El trasfondo del problema del desempleo masivo

 

Enrique Velasco

 

Con ocasión de la aprobación por las Cortes de la Ley del Estatuto de los trabajadores, en el año 1980, en una pequeña colaboración en una revista progresista, que dedicaba el número a la situación política española y que se editaba también en EE.UU.; antes de realizar un repaso muy somero a los cambios técnicos que comportaba la nueva ley, me permití alguna consideración previa para encuadrar el análisis en lo que estimaba su contexto explicativo. "El nudo fundamental -indicaba entonces- que ata las relaciones entre empresarios y trabajadores, se llama propiedad, y tiene su sede fuera del Derecho del Trabajo, si bien extiende sus raíces al ámbito de las normas laborales. Estamos hablando, se entiende, de una propiedad determinada, específica: la propiedad de las condiciones materiales del trabajo..."

Han pasado dieciocho años. En estos momentos se está procediendo a retocar la legislación laboral, y a uno se le escaparía la misma introducción para un comentario sobre tal retoque normativo. Y no es que la cuestión abordada por estos cambios en las normas laborales no apunte a un problema importante, sino que este problema es subalterno de otro "esencial": la "separación" de los trabajadores de sus condiciones materiales de trabajo.

El núcleo duro de la cuestión no se encuentra en el Derecho del Trabajo, radica en lo siguiente: las condiciones materiales necesarias para que los trabajadores puedan desarrollar su actividad -trabajar-, son objeto de la propiedad de un "ajeno". Esta propiedad comporta, en su esencia, decidir en cada final del ciclo productivo que parte de lo producido (de su valor), se dedica a salarios: que parte a amortizaciones o aumento de la escala de producción; que parte a la renta del propietario, etc.

En una sociedad este núcleo de decisiones está en el origen de todo el poder económico y, por ende, de todo el poder político e ideológico. El grupo social que logra colocarse en disposición de decidir este reparto en las principales unidades productivas de un país, se convierte en el grupo dirigente de esa sociedad.

La réplica a esta "apropiación" de las condiciones materiales del trabajo por parte de un "ajeno" la encontramos en un tipo de trabajador "separado" de las condiciones necesarias para su trabajo, un ser socialmente inexplicable, cuya expresión disparatada es la de trabajador "parado".

Las carencias de la izquierda

Este reparto de papeles en la sociedad propicia el nacimiento del Derecho del Trabajo: porque existe, en un polo, el grupo social propietario y, en otro polo, el grupo social del trabajador (desnudo, que llaman los tratadistas franceses), surge la norma laboral que, ligándolos contractualmente, hace posible la producción. El previo reparto de papeles es el problema, el trabajo "por cuenta ajena" es el problema. La izquierda siempre lo supo y siempre lo combatió.

Sin embargo, se echa a faltar la promoción de la propuesta alternativa: frente al trabajador "separado" de sus condiciones de trabajo, el trabajador que se las "apropia"; frente al trabajador "separado" de las decisiones sobre el destino del producto obtenido, el trabajador responsable de estas decisiones.

Se echa en falta, por parte de la izquierda, una apuesta explicita, decidida y ambiciosa en favor de todos los instrumentos que propician un acercamiento a este paradigma, a este modelo de trabajo "por cuenta propia, llámense cooperativas, sociedades anónimas laborales, sociedades de responsabilidad limitada, las llamadas profesiones liberales, productores individuales o familiares en la industria, en la agricultura, etc. Y digo una apuesta ambiciosa, porque no se trataría con ello de buscar un paliativo al paro -según se predica-, cuanto a apuntar que este tipo de trabajo, el trabajo en cooperativas o por cuenta propia, pasase a ser hegemónico en nuestras sociedades, exactamente a la inversa de lo que ocurre ahora con el trabajo por cuenta ajena. Se trataría de poner el acento, no tanto en acabar con el trabajo por cuenta ajena (como se hace en Cuba, por ejemplo, o se hacía en la Unión Soviética), cuanto en promover una forma superior de trabajar. Se trataría de no limitarse a sacar el mejor partido posible para los trabajadores de los ajustes y desajustes necesarios en el sistema capitalista -tarea central en la izquierda europea actual-, sino de alojar en su corazón el germen de otro sistema. Y esto, tanto en la teoría como en la praxis.

Cabe pensar en un impulso teórico, orientado a proponer como modelo propio, inspirador profundo del socialismo, a estas formas de trabajo en cooperación, de trabajo "por cuenta propia", paradigma de una forma de "producir-reproducir" que cambia sustancialmente el núcleo "creador-repetidor" de relaciones de control sobre las condiciones materiales de nuestro trabajo.

El trabajo corporativo

En el terreno de la práctica se trataría de dotar de unidad significativa a una realidad que aparece abundante, pero descoyuntada. Pensemos en el trabajo en cooperación existente en nuestras sociedades, ya en la industria (con el caso de Corporación Mondragón como más llamativo), como en la introducción progresiva en la agricultura (en Dinamarca el 80% del sector funciona en cooperación), en la construcción (con la presencia de los sindicatos), en los servicios (donde cada vez se insiste más en las bondades del "autoempleo" -la otra manera de llamar al trabajo por cuenta propia-). Y esto no es más que lo que podríamos llamar fenómenos espontáneos. Pensemos en las posibilidades que en este terreno ofrecen entes como las Cajas de Ahorro, las Cajas Rurales y análogas, cuyo embalse de billones podía utilizarse como palanca en esta tarea de promoción meditada y progresiva de empresas de trabajo por cuenta propia. Con el ingrediente añadido, en estos casos de que la operación podía ser doble: promover empresas en cooperación y, al mismo tiempo, convertirse ellas mismas en empresas de este tipo. Y con la ventaja, inmensa, de que el "propietario" actual de todas estas instituciones aparece económica y jurídicamente muy desdibujado.

Junto a este movimiento profundo en el seno de cada unidad de producción, junto a este control concreto de las condiciones materiales de la reproducción en cada empresa, y como complemento a este método de emancipación de los trabajadores, se abre para la izquierda el reto de orientar en este mismo sentido los procesos de reproducción de las condiciones generales de la producción. Al igual que en cada ciclo de producción, en el seno de la empresa, "alguien" decide la adscripción de los recursos obtenidos entre los distintos factores que en ella intervinieron, en el conjunto de todas las unidades de trabajo de todo el país: "alguien" decide la adscripción de los recursos obtenidos, "alguien" decide también la forma de reproducirse las condiciones generales de la producción (cuánto dinero se dedica a investigación, a educación, a sanidad, a vivienda, etc.). Esta función la ejercitan los grandes aparatos reproductores del Estado, la actuación de los cuales viene definida por las prioridades que les aplique el partido que apoye al Gobierno que los dirige, y cuya plasmación más visible son las partidas que aparecen en la ley de presupuestos que se aprueba cada año.

Orientar la acción de estos grandes aparatos reproductores hacia la promoción del trabajo en cooperación, debería colorear la política general de las izquierdas.

Una propuesta semejante, ofrecida a los jóvenes en el marco de una "educación-preparación" para tomar en sus manos la ordenación libre de las condiciones materiales de su propio trabajo y de su propia vida, apuntando al objeto real de lo que ellos buscan con el nombre de "solidaridad", permitiría orientar sus inquietudes y aspiraciones hacia objetivos a la altura del nivel cultural de nuestras sociedades, dejando atrás, por irracional y anacrónico, el dominio secular de los propietarios de las condiciones materiales del trabajo, y convirtiéndose en protagonistas de la aventura fantástica de producir y reproducir nuestra propia vida colectiva, los fundamentos de nuestra vida en común.

Enrique Velasco
Profesor de Derecho del Trabajo en la
Facultad de Ciencias Económicas de la
Universidad de Barcelona