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| Lanfranco Turci
Confieso que, aunque he sido durante cinco años (de 1987 a 1992) presidente de la “Lega delle Cooperative Italiane”, es decir, la organización cooperativa más importante italiana, no he cultivado nunca la mística de la economía social. Con esto quiero dejar sentado que soy contrario a la exaltación acrítica de la economía social como si se tratase de un medio alternativo y superior, confrontado al mundo dominante de las empresas capitalistas. Por otra parte, debe subrayarse que, bajo la denominación “economía social”, se sitúan realidades muy diferentes entre ellas que responden a diversas lógicas de funcionamiento, de manera que falta una definición unívoca y universalmente reconocida de esto que llamamos economía social. A falta de tal definición parece oportuno limitarse a tomar nota de lo manifestado por la XXIII División de la Unión Europea que reagrupaba en un sólo ámbito las cooperativas, las mutuas, las asocionaciones y las fundaciones. La reciente Conferencia Europea sobre la Economía Social, celebrada en Cracovia del 27 al 29 de octubre de 2004, en vez de embarcarse en un debate meramente definitorio de la economía social ha preferido poner el acento en las mejores experiencias europeas y en la capacidad que dicha economía tiene en nuestros días, a través de sus más variadas expresiones, para abordar cuestiones cruciales, tales como la inclusión, la cohesión social y el empleo, en clave de participación de los trabajadores, los ciudadanos y los usuarios. Por otra parte, hablamos de realidades cuantitativamente significativas. Como estimación, creemos que pueden equivaler al diez por ciento del PIB europeo con diez millones de ocupados. En Italia, una investigación reciente, a pesar de las dificultades relativas a la definición a la que me refería, expone datos de gran interés y revela que el movimiento cooperativo es una realidad de notable peso económico y social. Y es, por otra parte, la realidad más homogénea y es la más fácilmente identificable dentro de la economía social, también porque las cooperativas deben respetar algunos principios fundamentales que prevé la legislación italiana: * Una persona, un voto. * Principio de puertas abiertas. * Indivisibilidad de los recursos. * Devolución del patrimonio social, en caso de disolución, hacia fines de utilidad pública. * Justa remuneración del capital. La reciente reforma legislativa, aprobada en el 2003, no ha cambiado este basamento normativo de fondo. Se distiguen cooperativas de mutualidades prevalentes de las cooperativas de mutualidad no prevalente, y se prevén para estas últimas una tasación un poco más onerosa. Todo ello en el ámbito de un tratamiento fiscal de favor que continúa premiando las cooperativas con relación a su particular fórmula propietaria. Pero es más difícil la valoración de la consistencia de los otros sectores de la economía social. Para comprender la dificultad basta pensar que el Instituto Italiano de Estadística ha tenido que recurrir a un texto de cinco líneas para definir qué se entiende por empresa sin ánimo de lucro, que se define como: “una unidad jurídico-económica dotada de personalidad jurídica, de naturaleza pública o privada, que produce bienes o servicios destinados o no destinados a la venta y que, en base a las leyes vigentes o a unas determinadas normas estatutarias, no tiene la facultad de distribuir, ni siquiera indirectamente, beneficios u otro tipo de ganancias que no sean las remuneraciones del trabajo que prestan los sujetos que la han creado y a los socios”.
Situaciones de ‘non profit’ El censo del 2001 cuantifica las situaciones de “non profit” por parte de las diversas cooperativas, en los siguientes términos: 61.313 asociaciones reconocidas, 140.746 no reconocidas, 3.833 comités y 3.008 fundaciones. Si la población italiana es de 52,6 millones de personas, los socios de cooperativas más los voluntarios suman 15,4 millones. Es decir, el 29,3 por ciento de la población. También ésta es una realidad importante, que es tanto más significativa en cuanto se refiere a todas las personas que trabajan en las cooperativas y en el conjunto de la economía social. Tal vez el dato de los participantes en la economía social es la verdadera clave de bóveda para entender la especificidad, porque va más allá del número, aunque importante, de los ocupados. Y es que los socios de una cooperativa de trabajo, de consumo, de vivienda o de crédito -o los participantes en una asociación de voluntariado- están unidos por algo que va más allá de la común propiedad de recursos económicos. El capital social de sus instituciones comunes puede vincularles en modo más o menos participativo con relación a la función que la institución influye en su vida privada, pero se trata siempre de un medio, de un instrumento en función de otros objetivos sociales. En otros términos también es verdad que la empresa de la economía social debe conseguir éxitos en el mercado porque, en caso contrario, se va al fracaso. Pero igualmente es verdad que mientras que el motor decisivo de la empresa convencional es el beneficio, el de la empresa de la economía social es la satisfacción de otros objetivos, siendo el beneficio sólo un instrumento. Aquí surge la connotación social de esta clase de empresas, sobre todo en las de tipo cooperativo. También emerge su particular vocación de jugar un papel en el “welfare”, con una lógica de subsidiaridad de los servicios que presta el Estado o las administraciones locales, ya sea mediante la oferta de servicios en forma de cooperativas de usuarios, ya sea a través de la adquisición de servicios en la forma de mutuas. Una política pública inteligente puede tener un gran interés en sostener estas formas de auto-organización de los ciudadanos, ya que aligera al Estado de un exceso de tareas de gestión y responsabiliza a los ciudadanos del éxito de las prestaciones sociales. Si la economía social se focalizara sobre estos temas en los próximos años podrá alcanzar un papel todavía más importante en Europa. No obstante, nos equivocaríamos si pensáramos en una expansión sin límites de la economía social como alternativa a la moderna economía capitalista con una especie de guerra ideológica entre dos mundos contrapuestos, casi como una reedición en otros términos de la contraposición entre dos sistemas, el capitalista y el socialista, tal como se pensó en el siglo pasado. Esa partida ya se jugó y acabó en derrota, vencida por el sistema de mercado y las empresas privadas. Por otra parte, incluso el deseo creciente de los capitales tiende a poner un límite natural a la expansión de la economía social y a definir los campos donde puede expandirse más eficazmente. Así es que debemos pensar la economía social como un actor entre tantos otros: desde las instituciones públicas a las empresas convencionales de capitales, en sus diversas tipologías de pequeñas, medias y grandes empresas, empresas familiares, las que recurren al mercado de capitales y las de tipo multinacional.
La mística de la economía social En ese sentido he dicho, desde el inicio de este artículo, que no comparto esa especie de mística de la economía social que algunas corrientes de pensamiento de izquierdas y de derechas están cultivando en esta fase política. Ésta es, ante todo, una fase particular. Venimos de unos años de avance impetuoso del neoliberalismo, de dominio del modelo de las compañías norteamericanas, de exaltación de la misión de la empresa, centrada exclusivamente en la creación de valor para los accionistas; durante años, la literatura económica y los periódicos no nos han hablado de otra cosa. Y el fundamentalismo de mercado ha dominado la escena, mucho antes de que emergieran los fundamentalismos religiosos. Pero, desde hace un cierto tiempo, el fundamentalismo de mercado ha comenzado a perder comba. Sin embargo, a pesar de la reciente reelección de Bush, no creo que volvamos a vivir un clima de exaltación eufórica del mercado tal como existió durante el “boom” de la Bolsa americana hasta la crisis y el desinfle del 2000 y 2001. Sin embargo, no ha sido sólo la crisis de la Bolsa en los Estados Unidos la que ha puesto en dificultad esta corriente de pensamiento, el neoliberalismo. Más importantes lo fueron los grandes escándalos que se desencadenaron en las principales empresas norteamericanas, empezando por Enron y acabando con Worldcom, que ilustraron las rapiñas de los mánagers y de los accionistas mayoritarios a costa del accionariado difuso y de los fondos de pensiones de los empleados. Unos escándalos que después han tenido su paralelismo en Europa y en Italia. En nuestro país son decenas de miles de familias las que han perdido cuotas importantes de sus ahorros por culpa de las gestiones criminales de Cirio y Parmalat. Pero también por la responsabilidad de gran parte del sistema bancario que ha cubierto, durante largos periodos, éstos y otros escándalos, cargando además sus costes sobre las espaldas de los consumidores, vendiendo bonos y acciones destinadas a la quiebra sin ningún escrúpulo y sin la información adecuada. Así que es natural que, en este contexto, la atención de la opinión pública se orientara hacia aquellos sectores de la economía que representan otra realidad, confrontada a las grandes multinacionales y más en general de enfrentamiento a las empresas que recurren al mercado de capitales. La economía social consiguió, por ello, mayor relieve y fueron muchas las corrientes de simpatía que se dirigieron a ella. Hasta tal punto fue así que las empresas de capitales parecieron buscar la vía de entrar en el mundo de la economía social. Yo veo en esta confusa operación muchas ilusiones y, también, algún riesgo. Me refiero al peso que ha adquirido en el debate político y cultural los temas de la llamada “responsabilidad social de la empresa”.
Un antiguo filón No se trata de un tema nuevo. Se trata de un antiguo filón de investigaciones sociológicas y normativas que se ha relanzado en estos últimos años hasta el punto de llamar la atención de los gobiernos nacionales y de la misma Comisión Europea. Esta corriente de pensamiento pretende ampliar los objetivos clásicos de la empresa que se singularizan en la producción de bienes y servicios por el mercado con el máximo de eficiencia y en el respeto de las reglas y las leyes. No obstante, se considera que la empresa debería incorporar a su misión el desarrollo del “welfare”, la defensa de los equilibrios territoriales, la cohesión social e, incluso, la promoción de la solidaridad internacional. Creo que es equivocado pretender trasladar estos objetivos que son propios de las políticas públicas nacionales e internacionales. El reconocimiento del papel primario del mercado y de la empresa privada en la producción exalta, en todo caso, el deber que tienen las instancias públicas de garantizar los objetivos sociales y civiles de los intereses generales. De ahí que piense que conferir a las empresas más responsabilidades sociales y morales significa trasferir políticas particulares que estas empresas pueden adoptar legítimamente para promover su imagen y conquistar áreas específicas de consumidores. ¡Vale, de acuerdo con las donaciones, que deben estar incentivadas fiscalmente, a favor de la cultura, la investigación científica o también proyectos de desarrollo internacional! Pero no es con estas respuestas como las empresas deben salir al paso de los escándalos financieros. No es confundiéndose, en un terreno un tanto genérico e indiferenciado, con la economía social; este no es el camino para que las empresas de capitales puedan recuperarse de la crisis de confianza que tienen. ¡Es mucho más importante que las empresas respeten los convenios colectivos y las leyes laborales, las normas y las tutelas de los consumidores y la defensa del medio ambiente, amén de las buena práctica de la corrección contable! Tengo muchas reservas sobre la doctrina de la responsabilidad social de la empresa que querría hacer recaer sobre ella una enorme masa de deberes sociales, tras haber teorizado durante años el “laissez faire” o, para decirlo en italiano, la liberación de las empresas de “lacci e laccioli” (de ligas y ataduras) que la emprisionaban. Yo me contentaría con que las empresas cumplieran con su cometido de manera correcta y honesta. Nadie debe sobrecargarlas con otros nobles fines, porque éstos son propios del campo de la acción pública y colectiva: una acción que, fijando normas de comportamiento y sus correspondientes vínculos, utilizando adecuados incentivos, puede orientar también los “animals spiritis” de las empresas para la consecución de fines más generales de justicia social y desarrollo sostenible. Volviendo a nuestro asunto -a la economía social- creo que debe jugar un papel diferente al de las empresas capitalistas. Se trata de un papel que está, en determinados aspectos, a caballo entre lo privado y lo público. O, por mejor decir, entre los intereses privados inmediatos y los intereses más difusamente sociales. Ello tiene que hacerlo con competencia y profesionalidad, evitando, incluso mucho más que en las empresas privadas, los riesgos de escándalo. Y, de igual modo, huyendo de redundancias ideológicas o propagandísticas que podrían, como un bumerán, volverse contra ella.
Lanfranco Turci.
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