres de España hace tan sólo unos veinte años. Una necesidad económica Como en el resto de Europa, en España la inmigración se ha convertido en una necesidad económica. Recientes informes del propio Banco de España o del gabinete de estudios del Banco Bilbao-Vizcaya-Argentaria, indican que nuestro país necesita 150.000 inmigrantes al año, mientras el gobierno sólo concede permiso para 30.000, lo que hace que los cien mil restantes, y algunos más, trabajen ilegalmente para atender la necesidad de la demanda y ante la imposibilidad de conseguir un permiso de trabajo. La caída de la natalidad y el crecimiento económico indican que en los próximos años la necesidad de mano de obra extranjera será mayor, de ahí la necesidad de ajustar nuestra realidad y política inmigratoria a la nueva situación. Los tres pilares de la ciudadanía La previsión social y jurídica del crecimiento migratorio es el mejor antídoto contra el racismo. El crecimiento de los flujos migratorios que vienen hacia Europa obedece a la miseria de los países de origen y a la necesidad que tienen las sociedades industrializadas de contar con un contingente laboral para llenar los huecos del mercado de trabajo, que no quieren ocupar los trabajadores autóctonos, y las nuevas necesidades de empleo derivadas del crecimiento económico. Ningún inmigrante escoge como destino un país en el que no le necesitan. La Revolución Francesa convirtió al Hombre en Ciudadano. El esclavismo, el vasallaje y cualquier otra forma de subordinación de un ser humano respecto a otro desaparecía para siempre en el espíritu de las mayorías. El valor tridimensional de la libertad, la igualdad y la fraternidad emprendía una larga andadura, que ha hecho al ciudadano de la Europa de este fin de siglo titular de los derechos a la seguridad jurídica o Estado de Derecho; a la promoción social o Estado de bienestar; y a la participación política a través de las instituciones. Son los tres pilares de la ciudadanía europea. Hoy ya nadie acepta que a un ciudadano se le niegue ninguno de los tres. El ciudadano inmigrante no debe ser la excepción: cuando pone su pie sobre la Europa de las libertades también debe es un ciudadano. Son comprensibles los controles de entradas; la atención a las circunstancias del mercado de trabajo y las decisiones legales de expulsión a quien incumple la ley, pero el inmigrante que se encuentra legalmente entre nosotros debe ser titular de los derechos y deberes que comporta nuestra ciudadanía. La Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano se proclamó en Europa como valor universal, y ese es también nuestro orgullo. Pero la realidad no confirma la regla; son los derechos de los inmigrantes la excepción que la confirma. Una selva legal y burocrática, la carencia de mecanismos de promoción social y participación política, y otras tantas circunstancias, relegan al inmigrante a una condición inferior. Y, en consecuencia, su debilidad ciudadana le convierte en un ser socialmente débil. Su debilidad social y jurídica hace que la palabra inmigrante aparezca en los medios de comunicación junto a otras como violencia, incendios, prostitución, trabajo clandestino, asesinato, y que su entorno sea el gueto urbano, social y moral. Contrariamente a lo que puede parecer, una previsión gubernamental mal entendida, en vez de propiciar mayor seguridad a la comunidad receptora, lo que produce es una mayor inseguridad. La guetización de todo orden que padece la inmigración suele convertirse en el campo abonado para la violencia y el temor. Violencia que ejercen quienes optan por la cultura de la violencia, desde bandas a partidos neonazis, y temor entre los ciudadanos del entorno. Una política razonable debe rehuir la marginalidad jurídica y social, para evitar, justamente, el desastre que acompaña a una falsa previsión basada en la restricción de los derechos del ciudadano. El ejercicio pleno del valor universal de la ciudadanía es la mejor previsión para que la inmigración no sea caldo de cultivo de todos los involucionistas ni motivo de fractura étnica en barrios y ciudades. Ese y no otro, es el sentido que cabe darle a la nueva ley. Un caso concreto de complejidad burocrática Dos, tres, cuatro mil -¿quién sabe cuantos?- inmigrantes en los últimos años encontraron su tumba en las aguas del estrecho de Gibraltar, gran cementerio marino del fin de siglo. No sabemos mucho de los que, tras haber dejado ahorros en manos de quienes prometieron trabajo y dieron miseria, están escondidos en cualquier lugar. Ni de los que pasan día y noche en casa de algún familiar esperando que les sonría la suerte. Tras el desgarro humano hay un problema de fondo: una mala gestión política y administrativa del tema de la inmigración que fomenta la ilegalidad. Vayamos a un caso concreto y de los que más abundaban con la anterior ley. Un ciudadano africano que quiera trabajar en España necesita un contrato de trabajo, un visado y un permiso de trabajo, y cada papel requiere su trámite. Si escoge nuestro país, es porque ya tiene aquí familiares que le han apalabrado un empleo. Para obtener el contrato ha de ser admitido en los "cupos" (15.000 contratos para 1997: estamos hablando de la anterior ley) que fija el gobierno español y que se cierran cuando están cubiertos. La administración comenzó a tramitar los cupos el 17 de febrero de ese año. El hipotético inmigrante quiere ser de los primeros en ser admitido y viene ilegalmente a España en noviembre de 1996 para estar posicionado entre los solicitantes iniciales de los "cupos" de 1997. Está ilegal desde su llegada, trabajando o no, y escondido. A través de un familiar, abogado o asociación humanitaria, el inmigrante presenta un precontrato de trabajo formalizado por un empresario. Los trámites no los inicia personalmente, pues representa que está en su país a la espera de un visado consular que le permita entrar en España legalmente. Suponiendo que el trámite vaya rápido, esperará dos meses a que le confirmen que ha sido admitido en el "cupo". Después, ha de volver a su país para acudir al Consulado español -por ejemplo, Casablanca- donde le darán el visado de entrada en España, que suele tardar de tres a cuatro meses. En muchos casos se alarga aún más y debe mediar el Defensor del Pueblo. A continuación, vuelta a España ahora ya legalmente. Con el visado de entrada, pide el permiso de trabajo. Espera de seis semanas a tres meses. Mientras lo espera, ya puede empezar a trabajar legalmente. Otros, con peor suerte y con contrato apalabrado, no son admitidos y se quedan trabajando ilegalmente entre nosotros para probar mejor suerte el año próximo. Nuestro inmigrante habrá permanecido, pues, desde noviembre hasta agosto en la ilegalidad para tramitar el permiso de un trabajo que ya estaba apalabrado un año antes y en el que ha estado trabajando ilegalmente desde que llegó, o escondido en casa de un familiar si el empresario ha creído más conveniente que no inicie su actividad hasta tener un contrato en firme, algo poco probable por imperativo de las necesidades del mercado laboral. La conclusión: hay muchos ilegales con la posibilidad de un trabajo que la burocracia no les permite ejercer, obligándoles a la ilegalidad durante las largas tramitaciones. El resumen: la política del gobierno generaba más ilegalidad que las pateras. Del "Informe de Girona" a la ley "Uuuuu", contestaba el "Hermano Lobo" cada vez que le preguntábamos si iba a aprobarse la nueva ley de extranjería. Y envueltos por el interminable aullido estuvimos tiempo, hasta que el Congreso de los Diputados dijo sí. Tenemos nueva ley. Atrás quedan siete años de trabajo, y, delante, un porvenir lleno de esperanza. Fue en 1992 cuando se publicó el "Informe de Girona" sobre inmigración. La ley de extranjería comenzaba a evidenciar su estrechez: con la regularización de 1991 afloraron 120.000 inmigrantes que estaban trabajando ilegalmente. Cuando la antigua ley se aprobó en 1985 nadie presumía que la inmigración tuviera la acelerada curva ascendente que ya se dibujaba. Aquel mismo año -valga como ejemplo- CCOO celebraba su Congreso de la Emigración, pero referido a nuestros emigrantes fuera de España, no a los inmigrantes venidos a nuestro país. Y para las ONG's aún no era una prioridad. Fue a partir de la regularización de 1991 cuando tomó cuerpo y comenzó a tenerse conciencia que se trataba de un hecho de dimensiones estratégicas para el que ni las leyes ni nuestra sociedad estaban preparadas. Era necesario y urgente tomarlo en primera mano. La previsión permitiría evitar situaciones de fractura social como las vividas en otros países. Son los años de las campañas del "no al racismo", y había que pasar al "sí a la inmigración" y al "todos somos ciudadanos": la integración sólo puede concebirse desde la igualdad de oportunidades; nunca desde la sumisión de una comunidad a otra. El "sí a la diferencia" sólo tiene lógica si previamente ha habido un "sí a la igualdad" o, como mínimo, "a la equidad". Así, se aceptó por todos que la integración debía basarse en los tres conceptos indivisibles en que descansa la ciudadanía europea: la seguridad jurídica, garantizada por el Estado de Derecho; la promoción social, derivada del Estado de bienestar; y la participación política, mediante el derecho al voto. Y así se convino entre todos: asociaciones, sindicatos y partidos políticos. Se comenzó por el primer pilar, la seguridad jurídica, reformando el reglamento de la vieja ley, que culminó en 1996 entre un consenso general. En aquel tiempo era aconsejable no promover una nueva ley. Existía una enorme tensión política en el país y el gobierno de Felipe González vivía momentos de gran desgaste. Propiciar otra ley hubiera significado hacer de la inmigración arma arrojadiza entre partidos y el resultado final saldarse con un fracaso (los hechos confirman que hubiera sido así). Tras la victoria del PP desapareció la crispación. Se imponía abordar serenamente la globalidad de la cuestión. La ciudad de Girona volvió a ser el marco de debate. La subcomisión de Inmigración del Congreso se reunió con las asociaciones y sindicatos para buscar un camino consensuado para la reforma. Se apuntaron varias alternativas, todas con un mismo objetivo: que el inmigrante adquiriera los derechos de cualquier ciudadano. CiU anunció que presentaría una propuesta de ley recogiendo lo que allí se había consensuado. No pareció el mejor procedimiento, era más lógico que la propuesta de ley tuviera la aceptación previa de todos los partidos, pero CiU se empecinó en presentarla por su cuenta. Así las cosas, a la mesa del Congreso de los Diputados llegaron varias propuestas de ley, por este orden, de IC, CiU, IU y PSOE. La propuesta socialista era, a la vez, una enmienda a la totalidad de las otras. Consideraban los socialistas que era el único camino para propiciar el consenso entre todos los grupos: una enmienda a la totalidad, con el articulado propio de una propuesta de ley, generaba la discusión del todo. La consecuencia fue inmediata: los grupos parlamentarios decidieron empezar de cero y redactar una propuesta de ley consensuada por todos y considerar las presentadas por cada grupo como material de trabajo. Durante dieciocho meses, todas las asociaciones y sindicatos que lo desearon comparecieron ante la comisión del Congreso para ir larvando un proyecto unitario. Todo un éxito político y social. Por primera vez, la sociedad activa, promotora del informe de Girona, asumía un papel de mediación entre la sociedad y las instituciones, superando el marco tradicional de la protesta para adquirir un compromiso firme con el espacio político. Y la primera institución del país era receptiva a ese diálogo. Todos entendían que el consenso político y social era un aspecto clave para evitar lo que en otros países se había convertido en conflicto por la incapacidad de tejer un consenso suficiente. Por fin hubo ley consensuada. Recogía dos de los pilares de la ciudadanía europea: la seguridad jurídica y los derechos sociales. Quedaba fuera el tercer pilar: la participación política. El derecho de voto necesita de una reforma constitucional, aunque se apuntaba la voluntad de que ese derecho fuera el siguiente paso. Llegados a este punto, estalló el conflicto. El autismo mutuo entre grupo parlamentario popular y gobierno, provocó que los ministerios de Interior y Asuntos Exteriores rechazasen la mayor parte del articulado. Nadie podía pensar que en dieciocho meses no existiera comunicación entre los diputados populares y el gobierno que sostienen. CiU realizó un viraje, poniendo por delante su alianza con el PP al consenso parlamentario, mientras los demás grupos consideraron una burla al Congreso querer hacer saltar por los aires lo que se había tejido durante casi dos años. El resultado final ya lo conocemos: la ley consensuada se ha aprobado sin el voto del PP. El resultado La nueva ley es moderada y sensata. Tiene dos grandes bloques. El primero, se limita a recoger la doctrina emanada de las sentencias del Tribunal Constitucional, que puede resumirse así: un inmigrante entrado legalmente en España goza de los mismos derechos y deberes que cualquier ciudadano español, a excepción del acceso a la función pública y del sufragio universal, que necesitan la reforma de la Constitución. La aplicación de tal doctrina ha hecho que la ley reconozca los derechos civiles de reunión, asociación, sindicación, huelga y manifestación y los derechos sociales a la sanidad, la enseñanza, el acceso a la vivienda y al trabajo. El segundo bloque, ofrece mayores garantías para evitar las situaciones de ilegalidad que venían produciéndose como consecuencia de la lentitud burocrática. La nueva ley agiliza la concesión de permisos y pretende legalizar a los que ya trabajan ilegalmente por no haber podido entrar en el "cupo", a la vez que endurece las penas contra los traficantes de mano de obra ilegal, cuestión de primer orden por ser nuestro país la puerta de entrada a Europa. ¿Qué pasará a partir de ahora? ¿Habrá una avalancha de inmigrantes? Sinceramente, no. El principal elemento regulador de las entradas de inmigrantes son los inmigrantes mismos. Pocos abandonan su país para ir a una ciudad donde no conocen a nadie, algo que se evidenció con la caída de la URSS. Un informe de la Comisión Europea estimaba en 1991 que 25 millones de ciudadanos de Rusia deseaban emigrar a Europa occidental antes del año 2000. Y, sin embargo, a mediados de los años noventa la emigración rusa oscilaba en las 200.000 personas por año. La razón es sencilla: los emigrantes se desplazan mediante redes de contacto previamente establecidas y en la URSS estuvo prohibido viajar al extranjero durante setenta años, por lo que carecían y carecen de redes de apoyo para la emigración, excepción hecha de la comunidad judía. A España vienen quienes han apalabrado un trabajo a través de sus familiares o paisanos. Lo que sí aflorará son los inmigrantes que están trabajando ilegalmente; que podrán regularizar su situación y comenzarán a cotizar a la seguridad social aportando dinero al Estado. La política de "cupos" tiene el inconveniente que cuando el "cupo" se cierra quedas fuera. Y, lo normal, es que quienes esperan entrar en el cupo ya estén aquí trabajando ilegalmente mientras se tramita el papeleo, que dura unos ocho meses. Y si quedas excluido, continúas trabajando ilegalmente hasta el "cupo" del año siguiente, de ahí que periódicamente deban efectuarse regularizaciones. Otra cuestión son las mafias que trasladan a inmigrantes a trabajar al resto de Europa. En este caso la actuación policial y el control de fronteras ha de ser estricto y en nuestra agenda diplomática con Marruecos un tema siempre presente. Sucederá, también, que los servicios que ya vienen prestándose alegalmente a los inmigrantes, serán legales. Es el caso de la sanidad. En muchos de nuestros Centros de Atención Primaria se atiende a los inmigrantes, pero el gasto se anota en el capítulo de morosos, porque no era legal hasta ahora. O en nuestras escuelas se admiten a los hijos de inmigrantes haciendo la vista gorda en el momento de la inscripción. Ya no será así. Además, excelentes programas médicos, como el de pediatría del CAP de Palafrugell, o los de enseñanza de Ciutat Vella en Barcelona, podrán darse a conocer y serán útiles en otras ciudades. Dicho de otra manera, lo que en muchos casos estamos haciendo ya alegalmente aflorará para convertirse en legal y donde no era así habrá de serlo. Será el Congreso salido de las elecciones quien controle la aplicación de la ley, ya en vigor, que da automáticamente validez a los derechos civiles y sociales y que deberá tener reglamento antes del verano para ordenar el procedimiento de entrada de los ciudadanos inmigrantes que necesite nuestro mercado laboral. Ya no valdrán el articulado, los decretos y las circulares de la anterior ley: ahora, es ilegal. Con la nueva ley, el inmigrante comienza a ser ciudadano. De los tres pilares de la ciudadanía europea a los que nos hemos referido, el inmigrante accede a la seguridad jurídica y la promoción social, que día a día habrá que ir consolidando. Queda por conseguir el derecho a la participación política para que su ciudadanía sea formalmente plena.

Carles Navales.

Director de la revista "La factoría"; autor del libro "Ciudadano Mohamed" y asesor en temas de inmigración.

(1) Texto en: http://www.reicaz.es/extranjeria/