Albert Fina: Los raros clientes

Pedro López Provencio

T 'adones, company,
que fa ja molts anys
que ens amaguen la història
i ens diuen que no en tenim?;
que la nostra es la d'ells,
t'adones amic?

T 'adones company,
que ara volen el futur
a poc a poc, dia a dia, nit a nit.
T 'adones amic?

Raimon

Al poco de incorporarme con regularidad a las reuniones de la Comisión Obrera de la SEAT cuando, a finales de 1969, ya intervenía frecuentemente en las pequeñas asambleas clandestinas que se realizaban en algunas secciones de los talleres 1 y 2, un compañero me preguntó por mis abogados. Fue la pregunta más rara de cuantas había oído hasta la fecha. ¿Abogados? ¿Un trabajador podía permitirse el lujo de tener abogados? Eso, ¿no era cosa de ricos o de películas americanas? ¡Yo sí los tengo! -me dijo muy orgulloso- y tú deberías tenerlos..., ya te presentaré a los míos.

Unos meses más tarde, en una de las salidas de domingo a Vallvidrera o Les Planes, para comer juntos y seguir hablando de nuestras cosas "sin abandonar a la familia", aquel compañero me llevó hasta "sus" abogados. Allí, sentados en el suelo, comiendo la tortilla, la ensalada y la empanada estaban Albert Fina, Montserrat Avilés y Mª Carmen Rueda. ¿Esos eran los abogados?... ¡Esos eran de los nuestros!

Efectivamente, la primera impresión fue la correcta. Fueron nuestros abogados. Nuestro, fue su despacho. Nos reuníamos en la sala de espera, escondíamos la propaganda sobre las cisternas de los servicios y fotocopiábamos nuestros documentos sin pedir permiso. Nuestro, fue su trabajo. Empezaba antes de las 9 de la mañana y raro era el día que terminaba antes de las 12 de la noche. ¿Sus legítimos honorarios? Jamás se les vio preocupados por eso, aunque se sabe que hubo meses en que no pudieron pagarse su salario.

Es cierto que en muchas ocasiones recibimos la ayuda y la solidaridad de muchos ciudadanos y capas de la población, en primer lugar de los trabajadores de otras fábricas, sectores y comarcas de nuestro país y del extranjero; y también de estudiantes y de profesores; de curas y de movimientos católicos; de algunos colegios profesionales; y de numerosos artistas. Pero es justo señalar que fueron los laboralistas (abogados, ingenieros, médicos y economistas, entre otros profesionales) los que contribuyeron a nuestra causa de una forma cualitativamente superior y con una dedicación admirable.

"Tener abogados", la certeza de que alguien nos asesoraría con gran profesionalidad, que defendería nuestros derechos y que estaría a nuestro lado siempre, pero sobre todo en caso de sufrir la injusta represión de la patronal o del régimen franquista, fue absolutamente fundamental en nuestra lucha y en la conquista de las libertades democráticas de nuestro pueblo. La seguridad que nos hacían sentir tenía un efecto multiplicador en el número de trabajadores comprometidos. Tan a nuestro lado estuvieron que fueron procesados con nosotros por el Tribunal de Orden Público de la Dictadura franquista.

La asesoría jurídica de Albert y de Montserrat fue una excepcional escuela de juristas, donde la ética era una actitud vital y, aunque nunca hubo confusión entre su despacho y nuestro sindicato, muchos sindicalistas obtuvimos de allí la forma de comprender, utilizar y amar el Derecho, como algo que el débil necesita mucho más que el fuerte.

Explicar quién era Albert es una tentación que seguramente asumirán otros compañeros de miscelánea. En mi caso, desde la admiración y el afecto, me resulta imposible la más mínima objetividad en relación con su persona. Por eso he optado por referirme a lo que hacíamos algunos de sus ¿clientes? que, sin solución de continuidad, pasábamos a ser compañeros y amigos.

Debió ser en 1970 cuando empecé a usar los servicios que se prestaban en la Asesoría Jurídica, situada en ese tiempo en un piso de la calle Bailén cercano a la Diagonal. Allí buscábamos información, consejo y protección jurídica, impulsados por la necesidad de hacer más eficaz nuestra actividad sindical y la participación en la oposición a la Dictadura. Principalmente porque hasta finales de la década prodigiosa, cuando aparecen las primeras acciones en contra de la firma del Convenio Colectivo, los trabajadores estábamos condenados a ver su articulado como el de cualquier otra disposición legal, que se nos aplicaba sin haber tenido intervención alguna en su confección. Es en 1969 cuando la Plataforma Reivindicativa se elabora con gran participación, se asume por el conjunto de los trabajadores que la firman masivamente, y una Comisión Obrera la entrega en el Jurado de Empresa sin que éste adquiera el compromiso de defenderla. A finales de 1970 se reactiva la discusión en las asambleas de los talleres ante la proximidad de una nueva negociación del convenio colectivo. En ese momento el asesoramiento profesional de los laboralistas resulta ya imprescindible. En mayo de 1971 se celebran elecciones sindicales al 50% y la Comisión Obrera de la SEAT obtiene un gran triunfo.

En junio de ese año, la Dirección decide unilateralmente modificar los horarios de trabajo y ampliar el turno de noche, comunicándolo directamente a los trabajadores afectados para su ejecución inmediata. Se produce una gran indignación por el trato vejatorio que supone exigir de los trabajadores una disponibilidad absoluta, de un día para otro, como si no tuviesen más vida que la fábrica. Algunos recuerdan las formas despóticas y los abusos del cacique que les impulsó a abandonar su pueblo. Se acuerda en asamblea continuar con el mismo turno que se tenía y, los nuevos representantes recién elegidos, nos dispusimos a la negociación. Al día siguiente los trabajadores obligados al cambio, que se incorporan en su turno de mañana, no encuentran en su sitio las fichas de marcar la entrada, y los vigilantes intentan expulsarlos del taller. Se produce el paro de la producción en todo el taller 1.

En aquellos tiempos la Dirección de la Empresa no sabía qué era negociar, simplemente daba órdenes que debían cumplirse, como en el cuartel, pues de él procedían muchos directivos y casi todos los vigilantes. Aún creo recordar el gesto, entre airado e incrédulo, del representante de la patronal, que presidía el Jurado de Empresa, cuando le decía que no aceptaríamos el cambio de turno masivo, en tanto no conociésemos las razones y negociásemos las condiciones, y que el paro seguiría hasta ese momento, o hasta que se volviese provisionalmente al turno que se tenía antes de la cacicada, o se ampliase el turno de noche con voluntarios. La respuesta que obtuvimos al día siguiente fue la primera relación de trabajadores despedidos. Hay que reconocer que, los representantes legales que, a su vez, éramos miembros de la Comisión Obrera, tampoco nos considerábamos unos expertos negociadores ni podíamos contar con nuestros asesores legales en las reuniones, por lo que éstas se volvieron tormentosas al exigir, con gran indignación y antes de nada, la readmisión inmediata de los trabajadores despedidos. Y, puestas así las cosas, se intentó llevar el conflicto al conjunto de la factoría.

La última reunión del Jurado de Empresa a la que asistí, se celebró en los locales del Sindicato, en Vía Layetana. Aquello era cualquier cosa menos un diálogo. Interveníamos nosotros, la patronal, los verticalistas y hasta puede que asistiese alguno de la policía. Pensé que quizás fuese conveniente ir cediendo en algo; el asunto estaba muy feo, y tal vez si consiguiésemos un café con leche para después del bocadillo de la noche, podríamos realizar una "retirada táctica" y conseguir la readmisión en un momento de más calma. Pero, al bajar a la Asamblea, me encontré con algunos de los que ya tenían la carta de despido, uno de ellos era el que me había presentado a "sus abogados". Recuerdo perfectamente que me dijeron: "mantente firme y no te preocupes, que tú eres jefe, y de los técnicos, y no se atreverán a despedirte". Al poco de entrar al salón de actos, los compañeros que presidían la Asamblea me concedieron la palabra para informar. Cuando me dirigía al estrado se produjo un estruendoso aplauso y, la actitud que pude apreciar en los trabajadores que hacían rebosar la sala, me hizo comprender que aquello sólo podía acabar de una forma digna o muy mal. Al día siguiente me entregaron la carta de despido y me impidieron entrar en la fábrica.

Donde sí pude entrar fue en el despacho de los abogados. Mi caso en el juicio por despido lo llevó Montserrat, que siempre me sorprende con su paciencia y su tesón al explicar sus razones. Supongo que debieron emplearse a fondo para que les dejásemos defendernos con los medios jurídicos, pues algunos compañeros, recordando el proceso de Burgos, proponían reventar la vista oral cantando la Internacional o no reconociendo al Tribunal. La Magistratura de Trabajo, situada en aquel entonces en un edificio de pisos, casi frente a la actual sede de los Juzgados de lo Social, fue literalmente tomada por los compañeros que nos acompañaban. La sentencia declaró los despidos improcedentes, excepto el de Maseda. Pero la dirección de la Empresa, haciendo uso del llamado "incidente de no readmisión", mantuvo el despido pagando una indemnización pecuniaria.

De todos es conocido que la lucha continuó hasta el punto culminante que representó la ocupación del 18 de octubre, el mayor enfrentamiento entre obreros y fuerzas represivas desde el final de la Guerra Civil. Y siguió intensamente casi un mes, con más despidos y sanciones. Y aunque después alguien ha dicho que todo fue una provocación para desprenderse de unos sindicalistas molestos, parece evidente que la dirección de la Empresa quería ampliar el turno de noche porque lo creía necesario, los trabajadores estaban muy hartos de imposiciones unilaterales y nosotros no podíamos seguir el ejemplo de los del vertical, que siempre predicaban la resignación. Eso no fue instrumentado, otra cosa es que pronto tendríamos que enfrentarnos con la negociación del Convenio y el precedente era peligroso.

Aunque algunos compañeros fueron detenidos, torturados, encarcelados, heridos y hubo un muerto, el despido ha sido, seguramente, la medida represiva con mayor costo social que hemos tenido que pagar. Unos 700 trabajadores de la SEAT fueron expulsados de su puesto de trabajo y muchos sufrimos, además, las consecuencias de ser incluidos en las "listas negras" que dificultaban, cuando no impedían, encontrar otro empleo.

En efecto, después de ser despedido improcedentemente en 1971, y antes de poder obtener otro trabajo, necesité que un conocido simulase una contratación, pagándole de mi bolsillo todas las cuotas a la Seguridad Social y las demás cargas sociales, con parte de la indemnización recibida. Aún así , después de pasar con éxito el proceso selectivo y cuando ya debía incorporarme a Ossa como responsable de la sección de tornos automáticos, se me rechazó comunicándome que era por los informes provenientes de SEAT; la policía visitó al director de la empresa de consultoría en la que trabajaba; y también me despidieron de Procolor por la denuncia de alguien del taller de pinturas de Seat, que pudo verme cuando realizaba mis tareas de jefe de mantenimiento.

Por este último despido en 1974, volví de nuevo a visitar a los abogados en su despacho de la Ronda de San Pedro esquina Bruc. Me había casado, tenía un hijo recién nacido y hacía tiempo que no realizaba actividades sindicales concretas. Al entrar en la sala de espera me encontré con un numeroso grupo de antiguos compañeros. Estos me contaron que la dirección de la Empresa había presentado un expediente de regulación de empleo. La hiperactividad y la agitación que había en el Despacho hizo que me olvidase completamente del motivo que me condujo allí. No recuerdo bien como se decidió que me incorporase al equipo técnico que elaboraba el informe que debía acompañar al escrito de oposición que redactaban los abogados. Pero lo cierto es que me sumé a una intensa actividad que empezaba antes de las 9 de la mañana y terminaba pasada la medianoche, de lunes a viernes, los sábados reunión de despacho y los domingos reunión con la Comisión Obrera o el Comité del PSUC de la fábrica.

Era la primera vez que la patronal de Seat presentaba un Expediente de Regulación de Empleo. Los trabajadores mostraban su repulsa con paros parciales y la dirección les respondió con una sanción de suspensión de empleo y sueldo de 10 días a más de 18.000 trabajadores. Naturalmente, la inmensa mayoría acudieron al Despacho. Y desde allí se organizó la defensa por nuestros abogados. Se presentaron, en unos 15 días, casi 14.000 demandas ante la Magistratura de Trabajo. La Dirección de la Empresa se vio obligada a retirar todas las sanciones. Claro que no todo fue sencillo, las colas de miles trabajadores esperando para firmar el escrito del recurso contra la sanción, las discusiones sobre si el colapso de la Magistratura era contraproducente o no y la actividad de las fuerzas represivas, entre otras, nos dieron más de un dolor de cabeza.

La lucha que desarrollaron por toda la ciudad los trabajadores de la Seat, con concentraciones, manifestaciones y explicaciones a la población, culminó con la gran Asamblea que se celebró en la mismísima plaza de Cataluña, que representó la ocupación responsable de la ciudad por el movimiento obrero, con la participación de unos 15.000 trabajadores uniformados con su mono azul de trabajo, que hizo tambalearse las más firmes estructuras del Régimen y temblar a una patronal poco acostumbrada a estas demostraciones de fuerza.

Como es difícil olvidar el oficio, mientras colaboraba en las tareas sindicales, fui observando la organización del trabajo del Despacho, y comprobé que sus métodos respondían a criterios propios de un bufete pequeño con dos o tres abogados, por lo que era previsible que quedasen desbordados al tener que asumir la inmensa tarea que se les venía encima. Unos trabajadores traían a otros y, como se aceptaban todos los que venían sin reparar en honorarios, la visita por las tardes acababa cuando los clientes se cansaban de esperar a altas horas de la noche. Ello comportaba un trabajo desorbitante también por las mañanas y durante las tardes en que no había visita. Como es natural, el cansancio hacía mella. A la vista de la situación, y como me encontraba en paro, les ofrecí mis servicios de organización. Así fui contratado, por el despacho de Albert y de Montserrat, como asesor en organización del trabajo. Pero el asunto no fue tranquilo puesto que no todas las personas estaban convencidas de la utilidad y mucho menos de la necesidad. No obstante, la plantilla del Despacho fue creciendo al compás de los servicios que requerían los trabajadores. En poco tiempo se pasó de cuatro abogados y dos administrativos a más de una docena de abogados, dos economistas, cuatro asesores para la negociación colectiva, asuntos de productividad y otros, dos médicos especialistas en medicina del trabajo y cuatro o cinco administrativos. Y el asunto funcionó como un reloj suizo, necesitando al poco tiempo trasladarnos a un local mucho más grande situado en la calle Casp, y hacer algunas inversiones. Recuerdo divertido la primera vez que propuse la compra de una máquina de escribir electrónica, que tenía la posibilidad de almacenar en su memoria unos 20 formularios, y reproducirlos automáticamente completos después de introducir manualmente sólo las partes variables de cada asunto: "¡La labor de un abogado no puede ser sustituida una máquina!", se dijo con gran convicción.

Al trabajo de organización interna y de relación con los medios de comunicación, que disponían allí de una fuente inagotable de noticias, se añadía el asesoramiento de trabajadores, casi siempre colectivos o representantes sindicales, en negociaciones de convenios y denuncias en Delegación de Trabajo. Los asuntos que más reiteradamente se consultaban, en el ámbito en que me encontraba, eran los relativos a incremento del poder adquisitivo de los salarios y su relación con la "masa salarial", las posibilidades de reducción de la jornada laboral, la mejora en las condiciones de seguridad y de salud laboral, el fomento de la formación y de la promoción laboral, y la participación en la definición y en el control de la organización del trabajo. Se trataba también de inducir a intervenir en las decisiones estratégicas para garantizar el futuro de las empresas, mediante la calidad de los productos, la necesidad de realizar nuevas inversiones y la mejora de las redes comerciales poniéndolas al servicio de los clientes o usuarios. Importante fue la contribución que hicimos al triunfo de las Candidaturas Unitarias, Obreras y Democráticas en las elecciones sindicales que se realizaron en 1975.

No todo fue trabajo, hubo momentos alegres como las dos vacaciones de verano que compartimos Albert, Montserrat, su hija Ana María, mi mujer Isa, mi hijo Rubén y yo -su hijo Francesc y el nuestro Josep fueron concebidos en ese tiempo-, las salidas de fin de semana con los médicos Ignasi Fina, Joana Homar, Jordi Castejón y Angels Company, la fiesta de la Diada del 11 de septiembre de 1976, las verbenas y muchos otros acontecimientos espléndidos y divertidos. Lástima que Albert y Montserrat disfrutasen poco comiendo. Pero también hubo situaciones muy difíciles. Los ataques que sufrimos propiciados por parte de los aparatos de Comisiones y del Partido, que Isidor Boix recuerda. Las ejecuciones de Txiqui y los otros luchadores antifanquistas. Pero sobre todo los asesinatos de los compañeros de Atocha de Madrid, porque además, había conocidos que nos llamaban para preguntar si ya habían venido a por nosotros o si aún estábamos bien.

Para un mecánico ajustador, proveniente de la FP que había conseguido acabar sus estudios de Ingeniería Técnica en una academia nocturna, inclinado a observar el qué, cómo, cuándo, dónde y quién de la producción industrial, le resultaba accesible comprender las necesidades financieras, el precio de las cosas y otros asuntos de carácter económico. Pero el sistema, de derechos y deberes, de garantías, de causas modificativas de la responsabilidad y, en definitiva, de valores que se traslucían de la actividad y de la discusión de los juristas, hacía que me sintiese descolocado casi permanentemente. Sólo los sistemas procesales y procedimentales me eran cercanos. Las reuniones del Despacho, las conversaciones con Albert y Montserrat y, sobre todo, -lo que considero su característica principal- que predicaban con el ejemplo, me movió a estudiar Derecho, y cambió mi mentalidad como quien da la vuelta a un calcetín. Así pase una época inolvidable, rodeado de la mejor gente que uno puede imaginar hasta que, con la Amnistía laboral, volví a mi puesto de trabajo en la oficina de Métodos del taller 7.

Una constatación que es preciso hacer, para entender la decidida lucha de los trabajadores de SEAT por la readmisión, consiste en que eran casi inexistentes los despidos que tenían su causa en la dejación de obligaciones propiamente laborales. Siempre se produjeron en relación directa con las movilizaciones colectivas de los trabajadores y, generalmente, tras un largo período de discusión y defensa de derechos y necesidades plenamente asumidas por el conjunto. Eso es lo que hizo que todos estimasen como propia la expulsión de los sindicalistas. De ahí que la readmisión no significase simplemente un sentimiento solidario, sino que formaba parte inseparable de las más importantes reivindicaciones propias del conjunto de trabajadores.

Así en el mes de junio de 1977 se produce, a mi juicio, la más importante victoria de los trabajadores de la Seat: la readmisión total de todos los despedidos desde 1958 por motivos sindicales, sociales y políticos, es decir, prácticamente todos. Se rompe con una situación autoritaria y represiva que ha perdurado desde la misma concepción y nacimiento de la empresa. Es el preludio de la libertad sindical, la posibilidad de que el trabajador pueda defender colectivamente sus derechos y sus intereses legítimos, sin miedo a que le apliquen, por eso, la pena laboral máxima. "¿Aún es así para todos o sólo es posible para cierto tipo de trabajadores como los controladores aéreos o los Magistrados del Tribunal Supremo?" (El País 28/1/99)

A la Amnistía laboral se refirió Albert en escritos publicados el 16 de julio de 1977 en Triunfo, el 17 de mayo de 1978 en Tele-Exprés, el 28 de julio de 1978 en Mundo Diario, el 9 de noviembre de 1979 en El Periódico y el 18 de noviembre de 1980 en el Diario de Barcelona, entre otros. Pero no sólo fue teoría, en la práctica consiguieron muchas readmisiones a través de procesos judiciales contra empresas que se negaban a aceptarlas. Mi mujer Isa fue readmitida en la Seguridad Social gracias a ellos.

Para muchos aún resulta misterioso cómo fue posible el paso de un colectivo mayoritariamente de procedencia campesina, ideológicamente amorfo y en un contexto cuartelero y represivo, a ser la avanzada del movimiento obrero con una capacidad de lucha difícilmente igualable. Sin embargo, a los que vivimos esos tiempos en primera línea nos parece de lo más natural. La explotación, la ausencia de libertad y la represión soportable en los años 50 empezó a ser inaguantable en los 60 y en los 70 los trabajadores decidieron luchar contra aquel estado de opresión. Aunque parezca increíble, a veces es necesario recordar que a quien más oprimió la Dictadura fue a los trabajadores y que hicimos una contribución mayor y mejor para sacudírnosla.

Aunque los laboralistas tuvieron una gran influencia, es conveniente aclarar que nadie planificó nuestras acciones. Un Director General decía que había estudiado el recorrido de las manifestaciones interiores o "paseíllos" que se usaban para formar la asamblea de taller o iniciar una acción, y que en todos los casos respondían al camino crítico o ideal. Por ello deducía que había algún estudioso detrás. Pues no. Todo eso se decidía sobre la marcha porque ¿alguien puede conocer mejor su taller que los que trabajan en él?, ¿alguien puede conocer mejor su ciudad que sus ciudadanos? Y que todo el país conociese nuestra lucha tampoco era raro, pues en las vacaciones nos distribuíamos por toda la piel de toro.

Valga decir que en 1972, en el Auto del Juez del TOP Sr. Mariscal de Gante por el que nos procesaban a cinco trabajadores y a Albert y a Montserrat, se dice: "... se vinieron desarrollando una serie de reuniones en el despacho de los Abogados, siendo el método empleado el de la realización de un borrador a mano con temas subversivos que se leía a los reunidos, y si era aprobado, se pasaba posteriormente a máquina, y en la siguiente reunión se entregaba impreso a multicopista, y el sobrante, en grandes cantidades, y en paquetes, se lo llevaban los trabajadores en activo de la mencionada factoría asistentes a las reuniones, con la consigna de que los arrojaran por las distintas dependencias de la misma." En 1973, en las conclusiones provisionales, el Fiscal manifestaba que "[...] otras reuniones tienen lugar en Las Planas en las cuales el procesado Pedro López Provencio dirige la palabra a los reunidos, siendo presididos por éste y por Maseda, aquel convocó y organizó la reunión aludida, donde se estudiaba la propaganda a imprimir, se daban consignas a seguir para el mantenimiento del paro y hacían colectas a favor de los compañeros de la empresa y para los gastos propagandísticos". Curiosamente, en la primavera de 1975, fuimos todos absueltos de los "delitos" que habíamos cometido, ¡claro! Desde el Despacho movilizamos a todo el país, enviamos circulares informativas a los abonados que se acercaban ya a los 50.000, implicamos a los Colegios de Abogados, a la Iglesia Católica, y a muchas otras instituciones y organizaciones ciudadanas.

Es importante señalar que las numerosas movilizaciones que se realizaron no lo fueron sólo por intereses directos. La solidaridad ocupó un lugar destacado en nuestras preocupaciones. Muchos recibieron la nuestra en forma de recogidas de firmas, asambleas, concentraciones, paros puntuales, aportación de dinero, manifestaciones y demás.

Fundamental fue que, en enero de 1970, apareciese por primera vez "Asamblea Obrera". Se dejó de publicar cuando la Junta Sindical democráticamente elegida en 1975 editó "El Portavoz de los trabajadores de SEAT". Se volvió a editar más tarde como órgano de la Sección Sindical de CCOO.

La solidaridad económica fue un hecho admirable, que aún me emociona cuando lo recuerdo. El dinero recogido, peseta a peseta, en el interior de la fábrica y con algunas aportaciones exteriores, fue distribuido con una gran pulcritud. Sobre todo si se tiene en cuenta que entre junio de 1971 y marzo de 1975, cuando se realizó la liquidación a la Junta Sindical, se administraron casi 10 millones de pesetas en condiciones de ilegalidad, clandestinidad y permanente persecución. Tanta que en alguna ocasión la policía franquista nos arrebató el dinero que encontró en el domicilio del responsable, consecuencia de los numerosos registros que practicaba. El "Boletín de Solidaridad", con 23 números publicados dando cuenta de todos los movimientos financieros, proporcionaba una confianza total en el empleo de los fondos. Estos, con la colaboración de los abogados, se dedicaban a ayudar a los despedidos sin trabajo y a los sancionados, a la solidaridad con los compañeros de otras empresas en lucha y a pagar multas y fianzas impuestas por el TOP o por el Gobernador Civil.

En la espectacular evolución de los trabajadores, resultó fundamental la Plataforma Reivindicativa, documento que, año tras año, recogía las necesidades y deseos más sentidos. Era confeccionada y distribuida clandestinamente para ser discutida primero en pequeños círculos durante el tiempo de descanso para comer el bocadillo y, posteriormente, en vísperas de las negociaciones del Convenio Colectivo, en amplias Asambleas Obreras. La recogida de firmas apoyándolas, la entrega a la patronal a través de sus interlocutores del Sindicato Vertical y la exigencia de que fuese negociada por representantes de los trabajadores libremente elegidos, fue fundamental para llegar a ser considerados la avanzada del movimiento obrero en España.

A este respecto cabe recordar que, cuando había una convocatoria de elecciones sindicales, se oían voces que hablaban de boicot y de no participar, pero intuíamos que, por mucha fuerza que tuviésemos, siempre habría que terminar hablando y concretando lo poco o lo mucho conseguido. Porque, tal como se decía en la circular del 23.12.74, firmada por nuestros abogados Albert, Montserrat, Ascensió y Rafael: "La natural contraposición entre intereses obreros y empresariales no excluye -claro está- el diálogo y la negociación. Pero también está muy claro que tal diálogo, para ser eficaz, han de efectuarlo reales representantes de los trabajadores y no, por tanto, los que estos no consideran legítimos representantes" y, a falta de mejor base legal, se apoyaban candorosa e imaginativamente en lo previsto en los artículos 1709, 1710 y 1732 del Código Civil.

Todo esto sucedía en un ambiente de gran represión, que en la fábrica fue inmensa desde los primeros años. Al estilo fascista y autoritario con que se comportaban muchos encargados y jefes al principio, había que añadir el exhaustivo control de ingreso, la identificación de los trabajadores con una chapa en el pecho, en la que se mostraba la sección de trabajo, el taller y el grupo profesional. Los numerosos vigilantes, ex militares o provenientes de la policía y de la guardia civil, impedían cualquier acto o desplazamiento de los obreros desvinculado de la producción. Las sanciones y sobre todo el despido era lo más terrorífico, puesto que no se conformaban con la expulsión, pasabas a integrarte en una lista negra con unas posibilidades casi nulas de encontrar trabajo, ya que se te perseguía con una dedicación digna de mejor causa. El Reglamento de Régimen Interior consideraba falta la "simple incorrección en el ademán o en la respuesta al dirigirse a un encargado, maestro de taller o jefe". Todo eso originó, en buena parte, el protagonismo de los abogados que nos defendían.

Los medios represivos que se utilizaban fueron variando a lo largo de tiempo y, de forma simplificada, se pueden distinguir diversas fases. Hasta bien entrados los años 60, los mandos intermedios -jefes, encargados y vigilantes- son los que ejercen un despotismo salvaje. Hasta que, por la presión obrera y la incorporación de nuevos profesionales que se resisten a realizar otros cometidos que no sean los propios de su profesión, se pasa a utilizar a fondo el Sindicato Vertical, la Delegación y la Magistratura de Trabajo, como legitimadores del control y de la represión. Pero como es sabido, la inteligente utilización de las posibilidades legales, con la ayuda insustituible de nuestros abogados, se transforma en un arma de doble filo que se vuelve contra la patronal.

A partir de 1968 es la propia Dirección de la Empresa la que asume directamente la represión con despidos y sanciones masivas. Recurre al poder político, permite la estancia habitual en la factoría a la policía de la brigada político social y les suministra la filiación, el domicilio y la fotografía de los sospechosos o "cabecillas". Como en toda "caza de brujas", había fachas que se aprovechaban de la situación para ajustar cuentas personales, ello explica que algún represaliado nada tuviera que ver con la Comisión Obrera. En el tiempo final de la Dictadura se utilizan a fondo las detenciones, encarcelamientos, procesos ante el Tribunal de Orden Público y disolución a tiros de manifestaciones, con heridos y muertos.

Coincidiendo con el fin del franquismo aparece en la fábrica un espectacular desorden en la producción. Tanto, que somos los sindicalistas, algunos readmitidos recientemente, los que hemos de tomar la bandera del trabajo bien hecho, de la calidad y de la necesidad de que existan criterios racionales de coordinación y de autoridad no represiva en la dirección del proceso productivo. Entonces es cuando las constantes amenazas de traslados, la incoación de expedientes de regulación de empleo o crisis, la potenciación de la división sindical y, en definitiva, la inseguridad en el puesto de trabajo, se transforma en el nuevo instrumento de represión, que se utiliza y resulta eficaz incluso cuando se obtienen pingües beneficios para el capital. En eso estamos aún.

Es bien cierto que muchos creíamos necesaria la pluralidad de partidos políticos que expresasen las distintas ideologías y proyectos de sociedad. Pero también lo es que fuimos irreductibles en la defensa de la unidad sindical. Hasta el punto que algunos compañeros del aparato nos "acusaron" de querer acabar con CCOO, y también de querer pasarnos a UGT y, ciertamente, muchos estábamos dispuestos a hacerlo si con ello se hubiese conseguido un sindicato unitario. Asumiendo, por supuesto, el dolor de quien renuncia a la obra más querida por un bien superior. Porque Comisión Obrera éramos desde que, en aquel pequeño taller allá en 1964, dejamos por primera vez la lima para, junto con otros compañeros, ir a hablarle al patrón pidiendo jabón en vez de polvos y supresión de las pulgas de la carbonera en lugar de bañarlas de vez en cuando con zotal.

La batalla externa por el sindicato unitario, de clase, democrático y reivindicativo la perdimos pronto. Pero la lucha por hacer prevalecer al Consejo de Fábrica y después al Comité de Empresa sobre las Secciones Sindicales duró más. En nuestro activo está haber resistido la tremenda presión de los que tenían grandes intereses para dividirnos, de los que buscaban su ratón particular para intentar ser su cabeza, de los que no querían perder cuotas de influencia y de los que, con mejor o peor intención, pretendían seguir tutelándonos. También en esto nos comprendieron y nos apoyaron nuestros abogados. Nadie nos convenció de que libertad sindical era sinónimo de división sindical. Sabíamos perfectamente qué era la ausencia de libertad y también que los derechos se afirman frente al antagonista, y el antagonista del trabajador no es su compañero sino la patronal y sus instrumentos, que, por cierto, acostumbra a estar unida.

En ese tiempo fueron cambiando muchas cosas. En la estructura de CCOO se fueron integrando nuevas funciones de servicios (seguros, viviendas, divorcios, turismo y otros asuntos civiles y mercantiles). La demanda individual de asesoramiento sindical, jurídico y técnico se fue incrementando. En una proporción similar se veía disminuir la acción sindical colectiva. La nueva situación propició que el asesoramiento profesional desde el sindicato tuviese que prestarse, en parte, por principiantes y por "enteradillos". Todo ello condujo a una burocratización creciente, a una gran confusión entre responsabilidad sindical y puesto de trabajo en el sindicato y a profundizar más en la división. A este respecto resulta interesante volver a leer los trabajos de l'Albert publicados en Mundo Diario el 27 de septiembre de 1979 y en El Periódico el día 14 de octubre de 1987.

Nuestras discrepancias con el camino por el que nos conducían los aparatos nos obligaba, con demasiada frecuencia, a discutir más con nuestros dirigentes locales y nacionales, sin poder distinguir cuándo actuaban como sindicato o como partido, que con los representantes de la patronal, que asistían complacidos al espectáculo de nuestro acoso y derribo a cargo de los nuestros. Triste experiencia que también sufrieron Albert, Montserrat, y otros laboralistas. También resultó dolorosa la ceremonia de la división que oficiaron algunos compañeros, cuando empezaron a organizarse en el marco de sindicatos históricos, sin presencia real en la fábrica hasta después de la conquista de las libertades. Puesto que para obtener una mayor parte de representatividad intentaron, con gran desconsideración, deslegitimar buena parte de la actividad sindical realizada durante la Dictadura. Y se ofrecían como "conseguidores" que obtendrían sus reivindicaciones sin necesidad del sufrimiento que supone, para todo trabajador, alterar la vida laboral normal.

No obstante, hoy los principales sindicatos, CCOO y UGT, parece que comprenden y procuran la necesaria unidad de acción y, a veces, tratan de atraerse a los otros más pequeños. La esperanza de vernos un día bien unidos en una sola organización, transformadas las elecciones sindicales en una confrontación de ideas y de selección de los representantes más adecuados, con unas estructuras absolutamente democráticas e independientes de todo, excepto de los trabajadores y de sus asambleas, y utilizando los servicios de unos laboralistas capaces de ejercer su profesión con gran autonomía, son aspiraciones que permanecen vigentes y se deberían impulsar con más entusiasmo y menos sectarismo.

Los cuatro años de trabajo en el Despacho debieron tener una importancia decisiva para que, al poco de ser readmitido a finales de 1977, el Consejo de Fábrica a propuesta de la Sección Sindical de CCOO, me propusiese primero como experto y después como portavoz de la Comisión Deliberadora del VIII Convenio Colectivo de la SEAT.

Instalada la división sindical, había cambiado sustancialmente la forma de elaborar la Plataforma Reivindicativa. De la intervención participativa de muchos trabajadores en los talleres y oficinas con posterior recogida de firmas, lo fundamental pasó a ser la discusión entre las cúpulas de las Secciones Sindicales. Claro, la forma más sencilla de llegar a acuerdos era quedarse en cada punto con la propuesta más exagerada.

Aunque la Comisión Negociadora había sido elegida en las Asambleas de los distintos centros de trabajo, muchos de sus 35 miembros, 9 expertos y 3 asesores, parecían más interesados en hacer ostentación de su Sección Sindical que en representar al conjunto de los trabajadores y, me parece que, con el principal objetivo de demostrar que el suyo era el Sindicato más "conseguidor", con más y mejores asesores externos. En aquellos momentos no lo entendí, pero ahora puedo comprender la irritación que provocaba en algunos dirigentes del aparato de CCOO, cuando no sólo no hacía bandera de mi afiliación, sino todo lo contrario, seguía comportándome como el sindicalista unitario que siempre fui con el apoyo de los compañeros.

La negociación fue muy dura, pues se vio condicionada por los Pactos de la Moncloa y por el anuncio de la Dirección de la Empresa de solicitar una regulación de empleo de 24 días en el primer trimestre del año siguiente. En esas circunstancias, "después de tres laudos y con una plataforma reivindicativa muy ambiciosa en los temas económicos, de jornada y sociales", se inician las deliberaciones. En primer lugar, los representantes del capital cuestionan nuestra representatividad en función de la próxima convocatoria de elecciones sindicales. Seguidamente, se niegan a aceptar que el ámbito del convenio se amplíe a las empresas prestamistas y a los obreros que trabajaban por su cuenta habitualmente en la factoría, y manifiestan su voluntad de aumentar las "empresas de contrata" siempre que les resulte más rentable ¡Toda una declaración de intenciones de lo que ha venido después! ¡Divide y vencerás! Consecuentemente, la patronal mantenía dos conversaciones paralelas, una oficial con todos los componentes de la Comisión Deliberadora, muchos con sus pegatinas sectarias de CCOO, CNT, USO, CSUT y UGT bien visibles, y otra con una parte de cada grupo sindical.

Mucho nos costó conocer la primera contraoferta de los representantes del capital, ya que las marchas minoritarias, que desde el primer momento impulsaba un grupo de izquierdistas, desde los centros de trabajo hasta concentrarse ante el edificio donde se tenían que celebrar las deliberaciones, servían de excusa para que no se sentasen a hablar. Difícil fue hacer comprender a algunos que los tiempos en que no podíamos hacer otra cosa que luchar durante la negociación del Convenio ya habían pasado, que ahora el objetivo era conseguir mejores condiciones para los trabajadores, y que sólo en caso de que se nos negase lo razonable estaríamos legitimados para emprender las acciones pertinentes.

Entre unas cosas y otras, lo cierto es que la confusión que se creó hizo decaer una forma de movilización tan importante como son las manifestaciones y las concentraciones que, con el anuncio de la regulación de empleo, eran las que podían resultar más útiles. Tampoco fue posible aceptar las pantallas de televisión instaladas en el Polideportivo que ofreció la patronal, para que todos los que quisiesen pudiesen seguir en directo las deliberaciones. La causa pudo estar en el inconveniente que supondría, para algunos, que se pudiese ver el distinto papel que jugaban en las reuniones de la comisión deliberadora y en las asambleas de la fábrica.

De las actitudes sindicales, pueden ser ilustrativas las posturas que se adoptaron en el Consejo de Fábrica en relación con una propuesta de 4 horas de paro: CCOO apoyó a la Comisión Deliberadora y las 4 horas de paro, CNT se salió por la tangente diciendo que estaban por un convenio a escala nacional, USO no se pronunció, CSUT no quería pequeñas demostraciones de fuerza y proponía huelga legal indefinida, y UGT era claramente contraria al paro, pero "comunicaría a la patronal que si no daba un convenio digno no sería difícil que el paro lo convocasen ellos". El paro se realizó, excepto en los talleres de Zona Franca. Así los obreros de la SEAT demostraron una vez más que sabían lo que se hacían, si la patronal necesitaba parar la producción próximamente ¿por qué se lo íbamos a facilitar a nuestra costa?

La negociación acabó con innumerables discusiones sobre el "sexo de los ángeles", con algunos compañeros empeñados en repetir viajes a Madrid para visitar al Presidente del Consejo de Administración. Debía gustarles la actitud paternalista que mostraba, como si sus representantes en las deliberaciones no cumpliesen órdenes suyas. Después de diecisiete sesiones, se sometió la "última y definitiva" oferta a referéndum de todos los trabajadores que, con nuestro apoyo, la aceptaron mayoritariamente.

Los aspectos más destacados son los siguientes: incremento salarial sobre el 20% repartido por mitades proporcional y lineal, disminución de casi 43 horas de trabajo al año, participación de la Comisión de Productividad en la rotación de puestos de trabajo, derecho de los hombres a excedencia por maternidad, compromiso de adoptar nuevas formas de organización del trabajo en función de las aptitudes de los trabajadores y no al revés como es habitual, se suprimió la obligación de hacer horas extras, se aseguró un puesto de trabajo a disminuidos físicos, la mujer trabajadora tendría libre acceso a todas las categorías y profesiones, y además se suprimió la categoría de peón pasando a incorporarse unas 400 personas en la categoría de especialista. Dos asuntos merecen ser destacados especialmente: no se pudieron acordar garantías sindicales en el convenio por el veto expreso del representante de Madrid afiliado a UGT, eso a la patronal le vino como agua de mayo. Un resultado realmente novedoso fue acordar que se estaba en desacuerdo en diversos asuntos por lo que, en la adicional primera, se convenía "instaurar el sistema de negociación abierta para el análisis, estudio y perfeccionamiento de las siguientes instituciones: productividad y primas; fábricas; división comercial; promoción, formación y clasificación profesional; horario flexible y jornada continuada; seguro de vida".

Hoy los avances en libertades y en la mejora del nivel de vida de los trabajadores son evidentes. Por nuestra contribución a ello nos sentimos muy dignos y, en este caso también, ciertamente orgullosos. Como premio esencial nos queda la amistad que seguimos disfrutando una buena parte de aquel grupo de audaces que, en ocasiones, se jugó la vida, la libertad y el puesto de trabajo por las cosas en que creía. Como nostalgia, el convencimiento de que la transición de la dictadura a la democracia se hizo a costa de la desmovilización de los trabajadores, de su división y de su precarización.

Del empeño de Albert Fina por sus ideales dan cuenta sus escritos. Así el 25 de noviembre de 1978 en vísperas del referéndum, se pronunció en Mundo Diario sobre la Constitución y el trabajo, resaltando la inclusión de los derechos fundamentales y también algunas insuficiencias. El 2 de enero de 1988 en el Diario de Barcelona, manifestaba "La Constitució acaba de complir nou anys." "És veritat que tots ens hem de sentir satisfets quan, durant aquest nou anys, s'ha anat consolidant la democràcia després de tants anys de dictadura". "Si les llibertats polítiques aconseguides, amb tots els defectes que es vulgui, són acceptables, no es pot dir el mateix -ni de bon tros- pel que fa a la igualtat i justícia social imperants". En Mundo Diario el 10 de agosto, el 28 de julio y el 11 de septiembre de 1979 en Tele Exprés, calificó al proyecto de Estatuto de los trabajadores como un gran paso atrás y en El País del 26 de octubre de 1983 se muestra muy crítico con la reforma para conseguir más flexibilidad en el mercado laboral.

Hoy resulta evidente que ha cambiado sensiblemente el entorno. La mejora generalizada del nivel de vida se ha producido con un notable incremento de las diferencias entre los que tienen más y los que tienen menos. La inseguridad en el empleo y la desconfianza en los trabajadores son características del ámbito productivo actual. Y eso sucede a pesar de que las nuevas técnicas de organización del trabajo, que se impulsan a través de las normas ISO 9000 y del Modelo Europeo de Gestión de la Calidad Total, declaran caducas las derivadas del Taylorismo y propugnan la participación y el bienestar de los trabajadores en el trabajo y de las personas de su entorno, como condición imprescindible para el buen funcionamiento y la mejora de la calidad. Y siendo esa la teoría que prevalece ¿cómo puede compaginarse con los contratos basura? Desgraciadamente, al tiempo que declaran su modernidad, muchos dirigentes empresariales, incluso de las instituciones públicas, siguen implantando la jerarquización a ultranza y cantando las excelencias de la precarización. Cuando lo que debería procurarse es la motivación de los trabajadores y el establecimiento de procesos adaptados a las personas, no al revés, propiciando la cooperación entre ellas y procurando que el trabajo deje de ser un castigo y tienda a transformarse en una forma más de realización humana. Hoy la tecnología puede permitirlo. Sin embargo, estas técnicas se obvian y siguen intentando "valorar el puesto de trabajo" con independencia de quien lo ocupe y sin apenas predefinir su contenido, lo que ofende la inteligencia más elemental. Continúan empeñados en importar sólo elementos de control sobre las personas, como la "evaluación del desempeño", práctica apta quizás para otras culturas y latitudes, pero que en nuestro país resulta hasta bochornosa. Todos quieren crear puestos de trabajo para combatir el paro. Pero de los que tiendan a generar cada vez mayor valor añadido, con buenos profesionales, bien formados y muy interesados en su trabajo: ¿cuántos?.

En los Gobiernos de muchas Administraciones Públicas proliferan las acciones de simple propaganda y "de cara a la galería". Se dedican demasiados esfuerzos a ocultar o adornar la punta del iceberg, a mayor gloria del cacique que, por haber obtenido el cargo por procedimientos democráticos, se cree con poder ilimitado. La organización administrativa, con reformas legales bienintencionadas pero sin aplicar, sigue siendo más propia del siglo pasado, clientelar, autoritaria y burocrática, e incapaz de la autocrítica. Lamentablemente, cuando se han introducido cambios reales, ha sido muchas veces para suprimir controles, ampliar la discrecionalidad o facilitar la arbitrariedad, con la recurrente excusa de que la legalidad impide la eficacia, cuando lo uno es condición necesaria de lo otro.

Estos neoliberales de ahora están convencidos de que el capital sólo debe ganar mucho sin arriesgar nada. Si hay pocos beneficios se cierra y se abre otra cosa en otro sitio. Y Ford, por ejemplo, no tiene inconveniente en declarar públicamente que cerrará la factoría de Almusafes, y se irá a otro sitio si no se aceptan sus condiciones en el Convenio. La plusvalía ha sido desterrada del vocabulario y el salario aparece transformado en una forma de expolio del capital, al igual que los impuestos.

Las grandes empresas tienden a convertirse en simples cadenas de ensamblaje final o superautomatizadas. La producción con aporte de mano de obra se tiende a repartir entre los antiguos trabajadores, que pasan a ser empresarios cautivos o autónomos dependientes que trabajan a destajo, a veces en condiciones deplorables, a los precios que les imponen las multinacionales. ¿Recordamos las más rentables "empresas de contrata" que anunciaban en la negociación del VIII Convenio en 1977?. Los trabajadores por cuenta ajena deben estar a plena disposición, día, noche, festivos y, si conviene, prolongando la jornada sin cobrar las horas extraordinarias.

Mientras tanto, entre la juventud se introduce el virus del individualismo. Sobre todo, conseguir y conservar el trabajo amenazado. A finales de 1998, a la pregunta saludo de: "¿cómo estás?", un vecino arquitecto me respondió: "cansado, trabajo casi 60 horas semanales, pero soy afortunado: aún tengo el empleo". No hace falta prestar mucha atención para poder observar los mensajes subliminales de corte reaccionario, que circulan contando que hay mucha gente "muy preparada" esperando. Que, a pesar de lo estrecha que es la puerta, llegan personas desde el sur y el este que suelen conformarse con menos aún y, en lugar de reconocerles nuestros mismos derechos, se califican como privilegios y se pretende que renunciemos a ellos, para una mejor competitividad en el "libre mercado del trabajo". Hay que estudiar más, tener más títulos: especializaciones, masters, postgrados, idiomas, etc. ¡Cuánto negocio hay en tanto curso basura que anuncia la competitividad en vez de la competencia!

Por otra parte, la bolsa sube y baja espectacularmente beneficiando a los avisados y expoliando a los ingenuos. Los capitales internacionales (especulativos cuando se van y grandes inversores cuando vienen) circulan por el mundo sin control alguno a la velocidad de la luz, manejados por "brokers", que sólo se interesan por la rentabilidad financiera, sin la menor preocupación por el bienestar de las personas y los pueblos. Resulta escandalosa la especulación que se hace en la Bolsa y en el sector inmobiliario, así como con la circulación del dinero negro.

El control de la gente que se puede realizar, como consecuencia del uso generalizado de las tarjetas de crédito, puede llegar a ser casi absoluto. Cualquier cosa o acción que comporte un pago quedará registrada en el ordenador de la entidad financiera correspondiente. Hasta las calificaciones que se obtienen en los estudios universitarios también estarán en poder de alguna "Caixa". Causa risa el control que la Iglesia ejercía a través de la confesión, cuando era la institución dominante. Por eso resulta tan preocupante que las escasas preferencias asociativas vayan pasando de los sindicatos, partidos y otros grupos de carácter reivindicativo y comprometido a ONGs bienintencionadas de naturaleza próxima a la caritativa. ¿Y qué decir de esos políticos que andan buscándonos adecuados cauces de participación?

Evidentemente, no hemos llegado a la meta que soñamos. Pero tampoco han logrado aun imponernos el pensamiento único. Queda mucho por hacer y creo que, como siempre, serán las fuerzas del trabajo y de la cultura las que pueden impulsar la historia. Hagámoslo. Pero, como condición necesaria, acabemos con las principales formas represivas actuales: la precarización del empleo por un lado y la desvalorización del sistema intelectual y universitario por otro. Recobremos la función dirigente, unida o no a la de representante, para impulsar la participación exigente y responsable de las personas y sus organizaciones. Desmintamos que libertad es igual a libertad de movimiento sin control del capital especulativo. Rechacemos que información equivale a manipulación de los medios de comunicación social. Y afirmemos, como lo haría Albert, que lo único importante es la realización de la persona en un marco social justo y solidario, en un entorno natural equilibrado y sostenible.

 

Pedro López Provencio.
Trabajador de SEAT.
Este escrito forma parte del libro "Albert Fina" editado por "La factoria cultural", de reciente aparición.