Michel Rocard

Sin duda Vigny me perdonará por parafrasear uno de sus títulos más bellos. El tema sobre el que me invitan a reflexionar es precisamente el de este título. Frente al profundo y complejo cambio de civilización que estamos viviendo, frente al incremento conjunto de la violencia y de la pobreza, a la dificultad creciente de asegurar un empleo estable y correctamente remunerado para todos, o al agravamiento mundial de las diferencias entre ricos y pobres, el descrédito de la política, es decir, el debilitamiento de su función reguladora, es un elemento menor sólo en apariencia. En parte se trata de la clave de la incapacidad de hacer frente a esta situación.

Toda profesión conlleva cierta nobleza. El drama de la política es que, en ella, esta nobleza es menos aparente que en muchas otras profesiones. Los arqueólogos y los historiadores lo han dicho muchas veces: la grandeza de cualquier civilización del pasado se mide por su arquitectura, pintura, escultura, literatura, filosofía y religión. De la antigüedad sólo conocemos los grandes políticos cuando han sido grandes asesinos. Sin embargo, los buenos políticos han acompañado y estimulado la creación cultural. Pero éstos han sido olvidados y sólo se recuerda a los autores materiales. Las excepciones son muy escasas: Hammurabi, hasta cierto punto Ramsés II o Pericles, Confucio, aunque este último sólo era consejero imperial. La opinión pública tiene muy clara la traducción contemporánea de esta maldición de la política. Algunos artistas, cantantes, deportistas, médicos o investigadores consiguen producir alguna vez una obra de arte, una gran marca, un descubrimiento que recibe una aprobación unánime. A los políticos, no les ocurre nunca. El mejor de los actos, la mejor decisión posible experimenta inevitablemente algún deslucimiento, algún cuestionamiento vehemente, y a menudo insultante, pero que, aún siendo muy minoritario, basta para poner en entredicho la imagen del político.

Los alcaldes se salvan

En Francia se realiza un sondeo anual muy conocido (cuyos resultados no dispongo en el lugar y momento en los que escribo) en el que se pide a nuestros conciudadanos que clasifiquen por orden de preferencia las profesiones de hoy en día. Los médicos, cantantes, deportistas, exploradores y astronautas aparecen siempre en cabeza, en distinto orden, pero sin grandes diferencias entre ellos. A continuación vienen, a una distancia significativa, los ingenieros, funcionarios, profesores y, al final de la lista, los jueces, periodistas y políticos. Hasta hace quince o veinte años, los periodistas todavía se encontraban al principio de la lista. Se observa, sin embargo, una extraña excepción: los alcaldes siempre figuran en el pelotón de cabeza. Así pues, no todo está perdido para la política: existe un nivel de responsabilidad y un tipo de cargo político que, finalmente, la opinión pública respeta. Sin embargo, la opinión pública trata claramente a los alcaldes como si no fuesen políticos y, a estos últimos, los rechaza implacablemente.

No obstante, quiero dar fe aquí de que la política también tiene su grandeza. Hay nobleza, y sin duda satisfacción personal, cuando se ayuda a los necesitados. Por ejemplo, creo que fue San Luís el creador del hospital general. Siendo yo mismo el último de una larga lista, he tenido la posibilidad de crear y establecer el salario mínimo de inserción. Sucede muy pocas veces, pero esta nueva forma de ayuda, la primera en ofrecer un apoyo desde los poderes públicos a un proceso personal de inserción social, fue votada por unanimidad. Se salvaba así de la miseria absoluta a más de medio millón de personas. Tras la votación me sentí muy orgulloso de los medios que me proporcionaba mi profesión.

También hay nobleza y, por tanto, satisfacción, para quien la busca, cuando se construye algo. Dejar tras de sí una obra construida que refleje la voluntad de algún colectivo de garantizar un servicio permanente, sobretodo si la suerte hace que el arquitecto haya estado inspirado, da una gran tranquilidad de espíritu. Desde mi cargo de alcalde pude experimentar con intensidad esta emoción. Recuerdo a los padres que visitaban la nueva y acogedora guardería de sus pequeños y que se felicitaban al ver que sus retoños empezaban sus vidas en un ambiente agradable, contrariamente a lo que les había sucedido a ellos. Había decidido construir ese edificio y, con la ayuda de los técnicos, había escogido el proyecto. Esa noche también sentí la grandeza de mi profesión.

Aún hay más nobleza, y mayor orgullo si cabe, cuando se redactan buenas normas, a pesar de que es muy difícil traducirlas en algo concreto y duradero. Por ejemplo, cuando estableció el Código Civil, Napoleón salvó la gloria de un reino del que, sin aquél, sólo se habrían recordado las guerras. Mi propia contribución a este ámbito principal de la profesión del político no tuvo, como es evidente, esa magnitud. Sin embargo, al inventar el concepto y la práctica de los contratos locales, tuve la fuerte sensación de haber puesto al Estado en su sitio, haber limitado su despotismo y haber devuelto dignidad, autonomía, responsabilidad y capacidad de expresión a los órganos de la administración local y a nuestras empresas públicas, hasta ese momento tratadas arbitrariamente como sujetos. Otra de las normas que establecí fue la contribución social generalizada. Es una fuente de ingresos para nuestra protección social, pero también el primer impuesto sobre la renta proporcional y abonado desde el momento de su aplicación. Constituye una modernización de nuestro sistema fiscal y una fuente de ingresos de la que Francia todavía no cesa, ni lo hará por mucho tiempo, de obtener beneficios. Esta norma me costó cara: salvada por cinco votos de una moción de censura, la primera y única en la historia de Francia en la que los comunistas unieron sus votos a la derecha al completo, me supuso una caída vertiginosa en las encuestas y quizás un final de mandato prematuro. Es para mí un motivo más para estar especialmente orgulloso de haberla establecido. Nadie pone en duda, actualmente, la pertinencia de esta innovación fiscal.

Finalmente, la nobleza suprema de la profesión del político, que incluye la posibilidad de hacer la guerra, es naturalmente la de poder hacer la paz. Se trata de un arte difícil, poco frecuente. Tuve la oportunidad de poder acabar, tras una negociación de ocho semanas, con la guerra civil entre las comunidades de Nueva Caledonia. La noche del acuerdo de Matignon no dudaba de la grandeza de la profesión que había escogido.

El pacto o la fuerza

¿De dónde procede entonces este descrédito, esta decepción, esta pena cívica que comentaba al principio? Primero hay que señalar que la profunda conflictividad de la política es un problema de siempre. Los sultanes turcos hacían asesinar sistemáticamente a sus hijos por temor a que se convirtieran en sus rivales. No cabe duda de que esto tiene que ver con la importancia de lo que domina y administra la política: la violencia y el dinero. Sea cual sea la relación, aceptada o no, que tenga con algo trascendente, todo sistema de poder tiene como finalidad terrenal el control de la violencia y el reparto del dinero. Ejército, justicia, policía, moneda e impuestos son la sustancia profunda de la autoridad política. Lo demás, sea cual sea su extensión, educación, protección social, infraestructuras, higiene y salud, etc., es contingente, está ligado al nivel de complejidad alcanzado por la sociedad y, de hecho, es ajeno a la naturaleza del poder. No es posible hacer buenas normas que gusten a todos y no perjudiquen los intereses de algunos. Hacer la guerra, o la paz, no es nunca una decisión aprobada unánimemente.

Además, los ingredientes del juego político también tienen su parte de responsabilidad en el espectáculo dado por el conjunto. En la omnipresente búsqueda de una legitimidad del poder, se combinan ideas, símbolos, intereses y personas. Los únicos que permiten alcanzar acuerdos y se adaptan bastante bien a ello son los intereses. Sobre las ideas, ya es mucho más difícil transigir; sobre los símbolos, imposible. En cuanto a las ambiciones y al carisma de las personas, su relativa compatibilidad con el arte de alcanzar acuerdos constituye la trama principal de la historia humana. La importancia de los símbolos en la lucha política es probablemente lo que mejor demuestra la mala prensa de la cultura del pacto, y es la clave de la decepción en política. En el fondo el poder sólo dispone de dos armas: la fuerza o el pacto, eventualmente apoyado por el dinero. El pacto es el único capaz de organizar la vida en sociedad. La fuerza zanja los asuntos, pero no reconcilia a la gente. Sin embargo, en el pacto no sólo intervienen intereses; a menudo también recorta las ideas y algunas veces incluso se interfiere con los símbolos. No hay pacto sin decepción simbólica.

Durante mucho tiempo, he pensado sobre la pasión con que mi generación apoyó a los guerrilleros de Fidel Castro contra el terrible dictador Batista, y, más tarde, sobre su apoyo a la lucha del pueblo vietnamita contra los norteamericanos, mientras que no mostró ningún interés por la extraordinaria construcción de la democracia llevada a cabo por el pueblo español tras la muerte de Franco. Y no era sólo un asunto de gente joven: artistas, novelistas, cineastas, todos se implicaron. Una condición para rehabilitar la política es eliminar el romanticismo del fusil. La nobleza del pacto, al contrario, debería ser objeto de la filosofía y la teología; los símbolos, al igual que los tabúes, están por todas partes. No sólo se asocian a la soberanía y a la dominación de territorios, sino que también rigen ampliamente toda la evolución legislativa del matrimonio, el divorcio y la herencia. Y, lo que es seguramente aún más peligroso para la estabilidad del mundo, rigen la moneda y los impuestos. En todos estos ámbitos, el pacto tiene un coste importante en términos de decepción y de pérdida de legitimidad. No obstante, el hombre necesita símbolos. Actualmente se tiende a llamarlos puntos de referencia, pero el debilitamiento de los puntos de referencia supone una crisis de civilización.

Estos primeros comentarios se refieren a cuestiones que se han dado en todas las épocas. Explican la fragilidad permanente de la confianza política, pero no explican su deterioro profundo y reciente.

Hacer realidad las ideas

Hay que comprender la arquitectura del juego político para hacerse una idea exacta de sus servidumbres, de las dificultades en las que se ejerce y de su evolución reciente. "La política trata de ideas", dijo un día Albert Thibaudet. En mi opinión, es absolutamente falso. La política empieza donde acaba la simple elaboración de las ideas y donde aparece la voluntad de llevarlas a la práctica.

La profesión política comporta dos aspectos indisolubles, en continua interacción, pero que es esencial distinguir correctamente. Al primer aspecto se le puede calificar de "ascendente". Es el arte de la conquista del poder y de su preservación, la búsqueda conjunta de la legalidad y de la legitimidad; en definitiva, la competición. El uso de la fuerza y de las prácticas electorales interviene en proporciones muy variables, según el grado de civilización. El otro aspecto es "descendente". Es el del ejercicio de las funciones conquistadas, de la gestión en todos los sentidos del término, incluida la parte de innovación que conlleva.

El aspecto ascendente, es decir la conquista permanente del poder, la competición, es el principal lugar de confrontación entre la fuerza y el derecho. Para poder analizar correctamente el proceso por el que la fuerza se somete al derecho hay que situarse fuera de nuestras naciones desarrolladas y civilizadas desde la antigüedad, respetuosas de los derechos humanos y de la democracia representativa desde hace más de un siglo y medio. Las democracias desarrolladas sólo representan de hecho la quinta parte de la población mundial.

Sea porque domina abiertamente, sea porque apoya sin intervenir un sistema de poder que se regula más o menos sin ella, la fuerza nunca está lejos del poder. Después de todo, en este siglo Francia ha vivido cuatro situaciones en las que ha sido la fuerza la que ha creado una nueva legalidad o ha restablecido una legalidad amenazada: 1940, 1944, 1958 y mayo de 1968. El recurso a la fuerza sólo se mitiga, y después se hace difícil, e incluso imposible, en la medida en que los procesos de transmisión de poder y de sucesión se consideran eficaces, previsibles y capaces de evitar la violencia. En este sentido, la adopción por parte de la opinión pública de estos procesos, como alternativa preferible al uso de la fuerza, es lo que produce su rechazo y hace improbable la aceptación de su intervención. Pero cualquier crisis importante, de origen exterior o interior, replantea fatalmente el problema. Alemania e Italia eran democracias en el periodo de entreguerras; durante un periodo de tiempo más corto, España y Portugal también lo fueron, al igual que Grecia inmediatamente después de la guerra. Todas estas naciones sufrieron alguna crisis y volvieron a regímenes de fuerza, de los que costó mucho tiempo y muchos sufrimientos escapar. En resumen, el proceso de aculturación de la democracia es largo, y no hay que descartar las recaídas.

Cuatro consecuencias

De esta constatación desearía sacar cuatro consecuencias relacionadas con la calidad de nuestras democracias actuales y con la imagen debilitada que dan de sí mismas, fuente del desinterés por la política.

La primera se refiere a nuestras relaciones con los países en vías de desarrollo. En la mayoría de ellos el poder se basa en la fuerza. La experiencia ha demostrado que hace falta tiempo, prudencia y habilidad para impedir los golpes de estado y convencer al ejército de que no salga de los cuarteles, sobre todo cuando la pobreza, el paro masivo y las desigualdades flagrantes asolan una sociedad. En Brasil hace unos veinte años, en Malí hace unos diez, en Nigeria hace unas pocas semanas, lo que ha devuelto la democracia es la prudencia de los propios militares. No es precisamente algo frecuente; hay incluso dos ejemplos extremos. En el Congo-Brazzaville y en Madagascar, la comunidad internacional, muy especialmente Francia, ha conseguido "hacer llegar la democracia". En ambos sitios se llevaron a cabo elecciones, siguiendo unas reglas nuevas y desconocidas, y se prestó apoyo a un personal totalmente nuevo e inexperto, sin relación alguna con las estructuras de fuerza. Los resultados han sido catastróficos en ambos casos. En uno, el "elegido democrático" se negó incluso a organizar las elecciones que debían poner punto final a su mandato, provocando así una espantosa guerra civil. En el otro caso, el antiguo dictador, que tenía inteligencia y fuerza suficientes como para asumir comportamientos un poco más democráticos así como los riesgos de un relativo multipartidismo, fue triunfalmente reelegido. En resumen, la única política inteligente y eficaz consiste en acompañar progresiva y prudentemente el establecimiento de procesos regulares, que puedan ser legalizados más adelante, de transmisión del poder, a la vez que el desarrollo de una prensa y de una justicia independientes, sin buscar sistemáticamente, salvo en casos de dictaduras atroces como las de Milosevic o de Mobutu, la desestabilización de las estructuras establecidas. Una intervención explícitamente en este sentido acaba de triunfar en Togo: se ha evitado una guerra civil, al proteger el poder de un dictador que evolucionaba de manera relativamente favorable y prever una salida democrática a la crisis.

Ahora bien, nuestras democracias desarrolladas necesitan entusiasmo. En la actualidad, la gran causa es la de los derechos humanos. La política de moderación que acabo de esbozar no sólo resulta inaceptable para los defensores de los derechos humanos, sino que, además, seguramente la atribuirán a la cobardía de las autoridades políticas occidentales, y más aún cuando en esas elecciones se mezclan a menudo grandes intereses. La línea que consistiría en llevar a juicio a cualquier jefe de Estado represivo y a cualquier agente de esta represión daría lugar a innumerables guerras civiles e internacionales. He aquí una de las causas de la desconfianza democrática que tienen los mejores militantes de las democracias actuales.

Segunda consecuencia de la fragilidad en la relación entre fuerza y derecho: la democracia es débil frente a aquéllos que no respetan sus reglas. El refuerzo constante y deseable de los derechos de la defensa, el control creciente y necesario sobre las conductas de la policía y la reticencia cada vez mayor a utilizar la fuerza pública aseguran de hecho una creciente libertad de maniobra a todo tipo de delincuencia, especialmente a los traficantes de droga y de dinero, a los dictadores también, al igual que a aquéllos que, aunque sea por causas puntuales, deciden recurrir a la fuerza. Algunos sindicatos sectoriales de objetivos discutibles lo saben muy bien. Aquí hay una debilidad de la democracia, pero es una debilidad deseada, que se ha vuelto necesaria por la lógica de un sistema basado en primer lugar en los derechos humanos. Sin embargo, en lugar de describir este precio como algo que vale ampliamente la pena pagar, en nombre de los propios principios que lo justifican, la opinión pública se complace en contemplar con desdén la impotencia de nuestros regímenes y en culpabilizar a sus dirigentes.

La tercera consecuencia que se deriva de esta observación es en realidad una inquietud. Ante el cambio tecnológico que estamos viviendo, el hecho de que se traduzca en una pobreza masiva, como en Estados Unidos o en Japón, o en un paro masivo, como en Europa, debilita la cohesión social de nuestras naciones. Nuestro milagroso y maravilloso proceso de transmisión democrática del poder es un proceso propio de tiempos de tranquilidad. Me temo que sea menos sólido de lo que la gente cree y que con poca cosa se pueda dar al traste con él.

La cuarta consecuencia que quisiera sacar de esta constatación no lo es en realidad. Es más bien una pregunta. "¡Qué bella era la República bajo el Imperio!" ¿Cómo puede ser que la democracia, que fue defendida a veces con las armas, con un heroísmo increíble bajo tantos regímenes dictatoriales, se muestre, una vez instaurada, de una debilidad tan decepcionante? En un libro de una abrumadora erudición, "Democracia fuerte", un profesor norteamericano, Benjamin Barber, señala que la democracia representativa nació no sólo al mismo tiempo que la libertad de prensa (lo que es harto conocido), sino también al mismo tiempo que la economía política moderna. Dentro del amplio esfuerzo que siguió a la Ilustración para someter las relaciones entre los hombres a la razón, lo primero que se quiso permitir, fomentar y organizar fueron los comportamientos mercantiles. Nuestra democracia es racional como el "homo economicus". Está destinada a optimizar los comportamientos de consumo y las posibilidades que derivan de éstos. Desde entonces, todas las dimensiones afectivas, interpersonales, artísticas o creadoras del individuo humano no tienen cabida en esta organización social. Es pues una organización frustrante casi por definición. Todos los elementos emocionales le son extraños. De aquí derivan a la vez una debilidad constitutiva de nuestra democracia representativa y una fuerte demanda de formas nuevas de democracia, principalmente participativas. Dejo que el lector medite sobre esta tesis, pero observo que da buena cuenta de esta tristeza que la instancia política debe a sus límites.

La política y la gestión

No está todo dicho, ni mucho menos. También es necesario observar el aspecto "descendente" de la actividad política, la gestión.

En el ámbito del ejercicio de las responsabilidades políticas, a mi entender, los principales parámetros son la capacidad de escuchar y el tiempo, además, por supuesto, de la competencia, ya que los asuntos públicos son desesperadamente complejos, lo que es una razón más de desafecto.

No se puede ayudar a los necesitados sin conocer las causas y los detalles de su situación, es decir sin haberles escuchado antes. No se puede construir sin respetar los usos y costumbres de quienes van a utilizar dicha construcción. No se pueden elaborar buenas normas sin escuchar a aquéllos sobre los que se van a aplicar. No se puede reducir la violencia y hacer la paz a través de los acuerdos sin tener plena consciencia de las razones de esta violencia, sin pleno conocimiento de la historia y de la parte de legitimidad que tiene la causa adversa.

Todo esto sólo es posible si el "discurso de legitimidad", es decir, el contenido de las campañas electorales y los compromisos adquiridos en esas ocasiones, es compatible con esta disponibilidad hacia los demás, esta ausencia de fanatismo y esta predisposición a alcanzar acuerdos. Sin embargo, la realidad es muy otra. Existe una maldición de las promesas y de los compromisos electorales. En la literatura política, éstos son los únicos textos que se elaboran sin ser sometidos a la crítica y al debate. Lo son en cambio los discursos públicos o parlamentarios y los documentos legislativos de todo tipo. Antes que cualquier otro, el primer objetivo de la redacción de los compromisos electorales es el de suscitar el entusiasmo de los simpatizantes y asegurar mayorías en los congresos. En el círculo reducido de afiliados, militantes, compañeros o camaradas, está mal visto, o se considera descortés, el examen crítico de las propuestas demasiado osadas, porque es desmovilizador. Así nace el fanatismo y se desarrollan muchas propuestas muy poco razonables.

Se plantea entonces el horrible dilema: ¿se deben cumplir o no las promesas? No hay ningún problema cuando se trata de promesas realistas y sobre las que es posible llegar a acuerdos. Pero, como es lógico, las más importantes serán las más simbólicas, es decir, normalmente las menos compatibles con un respeto escrupuloso de las realidades y con una negociación a fondo con los demás. Mantener este tipo de promesas electorales provoca a menudo grandes dificultades y unos costes excesivos. Un buen ejemplo de ello son las condiciones en las que se llevaron a cabo las nacionalizaciones de 1981. No haber mantenido dichas promesas hubiese sido tanto como pregonar la volubilidad de los políticos y agravar así la desconfianza de la opinión pública hacia todo el sistema.

Todo gobierno depende fuertemente de la mayor o menor capacidad de acuerdo que impone el estado de ánimo de su mayoría. Pero, por supuesto, durante las campañas electorales, los símbolos, todo aquello sobre lo que no es posible transigir, son los que crean mayores entusiasmos... y los que provocarán las futuras decepciones.

El "tempo" político

Todavía es más importante, si cabe, la variable de la duración. Se tarda mucho tiempo en crear un nuevo derecho, un nuevo procedimiento o una nueva institución. Pocas veces pasan menos de tres o cuatro años entre la aparición de una idea y su traducción en forma legislativa (el impuesto progresivo sobre la renta ha requerido más de veinte años). Pero, sobre todo, el tiempo que necesita el público para manejar ese derecho y hacerlo suyo, para descubrir y utilizar el procedimiento, para adoptar y respetar una institución se cuenta a menudo por decenas de años. Todo fue mucho más rápido en el caso del salario mínimo de inserción, pero es un caso único y todos aquellos que dependían de él tenían un gran interés en el procedimiento. En cambio, ¿cuánto tiempo ha sido necesario para que el mediador de la República y el Consejo Constitucional ocupasen su espacio en nuestra vida colectiva? Por lo menos diez años. Durante tres años seguí muy de cerca la aplicación de los acuerdos de Matignon y Oudinot sobre Nueva Caledonia: sabía que en cuanto se olvidase la belleza simbólica de la firma, aparecerían de nuevo los demonios en los detalles.

Lo que acabo de escribir sobre las novedades sirve "a fortiori" para las reformas. Se necesitan veinte años para que una reforma del sistema educativo produzca resultados perceptibles en términos de cultura, de conocimientos, de comportamientos de los hombres y mujeres formados en ese nuevo sistema. Y hace falta al menos la mitad para que una reforma fiscal alcance su equilibrio y sea plenamente aceptada. Incluso un programa económico innovador, salvo si se refiere a las tasas del IVA o las fluctuaciones del cambio, necesita de nueve a diez meses para que se empiecen a notar sus primeros efectos. En resumen, en el ámbito de la gestión - y no el de la competición -, la profesión más próxima a la responsabilidad política es la arboricultura. El instrumento de trabajo básico no es la sierra, de la misma manera que no lo es la revolución. El tratamiento consiste en proporcionar abono, plaguicidas, podas hábiles y medidas, es decir, estimular, facilitar, mejorar los textos y los procedimientos, y hacer un seguimiento atento.

Así pues, resulta poco frecuente poder llevar a buen puerto un proyecto político importante o una gran reforma en el tiempo de un único mandato. Muchos alcaldes dicen sin tapujos que las realizaciones locales de las que se sienten más orgullosos sólo han sido posibles a lo largo de su tercer o cuarto mandato; ahora bien, estos mandatos duran seis años, más tiempo de lo habitual en la vida pública. Por cierto, es lo que sucedió en el caso de la renovación completa del centro de la pequeña ciudad de la que fui alcalde. La tendencia a limitar el número de mandatos consecutivos en la misma función, aunque es comprensible, implicará necesariamente una reducción de las ambiciones de los que ocupan los cargos. También sucede que la brevedad ocasional de las funciones gubernamentales es un obstáculo para los grandes proyectos políticos. Francia, por ejemplo, se asfixia por no poder hacer una reforma comunal y territorial profunda. Y, sin embargo, ningún gobierno, a excepción quizás del Presidente de la República, tiene asegurada una vida suficientemente larga para poder llevarla a cabo.

El control mediático

Sin embargo, lo esencial no es esto. Lo importante es que toda la información que recibe la opinión pública sobre la vida política proviene exclusivamente de los medios de comunicación. Son ellos los que dominan la relación entre lo "ascendente" y lo "descendente", la competición y la gestión. El sistema, que en la actualidad se basa principalmente en la prensa escrita, la radio y la televisión, tiene el monopolio absoluto sobre la información y la opinión sobre lo que sucede en la sociedad. Exceptuando algunos discursos ocasionales del Jefe del Estado, la palabra pública ya no tiene un acceso directo a la opinión pública. Ya es hora de plantearse cómo funciona este sistema y qué consecuencias comportan sus reglas y sus prácticas.

Hace cuatro o cinco milenios, los faraones inventaron la profesión de escriba, con la finalidad de controlar lo que se decía sobre el poder. No entraremos en los detalles: el sistema se ha mantenido aproximadamente igual hasta el siglo XIX. Y cuando se consiguió la libertad de prensa escrita, se inventó la radio y la televisión, sobre las que muchos estados, entre ellos Francia, han intentado restablecer el monopolio perdido.

Para evitar cualquier ambigüedad en la comprensión de lo que sigue, quiero recordar mi decidida convicción no sólo de que no hay democracia sin libertad de prensa, sino también de que ha sido la libertad de prensa la que ha permitido la expansión de la democracia. Sólo se trata aquí de poner de manifiesto los efectos perversos de ciertos modos de funcionamiento del sistema actual.

Recordemos primero que las cosas son menos nuevas de lo que se cree: la opinión pública ha existido siempre. Catalina de Médicis lo sabía perfectamente cuando organizó en 1564 con su hijo Carlos IX, rey de Francia, un viaje de dos años por el reino para reconciliar a los franceses con su rey. En las asambleas de la Revolución se expresaban corrientes de opinión surgidas en la Francia más profunda. Y muchos gobiernos de la III República tuvieron unas relaciones execrables con la prensa. La aparición de los medios de comunicación audiovisuales cambió cualitativa y cuantitativamente las relaciones entre el poder y la opinión pública. Es en el momento de la emergencia de estas técnicas cuando se produce un cambio en la naturaleza de las relaciones entre el poder y la opinión pública, cuyos efectos negativos ocultan gravemente la mejora de la democracia que, de otra manera, podría haberse dado.

La televisión y la radio están presentes prácticamente en todos los hogares, lo cual no tiene nada que ver, en términos de influencia, con sólo el 10% - 15% de ciudadanos a los que alcanza la prensa escrita. La televisión es el medio dominante, no tanto porque transmite lo esencial de las informaciones -la prensa escrita siempre es más rica-, sino porque establece una jerarquía de los temas, hace una selección de lo que se dice y lo que no se dice, impone las interpretaciones dominantes y da validez a los símbolos.

De la palabra a la imagen

Más que atacar ciertas prácticas periodísticas, resulta esencial analizar primero las limitaciones técnicas que tiene el sistema y contra las que ni siquiera los mejores periodistas pueden luchar. La primera se refiere a la imagen. Por su propia naturaleza, mucho más impactante que el texto, la imagen busca la emoción, el drama y soporta muy mal la explicación, el razonamiento y la contextualización. La imagen no se ajusta a lo complejo y tiende a alejarlo de la percepción pública. Esto potencia soluciones prefabricadas, "efectos de anuncio" sin continuación y simplificaciones absurdas. Segunda característica: la velocidad. La electricidad permite que cualquier noticia importante se difunda por el planeta en unos minutos y que decenas de miles de periodistas entrevisten a decenas de miles de personalidades en los minutos siguientes a un gran acontecimiento: la detención de Pinochet, el asesinato de Rabin, los primeros ataques sobre Kosovo. En estas condiciones, todo el mundo habla antes de haber reflexionado, es decir, antes de haber considerado suficientemente el contexto, las causas, las circunstancias y las consecuencias de una información y de haber contrastado su opinión con la de los demás. Volvemos al grado cero del discurso político "por impulsos". El conocimiento, la experiencia, la profesionalidad y la propia información desaparecen ante esta consagración de lo intuitivo.

Los sondeos de opinión no solucionan nada. Además, la palabra opinión utilizada en este caso es exagerada. Opinión viene de "opinar", es decir, aprobar, y existe opinión cuando se ha llegado a un acuerdo sobre un punto de vista. Ahora bien, hace ya mucho tiempo que el principal lugar de transmisión de las noticias era "el bar de la esquina", en el que alguien comentaba el periódico del día para los demás y donde se llevaba a cabo una discusión. La televisión nos pilla aisladamente, cada uno en su casa, y los sondeos registran una simple suma algebraica de impulsos, intuiciones y actos reflejos expresados al margen de toda confrontación con la información, de la profesionalidad o incluso de otros pareceres. El resultado de todo esto, llamado exageradamente opinión pública, y puesto en forma de tablas y gráficas, tiene un peso muy grande para cualquier gobierno. Por tanto, se hace extremadamente difícil seguir políticas rigurosas en ámbitos como la seguridad social o la agricultura, y aún más poner suficiente convicción y dedicar suficiente tiempo para tratar con la paciencia, la serenidad, la continuidad y la coherencia necesarias problemas como el de Córcega o el de la violencia en los barrios periféricos. Los que responden a los sondeos quieren, a su vez, cosas espectaculares y efecto anuncio. No son sensibles a la belleza de la arboricultura y, por lo demás, tampoco se les muestra. Todos estos procedimientos tienden a dar un carácter instantáneo a la relación entre gobernantes y gobernados. Desaparece el largo plazo que, sin embargo, constituye la mejor herramienta para crear.

Tercera característica técnica: la competencia. Existe un exceso de medios de comunicación. Cada uno en su ámbito, escrito, hablado o televisado, lucha contra los demás para encontrar su clientela. La única manera de imponerse es hacer más "ruido" que los demás. Por tanto, se busca la exclusividad, la noticia de primera página, la voluntad de ser el primero en anunciar algo. En esta carrera infernal, la primera víctima es el tiempo necesario para comprobar las noticias y el objetivo más buscado es la denuncia del escándalo. Así es como cualquier individuo sospechoso se convierte en culpable, cualquier rumor en una información y cualquier propuesta se equipara a una decisión adoptada. Además, por cuestiones de prestigio, ninguno de los órganos de los medios de comunicación soporta que se desmientan sus informaciones. Así se lo hacen saber con claridad a los pobres responsables políticos que se atreven a hacerlo. Un político experimentado no desmiente nunca nada. La historia dirá... mucho después.

Todos estos problemas se mezclan entre sí. La prensa escrita, que podría contribuir a restaurar las dimensiones de complejidad y de duración, y que tendría tiempo de comprobar la veracidad de su información, se deja en cambio llevar por la televisión en la jerarquización de los temas, el exceso de simplificación y la carrera hacia la noticia de portada.

El resultado es de sobras conocido. La información real desaparece del sistema mediático, que se consagra cada vez más al espectáculo. En lugar de presentar los resultados de una política, se hace debatir a los políticos entre ellos, dejándoles sólo tiempo para hacer afirmaciones o condenas, pero sin poder explicar realmente las cosas. La prensa ejercía antes un control sobre los datos y las cifras que se exponían, señalando y corrigiendo las estadísticas falseadas. Esa época ha terminado. Se prefiere promover el debate entre los políticos, pero sin aportar ningún elemento. De pronto, las cifras, que siguen siendo esenciales, ya no pueden servir en el debate político.

La omnipresencia de los medios de comunicación es, además, un obstáculo para la discreción necesaria en toda negociación o en todo proceso de toma de decisión. Toda negociación realizada en público está condenada al fracaso. Y cuando se está tomando una decisión, si se considera que un medio o una técnica resultan inadecuados y se hace público, en lugar de considerarse que la buena decisión consiste en encontrar una vía alternativa para alcanzar el mismo objetivo, el cambio de estrategia se convierte en una derrota política. Por eso, las decisiones se meditan menos, se gobierna más por intuición y se negocia mal.

De hecho y para resumir, el sistema mediático, deseoso de espectáculo, se centra casi exclusivamente en la competencia entre políticos y olvida casi por completo la gestión. Y lo que es aún más grave, recorta los horizontes. No se tiene en cuenta ninguna información, reflexión o debate, si su horizonte sobrepasa los cinco o seis meses siguientes, o como máximo la siguiente campaña electoral. Los proyectos de gran envergadura resultan imposibles o prohibidos y los buenos resultados de gestión quedan prácticamente eliminados. A grandes rasgos, del político sólo se ve la corrupción. Ésta es, sin duda, la principal razón del descrédito de la función política.

La decepción del político

Es absurdo esperar que una reforma o una mejora sustancial venga únicamente del mundo de la política. Solamente a partir de una conciencia cívica común entre actores y comentaristas se podrán producir evoluciones capaces de rectificar el tiro, y de las que, por lo demás, tenemos ya algunos ejemplos. Existe un nuevo "periodismo cívico" americano que augura muy buenas perspectivas. Pero, de momento y a pesar de esto, la situación tiende más bien a empeorar. Existe indudablemente un descrédito de la política en la opinión pública, que es debido tanto al espectáculo que ofrecen los medios de comunicación como a la sensación de impotencia o de ineficacia creciente que dan nuestras autoridades públicas. Sin embargo, también existe (a pesar de que se muestra menos) una desmoralización en los propios políticos. Se resignan cada vez más a no tener ni ambiciones ni proyectos que vayan más allá de la siguiente campaña electoral, ya que no hay ni espacio ni medios para darlos a conocer.

También es necesario comentar brevemente otros tres factores, cada uno de los cuales merecería un estudio profundo. El primero es que toda esta decepción sería menos amplia y menos profunda si, al menos, la instancia política diese la impresión de ser eficaz. Sin embargo, ante el aumento de la inseguridad, de la violencia civil, del paro y de la pobreza, no se pronuncian ni la sociología ni la economía. El oficio de los políticos consiste en hacer aceptar y llevar a la práctica las soluciones que la filosofía y la ciencia proponen; no tienen que inventarlas ellos mismos. Como están obligados a hacerse ver y apretar manos, es imposible que además se dediquen a investigar en el ámbito de las ciencias sociales o que piensen, en el sentido más exigente del término. La impotencia de las ciencias económicas contemporáneas ante el paro y la pobreza la pagan, de hecho, los políticos. Un nuevo Keynes conseguiría, además de prosperidad y empleo, la adhesión al sistema.

El segundo factor tiene que ver con la filosofía económica dominante. No es por casualidad que se desacredita siempre que se puede al Estado y, por tanto, la autoridad de la norma. El hecho de describir sistemáticamente la intervención pública en la regulación social como algo pernicioso y portador de efectos perversos más fuertes que los efectos positivos esperados, tiene necesariamente como consecuencia orientar fuertemente los comentarios periodísticos e influir sobre la elección de una carrera. Nuestro sistema de Escuelas Superiores sigue garantizando buenos profesionales para servir al Estado, pero éstos abandonan la alta función pública mucho antes que en el pasado, en beneficio casi exclusivo del sector privado, y cada vez menos de la carrera política. Aunque Francia no es, ni de lejos, el peor ejemplo de esta evolución, todo parece apuntar a una mediocridad creciente del personal político.

El tercer factor es más delicado y creo que tiene una importancia fundamental: se trata de la manera en que los periodistas y la opinión pública se vengan de la decepción que les inspiran los políticos. No se les concede el respeto que no se merecen por sus audacias, realizaciones y eficacia insuficientes, o desconocidas, al no haber sido comentadas por nadie, pero se les exige que estén totalmente sometidos a sus electores y que tengan un nivel de moralidad muy distinto al de la media de los ciudadanos.

En la política sólo abrá temporeros

Se entra en política sabiendo de antemano que, sea como sea, se recibirán insultos. Por muy larga que sea la constante histórica, este aspecto no deja de ser siempre intolerable para el cónyuge o los hijos. Sin embargo, durante mucho tiempo, había compensaciones, en forma de una relativa estabilidad, bienestar y respeto. Estas compensaciones están desapareciendo. La enorme presión social para evitar la acumulación de mandatos y para disminuir el número de mandatos consecutivos posibles, aunque es perfectamente comprensible como esperanza de una democracia más activa, agrava la inestabilidad de las carreras políticas y disminuye la calidad de la profesionalidad, que, sin embargo, es necesaria. La política también se aprende y el proceso dura mucho tiempo. Al final, en la política sólo habrá temporeros.

También hay que hablar de dinero. Para los cuadros superiores - ¿y qué es un diputado sino un cuadro superior, o un alcalde, sino un jefe de empresa? - los salarios públicos son bajos, y sin embargo es necesario aparecer en público, recibir autoridades y muchas veces mantener dos domicilios al mismo tiempo. La acumulación de mandatos y los regalos de las empresas eran soluciones parciales. Por excelentes razones, que hay que aprobar, todo esto se ha prohibido o lo será. Entonces, falta alguna compensación.

A diferencia del mundo anglosajón o escandinavo, Francia sigue siendo un país donde el hecho de haber "fumado un canuto" en la juventud o tener costumbres conyugales no irreprochables todavía no es un impedimento para ejercer la política. ¿Por cuánto tiempo? De todas maneras, la transparencia total, la desaparición de toda intimidad y la violación permanente de la vida privada por parte de unos medios de comunicación cada vez más encarnizados hacen que la situación roce ya lo intolerable. Escoger la carrera política es una opción que un o una joven cuadro de buena educación puede proponer cada vez con más dificultad a su cónyuge. Para los políticos honestos, es decir, para la aplastante mayoría de la profesión, la fórmula "todos están podridos" expresa hasta que punto es inaceptable la situación que les atribuye la sociedad contemporánea.

¿Cuál es la conclusión? Al pretender que nuestros políticos sean santos, pobres y sujetos a la inseguridad laboral, vamos a acabar coincidiendo con el aforismo de Pascal: "quien quiere hacer el ángel hace la bestia". Lo esencial es que este malestar político es el producto de una inquietud social más amplia y profunda. Cuando nuestras sociedades recuperen el crecimiento, el pleno empleo y la paz social, el político volverá a ser respetado. La palabra la tienen las ciencias sociales más que los políticos. En lo inmediato, antes de hablar de política en sentido estricto, habría que ayudar a nuestras sociedades a encontrar el sentido de la norma y la necesidad de la autoridad pública. Todos los que tienen autoridad para pensar y decir deberían colaborar en esta relegitimización de la función del Estado.

Por último, la libertad de prensa se traduce en una especie de licencia cívica destructora de nuestras reglas sociales y políticas. Hay que volver a encontrar una deontología de lo que se dice sobre el poder, un código de conducta cívica que guíe tanto el comentario como la acción. Ni la ley ni la autoridad podrán conseguir nada, lo que hay que hacer es crear una conciencia común.

Michel Rocard
Diputado en el Parlamento Europeo.

Artículo publicado en la revista "Études" (14, rue d'Assas - 75006 París) de diciembre de 1999 y traducido por Mirnaya Chabás.