José Antonio Sorolla

Es sorprendente ver cómo el PP se empecina en defender lo que no existe. A propósito de Europa, los dirigentes del PP no han dejado de repetir desde que se celebró el Consejo Europeo de Bruselas que España ha perdido poder, que ya no está entre los grandes países de la UE y que lo conseguido por Rodríguez Zapatero está muy lejos de lo que Aznar logró en la cumbre de Niza. España nunca ha estado entre los grandes porque nunca ha sido de los grandes. Es el más pequeño de los grandes o el más grande de los medianos. Y ha perdido, en todo caso, parte de un poder que nunca iba a ejercer a largo plazo, sencillamente porque el Tratado de Niza, de hecho, ya no existe. Aunque estará en vigor hasta noviembre del 2009, nació muerto, porque los mismos que lo consintieron en el 2000 -Francia y Alemania-, decidieron casi inmediatamente después que se habían equivocado y que no servía. Aznar podía denunciar el cambio de postura de los grandes -sobre todo de Francia-, podía lamentarse, pero lo que no podía hacer es lo que hizo: aferrarse a algo inexistente.

Si tenía razón Zapatero en el debate del pasado miércoles, al esgrimir un documento que pretendía demostrar que Aznar habría aceptado al final lo mismo que ha pactado el Gobierno actual, rasgarse las vestiduras, como hace el PP, no tiene sentido. Si tenía razón Rajoy, que negó validez al documento e insistió en que el PP no hubiera renunciado al Tratado de Niza, ahora no tendríamos Constitución, como no la tuvimos en diciembre del 2003, cuando Aznar y el Gobierno polaco vetaron el acuerdo. En cualquier caso, la alternativa no era ya entre el poder del Tratado de Niza (29 votos Alemania, 27 España) y lo que se ha conseguido, sino entre el poder que fijaba la Convención Europea (decisiones con el 50% de los países y el 60% de la población) y lo acordado (55% de los países y 65% de la población), que mejora el papel de España.

El dedo en la llaga

El debate sobre el poder ha ocultado, de todas formas, otros aspectos negativos de la recién aprobada Constitución que casi nadie se atreve a destacar. Como otras veces, el expresidente de la Comisión Europea Jacques Delors ha puesto el dedo en la llaga. Aunque no deja de reconocer los avances que representa la Constitución, Delors ha expresado su «decepción» porque el Reino Unido ha bloqueado cualquier avance en materia fiscal y social. «Algún día habrá que preguntarle a Gran Bretaña si realmente quiere seguir perteneciendo a la UE», ha dicho Delors expresando lo que muchos piensan y deslizan en voz baja, pero pocos sostienen en público. La resistencia británica ha conseguido que el texto final sea, en algunos casos, un retroceso en relación al aprobado por la Convención. Gran Bretaña ha obtenido, por ejemplo, otra cláusula derogatoria -derecho a no participar en políticas de la UE- como la que ya se aplica en el euro y en la libre circulación de personas del acuerdo de Schengen, referida ahora a algunos aspectos de la cooperación policial y judicial.

La ausencia de la Europa social ha abierto un debate entre los socialistas franceses, divididos ante el dilema de votar “sí” o “no” a la Constitución. El exprimer ministro Laurent Fabius se muestra reticente porque prevalece la regla de la unanimidad para adoptar cualquier decisión en materia social y fiscal, y el diputado Manuel Valls asegura que votará “no” a un texto que califica de «victoria de Gran Bretaña». Con igual determinación, Londres impidió que para suceder a Prodi se eligiera al primer ministro belga Guy Verhosftadt, considerado por Blair un peligroso federalista.

El fracaso en la elección del nuevo presidente de la Comisión Europea expresa la división que atenaza tradicionalmente a la UE. De un lado, Alemania, Francia, Bélgica -y, desde ahora, de nuevo España-, y de otro, Gran Bretaña y sus aliados menos europeístas. Hasta el cambio de mayoría en Madrid, España se alineaba en este segundo bando, con Blair como el mejor aliado de
Aznar durante los ocho años del Gobierno del PP. Es decir, más allá de la retórica de Niza, lo que importa es el alineamiento junto a los que quieren construir Europa o junto a los que bloquean los avances de las políticas comunes.

En medios diplomáticos europeos se extiende la convicción de que si Gran Bretaña vota “no” en el referendo de la Constitución europea, será inevitable que el Gobierno británico se plantee el abandono de la UE. Quizá sea mejor así porque, ¿se puede construir Europa con quien no quiere hacerlo?

José Antonio Sorolla.
Director adjunto del diario “El Periódico de Catalunya”.

Artículo publicado en el diario “El Periódico de Catalunya” el 25 de junio de 2004.