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| Salvador Milà i Solsona
El proyecto de Constitución europea no es, a mi entender, "un nuevo pequeño paso adelante", sino un cambio cualitativo. En efecto, lo que empezó como Mercado Común y continuó como Comunidad Europea pasa ahora a dar prioridad a los aspectos más institucionales, políticos y democráticos con un tratado que da personalidad jurídica propia a la Unión Europea, lo cual la convierte en un sujeto con peso específico a nivel mundial. La lucha democrática europea se dota de nuevos instrumentos y de una nueva legitimidad. La Constitución europea marca el arranque de un proyecto político que siempre hemos exigido desde la izquierda. Si valoramos los avances que representa en temas de libertades, de ciudadanía europea, de cohesión social y de sostenibilidad, y también las posibilidades que deja abiertas al reconocimiento del papel de las regiones europeas con capacidad legislativa, se puede hacer del texto una valoración estratégica globalmente positiva. No podemos confundir una constitución con un programa de gobierno, como no podemos confundir los firmantes con el contenido de lo que firman, que va más lejos de lo que quisieran muchos gobiernos, del este, del oeste y de más allá del Atlántico, y sobre todo de lo que desearían los intereses económicos y estratégicos de quienes controlan los capitales y las armas a nivel mundial. Si ello es así, es gracias a los compromisos de la Convención Europea, abierta y participativa, y a los pronunciamientos sociales y políticos favorables a la constitución que se generaron durante el proceso de discusión, como también al fuerte impacto que tuvieron las movilizaciones por el no a la guerra de Irak y del Foro Social Europeo a favor de otra globalización. Defender el si hoy es quizá la forma más consecuente y efectiva de dotarnos de un nuevo marco institucional para poder exigir, desde los parlamentos, pero también desde la calle, que la UE practique una política exterior de paz, seguridad y cooperación coordinada, con voluntad de presencia propia. Es evidente que la mayoría de los gobiernos europeos no lo aceptarán con entusiasmo, sino forzados por la presión ciudadana, pero también es cierto que con la nueva Constitución los movimientos sociales altermundistas, pacifistas y en favor de otra globalización disponen -si los quieren utilizar- de nuevos argumentos para conseguir de la UE una política autónoma de la que marca Estados Unidos.
Política de palabras y política de hechos No miremos la nueva Constitución europea desde el eurocentrismo de los que todavía quieren más. Por una vez tengamos en cuenta a los que, desde los cuatro costados del mundo en conflicto o en constante deterioro de sus condiciones de vida, reclaman un nuevo orden internacional y que se acompañe la política de las palabras con la política de los hechos: cooperación, desarrollo, derechos de los refugiados, ayuda humanitaria, prevención de conflictos... ¿Alguien puede sostener que esta esperanza no es la Europa más unida y con más presencia internacional que se perfila con fuerza en la nueva Constitución, más allá de las reservas que han impuesto determinados gobiernos? La victoria del no echaría por tierra muchos esfuerzos y allanaría el camino a los que quieren limitar el proyecto europeo a una mera unión aduanera y una zona de libre comercio en vez de una unión política. Difícilmente el triunfo del no podrá ser interpretado en clave de más Europa, más cohesión social o más política ambiental, sino que supondría quedarnos con el tratado de Niza y abrir un escenario que estimularía la dispersión de los movimientos políticos y sociales progresistas y ecologistas, en beneficio, sobre todo, de las fuerzas neoconservadoras y su globalización antidemocrática. El necesario toque de atención sobre determinados aspectos de la construcción europea no se canaliza a través del no que nos hace retroceder, sino del si crítico que se compromete para abrir nuevas posibilidades hacia el futuro.
Salvador Milà i Solsona. |
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