Ariel Schifrin

Quiero comentar una experiencia viva, inacabada y actual, porque en la ciudad de Buenos Aires aún estamos en un proceso de tránsito, y experimentando respuestas políticas a la crisis más profunda que ha conocido nuestra generación en la Argentina.

Durante las últimas décadas, operó en nuestro país una retracción fenomenal del Estado de la vida social. El profesor Álvaro Portillo ha hecho referencia al proceso de desmantelamiento del Estado vinculado al pensamiento único neoliberal. Esto significó en nuestro país, además, un proceso de abandono de las políticas públicas de inclusión social. Por lo tanto, al colapsar el modelo de acumulación económica, mostró en toda su magnitud la llegada de la pobreza a una ciudad, como Buenos Aires, desacostumbrada a verla, que se preciaba de su singularidad en Latinoamerica, de su riqueza que contrastaba con el interior de la Argentina y con el panorama de las grandes capitales del continente.

Nuestra gestión local, en el año 2001, tuvo que afrontar esta nueva exclusión de los sectores recién empobrecidos, además de contingentes provenientes de los sectores medios que no conocían la pobreza, ni tenían hábitos de acudir a las políticas públicas para resolver sus problemas básicos. Y, por lo tanto, eran necesarias nuevas herramientas de gestión, adecuadas para tal emergencia. Nuestros anteriores programas de gestión no estaban preparados para abordar esta nueva realidad social que requería soluciones urgentes. En esas circunstancias, tratamos de atender la emergencia, pero sin perder de vista la estrategia.

En una crisis social hay dos tipos de políticas. Una solamente mitiga los problemas más acuciantes y graves. No va más allá. El sentido común y la sensibilidad del gobernante dicen que es indispensable resolverlos. Si hay una crisis alimentaria en sectores de la población, hay que atenderla. La forma de atenderla es, si no hay programas presupuestarios diseñados para tanta gente, inventarlos, y entretanto llegar con los alimentos directamente al vecino necesitado, a la organización vecinal espontánea reclamante, o a la entidad comunitaria u ONG que asiste a los más necesitados en cada barrio.

Y hay otras políticas más estratégicas, tanto o más indispensables en el pico de la crisis social porque tienen que ver con un sentido, con un rumbo, con una percepción colectiva y ciudadana de que el gobierno tiene un plan para salir de la emergencia. Tiene que ver con atacar las causas que nos llevaron al colapso, además de atacar los efectos. Fuimos abordando ambas políticas para afrontar la nueva y masiva pobreza que llegó a Buenos Aires.

Las políticas de emergencia en sí no nos enorgullecen. Son, obligatoriamente, las que debíamos hacer nosotros o cualquier otro gobierno local. La sensibilidad social en sí no nos identifica como fuerza política. En cambio, las políticas estratégicas ya tienen contenidos que nos diferencian de otros tipos de gobiernos locales, establecen el quiénes somos, nos definen políticamente.

A partir del 19 y el 20 de diciembre del 2001 sucedieron fenómenos inéditos de participación ciudadana, luego de la explosión popular que tuvo epicentro en la ciudad de Buenos Aires. Hacía casi 30 años que la joven generación no participaba masivamente de los acontecimientos políticos y sociales de modo tan directo. Por debajo de la crisis social se venían incubando crisis de legitimidad y de modelos de representación política que se manifestaron abiertamente casi en simultáneo.

En ese momento, decidimos también abrir espacios de democracia directa antes impensados que se agregaron, por supuesto, a las novedades de gestión que ya significaban las nuevas y circunstanciales políticas asistenciales. Ambas políticas se combinaron, mucho más allá de cualquier previsión, en los barrios donde los sectores empobrecidos plantearon su necesidad de forma más virulenta.

Buenos Aires no es un municipio común. Desde hace unos años es una ciudad autónoma. Dejó de ser solamente la Capital Federal del país, como dependencia administrativa del gobierno nacional que designaba su intendente por decreto, y pasó a ser una Ciudad-Estado que tiene el mismo status que los Estados provinciales. Cuenta con 2.800.000 habitantes y un área metropolitana que comprende a 15 millones de habitantes. Se autofinancia, prácticamente no recibe apoyo financiero del erario público nacional. Cuenta con el segundo presupuesto más grande del país. Toda la educación pública (primaria y secundaria) y toda la salud pública dependen del gobierno de la ciudad. Incluso la inmensa mayoría de los habitantes del área metropolitana y la periferia se atiende en los 33 hospitales públicos y en el conjunto del sistema de salud de la ciudad. El 70% de los empleados públicos de la ciudad son maestros, profesores, médicos, enfermeros, y trabajadores sociales. Vivimos además, al inicio del año 2002, en el momento del estallido de la crisis, una caída estrepitosa de la recaudación fiscal, que disminuyó en un 45% los recursos de la ciudad. Con más razón, ante el desmoronamiento de la recaudación impositiva que no teníamos certeza cuando se habría de superar, tomamos la decisión de convocar a la ciudadanía a discutir los ingresos, la orientación del gasto y de la inversión pública.

Como mencioné antes, había un quiebre evidente entre la sociedad civil y el Estado; entre los ciudadanos, los vecinos, y la política. En un período de siete días se sucedieron 5 presidentes. Estaba por verse si podríamos seguir gobernando la ciudad, si podríamos encontrar una solución creativa, democrática y eficiente desde la gestión, para responder a la crisis de confianza social y al humor popular cotidiano. No es que las movilizaciones populares se hicieran contra nosotros. A partir del 19 de diciembre, pasaban por la puerta del Palacio del Gobierno de la Ciudad y se dirigían una cuadra más allá, hacia la sede del gobierno nacional. Pero tenían una dinámica de protesta y masividad que solamente permitían una consigna unificadora: "¡¡¡Que se vayan todos!!!”. Decidimos que lo mejor era darnos por aludidos, ir hacia la cuestión con la gente deliberando en las esquinas, antes que ésta venga hacia nosotros. Creo que fue uno de los grandes aciertos de nuestro gobierno, el que más nos identificó en plena conmoción con nuestro ideario popular y progresista. Hoy a la distancia, podemos decir que fue un gesto que ayudó en el proceso actual de reconciliación parcial, expectante y selectiva de la sociedad con la política argentina.

“¡Que se vayan todos!"

Hay un antes y un después del 19 de diciembre del 2001 en la Argentina y en la ciudad de Buenos Aires, momento en que pareció suceder una ruptura de un contrato social. La noche del 19 de diciembre los argentinos salieron masivamente a la calle. Todo empezó con un cacerolazo. En mi edificio viven 15 familias, 14 se plegaron al cacerolazo. Un vecino no participó. Fue un hecho de tal unanimidad que la fecha quedó grabada en la memoria histórica colectiva de la ciudad de Buenos Aires.

En los días siguientes se hizo patente la llegada abrupta a nuestra ciudad de la tragedia del hambre, de la desnutrición, de la miseria. Hasta en barrios tradicionalmente pudientes donde no estábamos acostumbrados a esos paisajes urbanos. Hubo una evolución mensual de los cacerolazos entre los meses de diciembre y marzo: en total fueron 2014 cacerolazos, iniciativas espontáneas de los vecinos en distintos puntos de la ciudad, planteando sus problemas más acuciantes: la vivienda, la salud, la educación y el "que se vayan todos" como consigna unificante y en cierto modo también limitante del devenir de esa movilización social. Cientos de asambleas espontáneas nacieron en las esquinas donde los vecinos se habían concentrado, en esas jornadas, a golpear cacerolas. Nuestra ciudad concentró el 26% de todos los cacerolazos del país, convirtiéndose en el centro de esa dinámica urbana desconocida que, además, dejó a las claras la nueva pequeñez de lo que habían sabido ser los grandes partidos políticos tradicionales, particularmente el derrumbe de la Unión Cívica Radical.

La ocupación del espacio público para el debate político la protagonizaron esencialmente los jóvenes. Las asambleas autoconvocadas eran heterogéneas. En ellas cada orador se representaba a sí mismo y las discusiones podían abarcar desde el no pago de la deuda externa hasta el problema comunitario del jardín maternal del barrio, un rango tan amplio y variado de demandas que preanunciaban su desgaste y desmovilización.

A esas asambleas debíamos ir como funcionarios de gobierno, a “hacernos cargo”, dentro de nuestras posibilidades, de las demandas. Era llegar, pedir permiso e identificarnos como parte del gobierno local. Se llegó a votar en algún caso si nos quedábamos, para poder debatir y buscar soluciones como parte de la asamblea, o nos íbamos. En mi caso, en la de mi barrio, se votó que me quedase porque era vecino; en otros barrios adonde fui como legislador de la ciudad, se votó también. La mayoría de las veces gané y me pude quedar. Otras veces me tuve que ir. No muchos políticos accedieron a ese nivel de diálogo, a veces caliente y por demás incierto con los vecinos, en tanto todos como parte de la clase política éramos destinatarios del "que se vayan todos", aunque tal generalización fuese injusta. Tal era el divorcio que se vivía entre la sociedad civil y la política.

El 41% de las asambleas populares de todo el país se concentraban en nuestra ciudad. Hay algunas cifras que explican el estallido social y el colapso del modelo económico neoliberal que durante 15 años estuvo instalado en Argentina.

Había, el año 1989, 32 millones de habitantes en Argentina, con tres millones y medio de pobres. Y, al final del año 2001, siendo 37 millones los argentinos, teníamos 18 millones de personas bajo la línea de pobreza y 6,6 millones bajo la línea de indigencia. Tomando incluso la ciudad de Buenos Aires, en marzo del 2000 teníamos 7,2% de hogares por debajo de la línea de pobreza y en solamente dos años se duplicó a 13,4% de hogares. Estas cifras denotan el empeoramiento acelerado de la situación económica, y explican el creciente mal humor social respecto a la política (que ya sufría un deterioro estructural como actividad).

Ante esas circunstancias adoptamos dos líneas de acción principales para la emergencia. La primera fue la máxima solidaridad social. La segunda, la participación popular en la línea de gestión. Para eso fuimos a las asambleas populares a convocar a los vecinos a cogestionar soluciones con el Estado, con el gobierno de la ciudad. Fuimos con la oferta de prioridades que tendían a atender la emergencia. Cuando se tuvo que decidir entre realizar obras de infraestructura para el mediano y largo plazo o construir escuelas, se decidió construir escuelas. Así, algunas obras públicas importantes que hubieran prestigiado nuestra gestión a la hora de las elecciones fueron detenidas, y hoy ya se han reanudado. Construimos 14 escuelas nuevas desde diciembre del 2001 hasta hoy e hicimos 500 rehabilitaciones en otras tantas. Y también continuamos con obras de importancia social y que generaron empleo, como extensiones subterráneas. Se decidió realizar un aumento selectivo de impuestos, sobre los activos fijos de los sectores más pudientes. No se bajaron los sueldos de los maestros ni de los médicos, pero sí el sueldo de los funcionarios. Fue un gesto secundario, pero hoy lo resaltaría porque era una llave simbólica que permitía entrar en diálogo directo con los vecinos, romper la primera capa de rechazo.

Mientras la mayoría de provincias de Argentina emitían un bono, una cuasi moneda -con un efecto inflacionaro encubierto-, en la ciudad de Buenos Aires no emitimos moneda propia, decidimos renegociar la deuda externa y ajustamos a favor del fisco los contratos de obra pública y de servicios tercerizados. Lo que antes, sin la movilización popular, significaba un acto de gobierno de carácter frente a los sectores concentrados de la economía que contratan con el Estado; ahora, fueron ajustes de esos contratos respaldados por la presión activa de la ciudadanía en ese rumbo. Fue un impulso para virar en el sentido contrario al de los últimos años, en que la política tendía a ser funcional a los intereses de estos sectores contratistas del Estado.

Primar lo social

Atender los sectores más castigados por la crisis fue y continúa siendo nuestra prioridad. Hoy el 65% del presupuesto de la ciudad está destinado a servicios sociales, que incluyen salud, educación y acción social. Generalizamos la red de asistencia social, sobre todo en lo habitacional y alimentario, y comenzamos a desandar el camino de la desaparición de las herramientas de contención social destruidas por las políticas neoliberales.

En el terreno educativo pudimos plantear el norte de una estrategia de inclusión social. En plena crisis edificamos más escuelas, instauramos la enseñanza media obligatoria en plena crisis, y proseguimos con el programa de escuelas públicas bilingües. Esto marcó un camino de recuperación de la confianza en el Estado y en la política, apoyados en los padres de los niños que van a los colegios públicos, insertos en toda la geografía de la ciudad. Se pudo construir un fuerte consenso en torno a la defensa de la escuela pública, a considerarla como una inversión estratégica.

En relación con las políticas de inclusión social, debemos decir que no basta con salir del viejo concepto del Estado subsidiario, aquel Estado -que también se expresaba a nivel de la administración local en Buenos Aires- en donde el equilibrio fiscal era el principal objetivo, y si quedaban algunos fondos se inviertían en obra pública. Este concepto de Estado subsidiario de intereses contratistas durante años nos llevó a abandonar aquel Estado de bienestar que tuvimos en Argentina a partir de mediados del siglo XX, a diferencia de otros países de América Latina.

Por eso un rasgo saliente de nuestra política social ha sido el desarrollo de políticas activas en lo económico. Fue decisiva la colaboración de nuestro gobierno para recuperar y reabrir empresas cerradas, quebradas, porque sus dueños no pudieron sostenerlas y las dejaron luego de un proceso de vacimiento. Se recuperaron una decena de empresas en la ciudad de Buenos Aires: metalúrgicas, gráficas, de la alimentación y textiles. Acompañamos en todos los casos a las flamantes cooperativas de trabajadores, brindando asesoramiento técnico, subsidios financieros para la posesión de los edificios fabriles, la maquinaria o el capital de trabajo, y finalmente se les ha dado prioridad como proveedores del Estado.

Pusimos además en vigencia una serie de herramientas como la ley de “compra nacional” que establece prioridades para las compras estatales a favor de la pequeña y mediana empresa nacional.

Intensificamos políticas de ayuda técnológica a empresas radicadas en la ciudad, tendientes a apoyar los esfuerzos necesarios, por la subida del tipo de cambio, para la sustitución de importaciones. Rompimos con una vieja tara de algunos economistas que decían que desde el gobierno de las megaciudades, desde sus recursos finacieros y presupuestarios, no se podía actuar sobre la macroeconomía, que sólo se podía, a lo sumo, desarrollar políticas asistenciales y de obra pública. Se demostró que desde Buenos Aires también podíamos colaborar con el aumento de la demanda agregada nacional, fomentando la inversión en nuevas actividades, como el turismo, y en otras de alto valor agregado. Se superó, así, aquella traducción al orden local del pensamiento neoliberal, que solamente concibe la gestión económica de las grandes ciudades como una simple administración de caja, como un mero soporte de los servicios urbanos.

Recapitulando, y esquemáticamente, podríamos decir que las políticas de emergencia que aplicamos en el peor momento de la crisis social fueron aquellas que tuvieron que ver con el modelo asistencial: bolsa de alimentos, el vale-ciudad (un vale que entrega la ciudad con el que las personas van a los almacenes, pequeños supermercados y adquieren alimentos; estimula el desarrollo del pequeño comercio y la vida del tejido urbano). No deja de ser una política activa ya que dinamiza la vida barrial, pero está sujeta al gasto público no sustentable. Pero por otro lado, hubo otras acciones que tuvieron sentido estratégico, que apuntan a un Estado presente, al retorno actualizado de las mejores facetas de aquel Estado de bienestar.

Por otra parte, a través de mecanismos de democracia directa, los padres de los alumnos primarios decidieron junto a las autoridades en asambleas dentro de los colegios cuál tenía que ser la segunda lengua. Y, dato curioso, seguramente si tenemos que enviar a nuestros hijos a estudiar una segunda lengua los mandamos a un curso particular de inglés. En nuestro caso, cuando se reunieron todos los padres, en más de un colegio se votó el portugués. Lo que reflejó el debate y la nueva politización de la sociedad, la conciencia de lo regional, y la integración del Mercosur como prioridad frente al ALCA. Hoy ya hay cientos de chicos que ya tienen un año de portugués, los que están en segundo grado. Aquí ya tenemos un relato político, el músculo político es decisivo en las circunstancias de crisis porque nunca alcanzan los recursos gubernamentales. Y el relato educativo estratégico continuaba así: en los colegios públicos hay también un tercer lenguaje, que es el lenguaje informático, y un cuarto lenguaje, el del cuerpo: el del deporte y el del arte.

Poder compartir, en un momento de tanta incertidumbre familiar y colectiva, estas políticas educativas con los padres, apuntando a los chicos, los adultos del 2020, en la perspectiva de la igualación de oportunidades más allá de su origen social; llegando a hablar incluso de futuros jubilados del año 2060, poder tener un discurso político tan a largo plazo, nos permitió ganar una credibilidad justamente porque la emergencia, la inmediatez y la falta de un rumbo común era la moneda corriente.

La sociedad percibió que desde el Estado no sólo había voluntad de tapar los agujeros del momento, sino que se hacía cargo de marcar una estrategia local en el marco de la crisis nacional.

El fenómeno de los cartoneros

Ha habido algunas circunstancias y actores nuevos en la ciudad que merecen un comentario especial. A partir del 19 y el 20 de diciembre del 2001 hacía falta innovación, flexibilidad, solidaridad y evitar el fastidio entre los vecinos para afrontar el paisaje que la pobreza introdujo a nuestro alrededor. Un ejemplo fue el fenómeno de los cartoneros. Miles de personas se desplegaron por la noche en la ciudad para revolver la basura, que espera al camión recolector, en busca de cartón y de papel. La mayoría provenían del Gran Buenos Aires. La irrupción de estos compatriotas produjo inicialmente tensiones y sensación de inseguridad. Como se hacía incómodo caminar por la vereda y el ambiente era insalubre, porque había infinidad de bolsas de basura abiertas, algunos vecinos reclamaban medidas duras y represión inmediata. Optamos por una acción de inclusión social. Jamás habíamos practicado la selección de residuos y tuvimos que improvisar ese hábito de un día para otro. Creamos la bolsa verde, la bolsa de papel y cartón para los cartoneros. Organizamos, en algunos barrios, a los cartoneros en cooperativas, e intentamos introducir una conducta cultural en la comunidad. Firmamos convenios con los supermercados para que también ellos entregaran bolsas verdes para los artículos comprados por los clientes, porque muchos vecinos utilizan la bolsa de las compras para depositar los residuos en el horario de recolección. Y de esta campaña han surgido indicios inéditos de convivencia: los vecinos se manifestaron en su inmensa mayoría solidariamente hacia los cartoneros y hasta llegaron a preparales la merienda en las puertas de sus casas, esperándolos con la bolsa de papel y de cartón para entregársela personalmente.

Y hubo una situación gratificante también con los vendedores ambulantes y feriantes. Imagínense la cantidad de gente que puso sus chucherías, sus artículos personales, lo que podía conseguir en el mercado mayorista, para intentar vender en la calle, en las plazas, en las veredas, y con eso llevar el sustento a su casa. Cualquiera que haya recorrido las ciudades latinoamericanas, la nuestra también, habrá visto ese fenómeno de vendedores ambulantes de todo tipo en las peatonales, las plazas, en el espacio público. Tuvimos plazas literalmente ocupadas y el conflicto entre los que disfrutaban de la plaza y los que necesitaban del sustento diario nos llevó a una solución concertada. Inauguramos un inmenso solar, el Paseo del Retiro (donde de alguna manera estamos imitando el Mercado del Rastro de Madrid, o la Feria de Tristán Narvaja de Montevideo), un espacio promocionado por parte del gobierno, para dar sede permanente a ese mercado informal y para ser solidarios con los distintos puesteros. Había previamente dos soluciones posibles. El desalojo de los vendedores ambulantes con la Guardia de Infantería, o el diálogo y el consenso solidario de la comunidad. Aquí también pudimos poner a resguardo nuestras convicciones, actuando además, y como se debe en una gestión pública, con eficiencia.

El presupuesto participativo

El punto más alto de la participación vecinal lo marcó la implementación del presupuesto participativo. Fue a mi entender el acontecimiento de recuperación institucional más importante del 2002. No podíamos seguir gestionando, en la ciudad convulsionada, desde los despachos oficiales a puertas cerradas. Hubo restricciones presupuestarias que nos obligaban a un diálogo con los vecinos para establecer cómo y donde invertir los recursos más escasos de la ciudad. No teníamos legitimidad política para resolverlo sin los vecinos, sin el diálogo, sin una cogestión. Y, por supuesto, había en el elenco de funcionarios de gobierno vocación por ir a las asambleas populares, cierta audacia y cierto valor necesario en ese momento. Es importante tener en cuenta que en aquellos días hubo importantes resistencias al presupuesto participativo en la ciudad de Buenos Aires. Hubo diarios que decían a los vecinos “van a copar las asambleas de barrio, quieren venir a ponerse por sobre las asambleas barriales para conducirlas y crear su propia fuerza política, quieren canalizarlas para llevarlas a una vía muerta”. Y también había resistencias incluso dentro de la administración. La inercia conservadora de toda administración a cambiar tan rápidamente: “hay demasiada efervescencia, no es el momento, es una manera de dilatar esto”. El Presupuesto Participativo está previsto en la Constitución de nuestra ciudad, pero era indispensable aplicarlo en ese momento.

10.000 personas aproximadamente participaron de este debate, cuatro veces más que cualquier antecedente participativo, con la diferencia que éste no fue consultivo sino de carácter democrático directo. Y la Legislatura aprobó todo lo que los vecinos decidieron sancionando la Ley de Presupuesto que hoy está vigente. El presupuesto participativo se conformó “desde arriba”, con la lógica organizativa de las asambleas barriales, modelo que tenía una impronta de creación popular reciente, ”desde abajo”.

Las asambleas autoconvocadas, en la mayoría de los casos, participaron de este proceso con mucho mal humor y desconfianza inicial, pero finalmente pudo más nuestra actitud abierta y convocante, lo que permitió que el instrumento se fuera legitimando, al punto de ser hoy, a apenas un año de su implementación, una realidad definitiva en Buenos Aires.

Podríamos decir que el Presupuesto Participativo fue la respuesta institucional al “que se vayan todos”; fue un “que vengan todos”, que permitió una empatía entre la población y nosotros, las autoridades. Como me dijo el amigo Fermí Vallvé, catalán, palabras más palabras menos: “en Porto Alegre el presupuesto participativo fue una decisión estratégica del primer gobierno del PT en esa prefectura. En Sao Paulo y otras ciudades el presupuesto participativo es una decisión programática. Por ser del mismo cuño político, del PT, ya lo tienen en su programa, casi es una opción ideológica. En Buenos Aires el presupuesto participativo fue una acertada improvisación. Ante una crisis de legitimidad superpuesta con una crisis social, ustedes tomaron esa herramienta sin mucho tiempo para madurar esa decisión, y “la arrojaron” en ese mar de opiniones y de búsquedas participativas autónomas que había entre los vecinos”.

Esa acción política audaz, creo que ayudó a canalizar las energías de los vecinos autoconvocados, que con el tiempo hubieran devenido en un movimiento heterónomo y frustrado. Pudimos recuperar un piso de autoridad moral en los barrios, allí donde se multiplicó el activo vecinal participativo, como ningún otro gobierno local lo tuvo en ese momento del país. Los principales medios de comunicación del país dieron cuenta de este fenómeno, incluso en primera plana. Logramos trascender lo que incluso en otras ciudades, con muchos años de desarrollo de esta herramienta de democracia directa, no se ha hecho: estar en un lugar importante en los medios de comunicación. Esto se debió a que el Presupuesto Participativo fue una noticia político institucional en un momento que había pocos actos de gobierno efectivos, con el consiguiente espacio editorial vacante en los grandes diarios.

La importancia de la política

Una conclusión primera: si no hubiéramos tenido una reacción política, el “incendio” de la crisis nos hubiera consumido. No era suficiente con las reacciones administrativas apoyadas en los programas del gobierno, ni con los diagramas especiales de asistencia ante la emergencia. Hacían falta reacciones de carácter político. Porque las demandas existentes no siempre, especialmente en estas ocasiones de crisis, se pueden resolver. La política, entonces, es más necesaria que nunca porque articula un camino civilizatorio, culturalmente distinto. El presupuesto participativo nos permitió articular a la pobreza, a los pobres con los no tan pobres y con los sectores medios. Generar un espacio de convivencia y de diálogo, establecer prioridades (porque de eso se trata), poder enseñar a hacer docencia con la gestión del Estado (que no es otra cosa que establecer prioridades). Gobernar es establecer prioridades y, sobre todo, durante una crisis. Esas prioridades las establecieron los vecinos. Fue un diálogo áspero, pero productivo.

En momentos de extrema debilidad, como dijo nuestro Jefe de Gobierno de la ciudad, Aníbal Ibarra, cuando los lazos sociales amenazan descomponerse, “hace falta una fuerte participación del Estado para garantizar la cohesión social, para proteger a los más débiles, para defender activamente el bien común y el interés general, frente a los poderosos, frente a la puja corporativa, frente a la voracidad de las posiciones oligopólicas y de los grupos de capital más concentrado”. Esto lo manifestó frente al plenario de toda la ciudad de delegados del Presupuesto Participativo. En definitiva, en un momento de crisis, cuando se aceleran los tiempos y las circunstancias se tropiezan, ya no podemos evaluar y resolver como lo hacemos habitualmente. Se pone a prueba nuestra verdadera naturaleza, nuestra coherencia política y nuestra afinidad real para con el pensamiento crítico.

Qué tipo de Estado vamos a construir en América Latina es lo que está por verse. En el trasfondo de todas estas experiencias hay una concepción política, que se reflejó en nuestra política educativa, en la acción económica, la acción solidaria, la acción asistencial, y la acción vinculada a la participación y a la descentralización.

Podríamos decir que aquel Estado de bienestar de mediados del siglo pasado en la Argentina no fue correlativo de un escenario público democrático y participativo en lo local. Los ciudadanos recibían atención del Estado, y las grandes mediaciones las establecían los sindicatos y otras asociaciones civiles. En Argentina había una frase de los años 40 y 50 que decía “de casa al trabajo y del trabajo a casa”. Había un Estado asistencial, pero poca política barrial. En los 80 y a partir de la estabilización democrática, de modo creciente los políticos fueron asumiendo los asuntos públicos institucionales con exclusividad, por delegación representativa.

Es el momento, la oportunidad, de obtener un concepto superador de lo público, recuperar aspectos posibles de aquel Estado de bienestar, superándolo, no volviendo a él tal como era, lo que es imposible porque somos un país mucho más pobre, sino aprovechando los mayores niveles de autonomía que hoy tienen los estados locales y las ciudades, con márgenes mayores que los de los estados nacionales, que dependen de acuerdos con organismos supranacionales y pierden capacidad de decisión nacional y propia.

Estamos a las puertas de un pequeño avance si damos los pasos que hoy se requieren hacia la descentralización y la participación en lo local, pero sin menguar la capacidad de desición política nacional, ni disgregar al Estado local, ya que esa fragmentación conduce a la dictadura de los mercados.

Ariel Schifrin.
Secretario de Descentralización y Participación Ciudadana del gobierno de Buenos Aires, Argentina.

Este artículo es la transcripción de la ponencia desarrollada por el autor en el encuentro “La participación de la sociedad en el Estado de bienestar del siglo XXI”, organizado por el “Forum Europa” los días 19, 20 y 21 de marzo del 2003 en el Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona (CCCB) y patrocinado por la Diputación de Barcelona.