 |
|
| |
|
Josep Maria Violant i Nicolau, Jordi Turull
i Negre y Miquel Puig i Vargas El final del segundo milenio nos deja, a los ciudadanos y ciudadanas europeas, una herencia contradictoria con relación al ejercicio y consolidación de los derechos sociales. A la importante consolidación del Estado de bienestar en la mayoría de países de la UE, como garante de la solidaridad y de la cohesión social, se contrapone el creciente proceso de dualización de nuestras ciudades, que tiene su origen en los grandes cambios acaecidos en el orden político, económico y social. En el inicio de la década de los 90, las administraciones del Estado aplicaban un conjunto de medidas, en los ámbitos de la sanidad, educación, ocupación, asistencia, etc., que eran bastante suficientes para dar respuesta a los desequilibrios sociales. Estos afectaban en la mayoría de los casos a colectivos muy determinados y en general poco numerosos, incluso el número de parados se mantenía en niveles muy bajos. Pero, las transformaciones socioeconómicas de los últimos años, hace que el número de personas que padecen desigualdades sociales aumente de forma constante, y al mismo tiempo, las políticas que se han venido desarrollando y las estructuras para implementarlas, se manifiestan claramente insuficientes para satisfacer la demanda creciente de cobertura social. Esta combinación: aumento del número de personas que sufren exclusiones y la insuficiencia de las políticas sociales tradicionales, abren la puerta a un proceso de dualización de nuestras sociedades. El "Libro Blanco de les Políticas Sociales Europeas" pone de relieve la existencia, en el seno de la Europa desarrollada, de una creciente fractura social que ya afecta a una parte significativa de sus ciudadanos y ciudadanas. El "Libro Blanco, Crecimiento, Competitividad, Empleo", también muestra, que la pobreza, los parados y las personas sin hogar, son los grandes retos a los que es necesario hacer frente para entrar en el siglo XXI. Como apuntábamos al principio, esta situación se agudiza después de la última recesión de los años 1990-19993. En el momento en que la economía reemprende el camino de la recuperación, el crecimiento económico y el crecimiento de la ocupación no han seguido caminos paralelos, y la oferta de trabajo ha sido insuficiente para reducir el paro de forma significativa: "la última etapa de crecimiento económico ha permitido iniciar un proceso de creación de ocupación, pero al mismo tiempo también ha puesto de manifiesto que -siendo una condición necesaria- el crecimiento económico por sí sólo no es suficiente para generar los puestos de trabajo necesarios para reducir el diferencial de la tasa de ocupación que separa Catalunya de la media de los países de la Unión Europea"(1). Esta situación, es radicalmente diferente a la conocida en las décadas anteriores, en que el crecimiento económico absorbía de forma significativa el paro. En estas condiciones, el paro, deja de ser un problema de la coyuntura y se convierte en un problema estructural, ampliando significativamente el número de ciudadanos y ciudadanas que son expulsados del marcado de trabajo y enfrentados a nuevas situaciones de pobreza, a nuevas formas de exclusión social. Un modelo de desarrollo que se agota La situación en la que esta inmersa la UE, no es ajena a la que vive el resto de países desarrollados. Desde que las tendencias a la mundialización se consolidan, que la producción y los intercambios se producen prioritariamente a escala internacional, el modelo de desarrollo de la mayoría de países industrializados -organizados alrededor del estado nación- comienza a entrar en crisis, y las estructuras supranacionales se consolidan en el ámbito continental (E.U., MERCOSUR, ASEAN, etc.) Este modelo de desarrollo se conoce como modelo keynesiano. Keynes, en el contexto de la crisis económica de 1930, introduce la idea de que la economía reposa sobre un sistema cerrado, estructurado al entorno de un mercado libre, donde el Estado ha de intervenir para controlar y equilibrar el juego de la oferta y la demanda. El Estado juega así el papel regulador, a la manera de un termostato que mantiene constante la temperatura de una cámara. Keynes favorece una política intervencionista del Estado, política que abrirá la vía al Estado providencia, uno de los elementos más característicos del modelo de desarrollo de la postguerra. Los elementos más característicos de dicho modelo son: * Una sociedad de consumo (aumento del poder adquisitivo de los salarios) * El Estado Providencia, forma en la que se manifiesta el Estado de bienestar, con un sistema de seguridad social bastante desarrollado y universalizado, que posibilita a los trabajadores seguir siendo consumidores, incluso si están en condiciones difíciles: enfermedad, paro, jubilación, etc. * Una legislación social estructurada en torno al salario mínimo y los convenios colectivos para pactar condiciones salariales en función de la productividad. * Los derechos civiles o de ciudadanía y los llamados derechos sociales (derechos de la persona, de las mujeres, prestaciones, etc.) * Un funcionamiento de las Instituciones democráticas basado más en la representación que en la participación. Este modelo de desarrollo, que algunos califican también de fordista, se extiende en todos los países desarrollados a partir de 1945, (exceptuando los de la Península Ibérica), y empieza a padecer disfunciones importantes en la década de los años 70, de forma especial después de la crisis del 74. Las recesiones de los años 80-90 acentúan su crisis y el Estado central ya no puede dar respuestas por sí sólo a los nuevos desafíos económicos y sociales. Las intervenciones que realiza el Estado de bienestar hasta finales de la década de los ochenta ya no funcionan: "El sistema de regulación social de los años de prosperidad, cuyo objetivo era repartir de forma más igualitaria los frutos del crecimiento, ya no resulta eficaz. Ahora se trata de desarrollar la solidaridad en la empresa y en el barrio ilustrada por el papel de los sindicatos y de las asociaciones" (2). La crisis de las estructuras tradicionales, de los sistemas de regulación social, tiene como elementos causales un conjunto de factores que interactuando entre ellos han configurado la nueva realidad socioeconómica a escala internacional. Los más importantes son: * Una nueva división internacional del trabajo, donde el Sur es la opción de relocalización industrial, y los EE.UU. pierden la hegemonía relativa en provecho de Europa y Japón. * La carrera tecnológica entre las industrias del Norte y la tercialización de sus economías. * La feminización y la culturización del mercado de trabajo en los países del Norte. * La apertura de los países del Estado a la economía de mercado. * La segmentación y deslocalización de la actividad económica con las transformaciones del mercado de trabajo, provocando la fractura social, la exclusión socioeconómica de trabajadores con bajas calificaciones, de las mujeres, de los inmigrantes, de pueblos y regiones. * El uso exclusivo de las formas de democracia representativa, generando cada vez más un déficit democrático, que se traduce en la inexistencia de una ciudadanía activa y participativa en los procesos sociales. * La mundialización y la crisis de los estados nacionales en provecho de grupos continentales por un lado y la descentralización y la desconcentración hacia los espacios regionales y locales por el otro lado. * La nueva situación socioeconómica con los desequilibrios que genera en todos los ámbitos y las dificultades de las instituciones para dar una respuesta satisfactoria, cuestiona el consenso social que hizo posible la permanencia del modelo de desarrollo keynesiano, el Estado de bienestar en su forma de Estado Providencia y las políticas asistencialistas que la han caracterizado. En este contexto, el Estado comienza a perder su exclusividad como actor central y único, en provecho de una redistribución de responsabilidades entre los diferentes componentes de la sociedad. Estas limitaciones que padece el Estado, como garante único y exclusivo, de la solidaridad y la necesidad de un nuevo modelo de desarrollo, son recogidas también en el informe del Comité de Sabios, de marzo del 96, "Por una Europa de los derechos Cívicos y Sociales" en el que podemos leer: "Si Europa rechaza simultáneamente el agravamiento de las desigualdades y de la marginación social, y la generalización de las políticas de asistencia pasiva destinadas a las personas en situación de exclusión, deberá hacer un esfuerzo considerable de innovación, de reorganización y de movilización para construir un sistema de desarrollo donde todo el mundo tenga su lugar, será necesario desarrollar una concepción activa de la ciudadanía donde cada cual acepte tener obligaciones hacia los demás. Hará falta renovar profundamente asimismo nuestras políticas públicas, que deben prevenir tanto como curar, e incitar al esfuerzo más que asistir" (3). Podemos afirmar, que todos estos cambios han abierto la puerta a una nueva realidad social, configurando una sociedad cada vez más compleja y competitiva, que incrementa la vulnerabilidad de amplios sectores de la población y que ha hecho aparecer nuevas exclusiones sociales, como la exclusión del trabajo, la exclusión profesional que lleva al paro de larga duración y el aislamiento social con la pérdida de los derechos de ciudadanía. Una vez más, el Libro Blanco sobre la Política Social Europea es punto obligado: "la exclusión social es un fenómeno endémico, proveniente de los cambios estructurales que afectan a nuestras economías y sociedades. Amenaza la cohesión social de cada Estado miembro y de la Unión en su conjunto" (4). El tránsito del segundo al tercer milenio se presenta sin duda como un período caracterizado, por el agotamiento de un modelo de desarrollo que ha garantizado importantes avances sociales y que ha disfrutado del consenso de los ciudadanos y ciudadanas; y por la necesidad de impulsar un modelo alternativo que pueda garantizar la permanencia de los derechos sociales conseguidos y dar respuestas a las nuevas necesidades surgidas como consecuencia de las transformaciones socioeconómicas en el ámbito mundial. El modelo de desarrollo y las políticas sociales inherentes al mismo, que seamos capaces de impulsar, determinarán, a bien seguro, el nivel de cohesión social de nuestro país y por descontado de la UE en el siglo XXI. La necesaria renovación del Estado de bienestar Hoy, en relación con los intentos de construir alternativas a las nuevas necesidades socioeconómicas, vivimos en un período de transición marcado, por la combinación de tendencias contradictorias. Por un lado el neoliberalismo que nos propone el retorno puro y duro a las leyes de mercado, intervención mínima del Estado; por otro el llamado postfordista o postkeynesiano (nuevas estrategias de gestión, nueva organización del trabajo con más polivalencia, menos trabajo en cadena...) que han acentuando la incapacidad del modelo para dar respuesta a la nueva situación socioeconómica. Paralelamente, también asistimos a la emergencia de lo local, del desarrollo local. Constatamos frecuentemente y de forma contradictoria, que la globalización de la economía mundial actualiza nuevamente el territorio cercano, la comunidad, e municipio y la región como marco idóneo para articular nuevas respuestas a la crisis. Louise Harel, ministra de Estado para la Ocupación y la Solidaridad del Quebec, en su intervención en los Encuentros Mundiales de Desarrollo Local, sitúa con precisión meridiana, que las posibles alternativas de futuro dependen de la respuesta a una cuestión fundamental: "Mi argumento principal es que la emergencia de una colaboración asociativa que implica una redistribución y una gestión consensual de poder, en el ámbito local, entre el sector público, privado y comunitario no es accidental". "La aceleración del proceso de globalización basado en la desreglamentación y en la difusión rápida de las tecnologías de la información ha aumentado el rol de los mercados pero ha disminuido el de los estados y de las economías nacionales. Mi propósito no es lamentarlo con nostalgia pero si de constatar que eso crea un déficit democrático si las nuevas formas de ejercicio de la democracia no logran llenar el vacío creado por el debilitamiento del papel del Estado". "¿Tengo necesidad de indicarles que muy pronto tendremos que tomar, como sociedad, una decisión extremadamente importante sobre esta cuestión? ¿en nombre de un modernismo que no se conjuga sino según las leyes de mercado, ¿ es necesario desmantelar el Estado? o por el contrario, ¿descentralizar de manera tal que el Estado se convierta en un asociado mayor en el desarrollo económico, social y cultural de las comunidades?" (5). Una posible respuesta a los interrogantes planteados por la Ministra, definen un horizonte con dos hipótesis posibles: La primera de la hipótesis, apuesta decididamente por desmantelar el Estado de bienestar, reforzando y consolidado el modelo neoliberal. En este caso, estaríamos en presencia de: retroceso democrático, concentración de poder, el ser y el saber en manos de un porcentaje cada vez más reducido de personas y de instituciones; utilización de la descentralización de los niveles regionales y locales como paliativos de la crisis, así como, de la concertación para mitigar las diferencias sociales en provecho de una mayor rentabilidad económica y desmantelar el Estado de bienestar. La segunda, contempla la posibilidad de favorecer, por encima de todo, la evolución del actual modelo postkeynesiano a través de un proceso de profundización democrática. Éste modelo, estará fundamentado en un modelo de desarrollo que enlaza todos los objetivos sociales, económicos y ambientales: generalización de la idea de democracia, introduciendo ésta en el ámbito de la economía, vínculo entre lo económico y lo social, opción por el desarrollo sostenible, utilización de las nuevas iniciativas locales y regionales, de las experiencias de desarrollo comunitario. Utilizando la concertación y el partenariado, favoreciendo la democratización de las instituciones, posibilitando en el curso de este proceso, que la renovación del Estado de bienestar sea un proyecto común. Entendemos, que es necesario apostar decididamente por la consolidación de la segunda hipótesis, y que en Catalunya ha de concretarse, mediante el impulso de un nuevo modelo de desarrollo y una estrategia que posibilite movilizar personas y recursos entorno a un proyecto común, que enlace el desarrollo urbano con el desarrollo económico y social de forma sostenible. Que abra nuevos espacios de participación democrática y revitalice los vínculos sociales, impulsando la recomposición del tejido asociativo, haciendo posible la participación democrática y la corresponsabilidad de los ciudadanos y ciudadanas, de los agentes económicos y sociales, de la sociedad civil en su conjunto, en la revitalización de nuestros barrios, de nuestras ciudades y de nuestro país. Una dinámica territorializada En los últimos 3 años, la Dirección General de Servicios Comunitarios y ADIGSA (ambas, entidades del gobierno autónomo catalán), están desarrollando en Catalunya una experiencia piloto en más de 60 barrios, conjuntamente con los ayuntamientos, el tejido asociativo de cada territorio y la FAVIBC. La experiencia acumulada en este periodo, confirma que el desarrollo económico comunitario, se conforma hoy como la estrategia básica de prevención y lucha contra los procesos de exclusión social y como un nuevo modelo de desarrollo sostenible y responsable del territorio (6). En el contexto actual, el desarrollo económico comunitario tiene un significado social nuevo, porque pone el énfasis en la conexión necesaria entre las condiciones de trabajo, de empleo y la gestión de territorio. Históricamente, el desarrollo comunitario, se ha preocupado exclusivamente de la dimensión social, tanto desde el punto de vista de la intervención como de los resultados. El desarrollo local, liberal o tradicional, lo ha hecho solamente de la dimensión económica. Y el desarrollo económico comunitario, es una estrategia global, que en el ámbito de la organización incorpora la planificación estratégica, con la integración de objetivos sociales y económicos para la revitalización de una comunidad territorial determinada, barrio, distrito, municipio o comarca. El desarrollo económico comunitario representa una nueva orientación para el desarrollo local, que conjuga cuatro elementos: * Una dimensión local: revalorización de los recursos locales dentro del marco de una gestión asociada donde se comprometan los componentes principales de la colectividad (movimiento asociativo, sector privado, agentes sociales, ayuntamientos, gobierno y otras administraciones), una gestión que anime también la aportación de los recursos en función de la comunidad. * Una dimensión social y política: revitalización económica y social de un territorio (ocupación, vivienda, formación, salud, educación y servicios sociales) y apropiación por parte de la población residente de su futuro económico y social, impulsando organismos de democracia participativa. * Una dimensión económica: despliegue de actividades de producción y venta de bienes y servicios, mediante el soporte al comercio, a las industrias existentes, así como el soporte a la creación de nuevas iniciativas empresariales, poniendo el acento en el desarrollo de las iniciativas de economía social para proporcionar nuevos servicios a la comunidad. * Una dimensión comunitaria: la colectividad como punto de partida i como punto de llegada, como un espacio del "vivir juntos", y la asociación como modalidad de revitalización" (7). A partir de estas premisas, los Planes articulan diversos niveles de intervención - barrio, distrito, ciudad, comarca - para aprovechar las sinergias que la intervención a cada nivel puede generar. Desarrollan un proyecto global a través de programas de actuación en ámbitos diversos de acuerdo con el diagnóstico común, el diagnóstico comunitario: rehabilitación y mantenimiento de la vivienda pública, prevención y lucha contra las exclusiones, desarrollo económico local y de la ocupación (inserción, formación, acceso a las nuevas tecnologías), coordinación y mejora de los servicios públicos (educación, sanidad, cultura), creación de servicios de proximidad y desarrollo social y cultural. Estructurando así, un conjunto de intervenciones transversales a corto y largo plazo, concertadas/partenariadas entre actores diversos en un marco de planificación estratégica, que se orientan a la valoración sostenible de los recursos comunitarios, con la voluntad explícita de reconocer los recursos humanos de la comunidad como el elemento determinante para la transformación de ésta y mejorar la calidad de vida. Los Planes quedan recogidos en el Contrato de Barrio o en el Contrato de Ciudad (de acuerdo con el ámbito territorial de actuación), instrumento jurídico que recoge los territorios específicos de actuación, el diagnóstico común, los objetivos, los programas a desarrollar, los parteneres, los organismos técnicos y de participación, las fuentes de financiamiento y los criterios de evaluación. Los Planes de Desarrollo Económico Comunitario, responden a esta renovada concepción del desarrollo comunitario, y son el instrumento a través del cual los ciudadanos y ciudadanas, las asociaciones, los agentes económicos y sociales, ayuntamientos, gobierno y otras administraciones, ponen en marcha de forma concertada políticas de desarrollo solidario y de revitalización urbana. Conjugando cuatro dimensiones básicas: la económica, la social, la política y la comunitaria. Los PDEC se reconocen en la corriente que quiere que una parte del movimiento asociativo pueda encontrar por sí misma, y con el soporte institucional necesario, respuestas y alternativas al agotamiento de los sistemas de regulación social tradicionales, a las cuestiones de la exclusión social, del paro, a la participación democrática y a los procesos de desestructuración de los territorios (8). Corriente que existe en América del Norte, en los Estados Unidos con las Community Development Corporations (Corporaciones de Desarrollo Comunitario); en Quebec con las CDEC (Corporaciones de Desarrollo Económico Comunitario). Con diferencias, pero, avanzando en la misma dirección, la renovada política de los Contrats de Ville en Francia, en la que el Estado solo firmará en el futuro aquellos contratos en que las condiciones y los mecanismos de participación de los ciudadanos queden claramente definidas (9). La propuesta catalana para el Desarrollo Económico Comunitario, se estructura alrededor de algunos principios básicos. En la medida que el DEC, es un proceso abierto a la incorporación de recursos humanos, asociativos, económicos, técnicos, etc., lo es también, con relación a los mismos principios o ejes básicos que actualmente configuran las estrategias de implementación. Hoy trabajamos aplicando cinco principios básicos y el Contrato de Barrio o Ciudad como pieza clave del proceso, pero, estamos convencidos que la evaluación de los Planes, aportará en el futuro nuevos elementos para incorporar a los principios que seguidamente pasamos a desarrollar. Las comunidades territoriales Construir una identidad territorial, es indispensable para crear una conciencia colectiva, condición imprescindible en la que se fundamentan todas las dinámicas sociales: "Toda creación socioeconómica es causa, o ha de estar precedida, imbricada de una manera de ser colectiva, en la que el aprendizaje está unido a la territorialización de los individuos y grupos" (10). Por su configuración, dimensión, estructuración y, sobre todo, por las relaciones de proximidad con los ciudadanos, el barrio, distrito, pueblo o comarca, nos lleva a la noción de comunidad geográfica, definida como un territorio común con intereses socioeconómicos parecidos comunes y con un sentido de pertenencia. La concentración geográfica de la población en los barrios, distritos o municipios de unas determinadas características, ofrece un espacio específico para la identidad y una proximidad favorable para todo tipo de actuación. La presencia de organizaciones y de redes sociales diversas, es el punto de partida para aprovechar las potencialidades presentes en los territorios (individuales, asociativas, solidarias, económicas), y transformarlas en oportunidades de desarrollo. Los Planes de Desarrollo Económico Comunitario (PDEC), tienen como punto de partida esta dimensión espacial, territorial, donde las organizaciones se convierten en catalizadores que revalorizan las energías personales y colectivas: las capacidades de imaginación, la formulación de proyectos colectivos, la solidaridad, la capacidad de iniciativa, la colaboración asociativa y la creatividad. En definitiva, posibilitan la emergencia de nuevas formas de producir y compartir la riqueza, de ejercer la solidaridad, de estimular la participación ciudadana y de profundizar la democracia. La planificación estratégica Para iniciar un proceso de DEC es necesario el diagnóstico común, compartido por todos los actores, de las problemáticas económicas, sociales y urbanas del territorio objeto de actuación. El análisis de los puntos fuertes y los puntos débiles en un marco de planificación estratégica, para garantizar, previo consenso, la implementación de proyectos orientados a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y ciudadanas, incorporándolos activa y participativamente en el proceso de decisión y ejecución del Plan. El grupo promotor de un PDEC, ha de incorporar el máximo número de representantes de la comunidad, mediante una estrategia de partenariado (mas adelante volveremos sobre esta cuestión básica). Tiene como primer objetivo analizar la situación socioeconómica, estableciendo un diagnóstico abierto sobre la base de una metodología de " investigación-acción" (11). Establecido el diagnóstico inicial, el grupo promotor elabora una propuesta de desarrollo del barrio, distrito, municipio, etc., a largo plazo. Esta visión ha de incorporar los elementos económicos, políticos, sociales, culturales e institucionales. Una vez definida esta perspectiva colectiva de desarrollo a largo plazo, que concreta el objetivo global del Plan, es necesario establecer los ejes estratégicos para llevar a término el objetivo global de transformación, los programas de actuación, los resultados esperados, los procedimientos, los actores que habrían de estar implicados en el proceso, los recursos técnicos y económicos necesarios y los mecanismos de evaluación de los resultados. Este proceso de elaboración del diagnóstico, ha de ser entendido también como un proceso básico, indispensable para el aprendizaje de la cooperación, la concertación y el ejercicio del partenariado. Ya sea con posibles colaboradores externos o entre los propios miembros promotores: vecinos, asociaciones, entidades, ayuntamientos, gobierno, etc. Así, el proceso de elaboración no solamente ha de posibilitar el progreso en la comprensión de la realidad, ampliando la visión inicial que se tiene de los problemas, sino, que también ha de permitir a los responsables que tienen competencias y responsabilidades distintas, trabajar conjuntamente en la transformación de la realidad. Como ponen de manifiesto Tremblay y Fontaine: " la elaboración del diagnóstico es un medio para iniciar una cooperación entre actores y construir un partenariado real" (12). En este sentido el proyecto resultante del diagnóstico, también ha de ser marco de confluencia para el conjunto de las políticas públicas a nivel del gobierno y de ayuntamientos. En definitiva, el diagnóstico común, ha de ser un proyecto colectivo a largo plazo, compartido por todos los parteneres y ha de posibilitar la movilización de los ciudadanos y ciudadanas, así como de los recursos necesarios para su realización. Respuestas globales y transversalidad Hasta ahora, sólo hemos hablado de desarrollo, de la necesidad de un modelo de desarrollo, y no lo hemos hecho del paradigma en que se ha convertido la palabra crecimiento. La diferencia entre ambas es sustancial, no es simplemente un problema semántico. Crecimiento, es una noción cuantitativa referida estrictamente al aumento de la producción, sin mirar como se distribuyen: la riqueza generada, el tipo y la calidad de los bienes y servicios producidos, los desequilibrios territoriales, la calidad de vida y la satisfacción de las necesidades sociales. Son estas nociones, a las que precisamente quiere responder la noción de desarrollo, una noción a la vez cuantitativa y cualitativa. Esta respuesta global para el desarrollo del territorio, tiene su significación en la organización y gestión del territorio. Organización y gestión que ha de responder a un proyecto global, absolutamente ligado a los objetivos de transformación económica, social y cultural de la comunidad procedentes de los objetivos del Plan. La organización del territorio ha de ser también, elemento básico del proyecto común, movilizador, que dote de una personalidad definida, de una identidad a cada barrio, distrito, municipio o comarca, incorporando los criterios de centralidad, sostenibilidad y movilidad. Adoptar esta visión del desarrollo, significa aplicar indicadores que pueden ser agrupados en grandes categorías, tal como hace la OCDE: la sanidad, la esperanza de vida, la educación, la concentración y la distribución de la riqueza, la renta por habitante, la diversidad de la estructura económica, las diferencias socioeconómicas, la accesibilidad a servicios de calidad, el ocio, el nivel de satisfacción de las necesidades básicas (alimentación, sanidad, educación, etc.), la protección del medio ambiente, etc. Así, para evaluar el nivel de desarrollo socioeconómico de una comarca, de una ciudad, de un distrito o de un barrio en concreto, es absolutamente necesario operar con las categorías anteriores para acercarnos a la realidad y a los problemas existentes. La noción de crecimiento económico es inoperante al respecto. Cuando hablamos de desarrollo económico comunitario, estamos refiriéndonos al conjunto de estos indicadores, que alcanzan la globalidad, es decir, que tienen en cuenta el conjunto de las realidades sociales, culturales y económicas de un territorio concreto. En el proceso de construcción del diagnóstico común en los barrios en los que se implementa un Plan, constatamos que muchos de estos territorios sufren de un "mal desarrollo". Cuando se habla de que los procesos de exclusión tienen un origen multifactorial, consciente o inconscientemente, nos estamos refiriendo a las consecuencias que sobre las personas tiene, un desarrollo insuficiente de los territorios. La exclusión se define como una pérdida progresiva de la autonomía de las personas para conseguir los recursos necesarios (educativos, económicos, sanitarios, formativos, etc.) para desarrollarse e integrarse en la comunidad donde viven. Los derechos a la salud, a la vivienda, a la seguridad, a la educación y al trabajo, son considerados derechos universales para todos los ciudadanos y ciudadanas, pero las desigualdades territoriales hacen que estos derechos muchas veces sean un enunciado formal sin contenido. Prevenir y luchar contra las exclusiones, hace del todo necesaria la coordinación de las intervenciones de las administraciones públicas y de la sociedad civil, para impulsar la revitalización del territorio en entorno a un proyecto común, que enlace transversalmente los diversos ámbitos: social, económico y urbano, en el marco del Plan. Establecer la transversalidad de las políticas sociales: sanidad, educación, vivienda, formación, deportes, cultura, asistencia, seguridad ciudadana y de ocio. Es decir, una coordinación eficaz de todos los servicios públicos de un territorio con una perspectiva de intervención a largo plazo, fruto del diagnóstico común, para asegurar el impacto del conjunto de las intervenciones, evitando la proliferación de las medidas puntuales, descoordinadas y faltas de toda perspectiva. El desarrollo y la reactivación económica del territorio, ha de ser el objetivo de los procesos de revitalización de los barrios. Ha de apoyarse en una estrategia de sostenibilidad que genere rentas y flujos económicos positivos, con la creación de servicios de proximidad y los nuevos yacimientos de empleo. El desarrollo del Tercer Sector: las iniciativas de economía social y solidaria, las empresas de inserción y las iniciativas para aumentar la empleabilidad, se configuran como las herramientas básicas para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y ciudadanas de estos territorios, situando el empleo y la inserción sociolaboral como ejes de los procesos revitalizadores del territorio. También en este ámbito la coordinación transversal, en el marco del Plan, de los dispositivos de promoción económica y ocupacional, es una condición indispensable. En definitiva, la concepción del territorio como un todo, como un conjunto de elementos que se condicionan e interactuan mutuamente, hace necesaria una respuesta global ligada al concepto de desarrollo, para incidir en las causas que provocan los desequilibrios y exclusiones. Respuesta que ha de nacer de un diagnóstico colectivo, ha de encardinarse en un marco de planificación estratégica a corto y largo plazo y ha de hacer de la transversalidad un criterio de eficacia y de eficiencia imprescindible. Nueva economía social y ocupación La reactivación económica y la ocupación, son ejes prioritarios de las políticas de desarrollo del territorio y en la lucha contra los procesos de exclusión. Han de apoyarse en una estrategia de sostenibilidad a largo plazo que genere puestos de trabajo, así, como rentas y flujos económicos favorables con la finalidad de fortalecer la comunidad a medio y largo plazo. Las actuaciones han de orientarse a mantener las actividades existentes y a desarrollar de nuevas, priorizando el eje de la economía social, para ofertar nuevos servicios que posibiliten mejorar la calidad de vida de los vecinos. Es necesario impulsar y proponer medidas, que puedan desencadenar la máxima actividad económica, incrementen la actividad de los barrios para i por los propios vecinos, mediante la oferta de servicios y actividades, generando así una dinámica de vida en el barrio. Que impulsen elementos de atracción para la gente de otros barrios y, finalmente, proporcionen autoocupación entre las personas emprendedoras del propio territorio. Esta dinámica ha de apoyarse con la creación de Agencias de Desarrollo Económico Comunitario, entre cuyas funciones estará el asesoramiento y apoyo a la creación de nuevas actividades económicas en el barrio i/o distrito, prestando especial atención a los servicios de proximidad y el pequeño comercio, ofreciendo acciones del tipo de: * Promoción de las asociaciones de comerciantes * Formación y reciclaje para los trabajadores del comercio * Ayuda a la rehabilitación de locales comerciales * Soporte a la tramitación de ayudas de otras administraciones * Fomento de la instalación de nuevas actividades en zonas determinadas de los barrios. * Oferta de locales para pequeños talleres y artesanos. Incentivando fiscalmente estas iniciativas, mediante la creación de zonas francas, en las zonas objeto de actuación, para la creación de nuevos establecimientos comerciales y pequeña industria, y también para el mantenimiento de las actividades comerciales existentes. La economía social no es una realidad nueva. A veces bajo este nombre y a veces bajo otro, formas que varían a través de la historia, ha de volver a aparecer en diferentes épocas, a menudo en periodos de crisis, para responder a necesidades no satisfechas por los servicios públicos o el sector privado tradicional. Hoy, el desarrollo de empresas de economía social corresponde a una nueva estrategia de intervención en materia de ocupación y de desarrollo social. Estas empresas de economía social, surgidas de la capacidad emprendedora colectiva, producen bienes y servicios, pueden ser viables financieramente y generan puestos de trabajo de calidad. Contemplan en sus estatutos un proceso de decisión democrática, son gestionadas con una finalidad de servicio a sus miembros o a la responsabilidad individual y colectiva. Si bien toda economía es social, solo las iniciativas económicas, dichas de economía social, reconocen explícitamente la dimensión social de la economía, rompen el círculo viciosa keynesiano: la economía para las empresas, lo social para el Estado. En las empresas de economía social, la dimensión económica, se remite a la producción de bienes o servicios y contribuye a un aumento de la riqueza colectiva; y la dimensión social se refiere a la rentabilidad social y no simplemente económica de estas actividades. Esta rentabilidad se evalúa por la contribución al desarrollo democrático, por el soporte de una ciudadanía activa, por la promoción de los valores y de iniciativas de responsabilidad individual y colectiva. La rentabilidad social contribuye, por tanto, a la mejora de la calidad de vida y del bienestar de la población, especialmente a través de la oferta de un mayor número de servicios. De acuerdo con las características en que hoy se configuran las iniciativas de economía social en Catalunya, en el Estado español y en el ámbito internacional (cooperativas, fundaciones, sociedades laborales, mutuas, organizaciones no lucrativas, etc.) (13) podemos definir la economía social a partir de los principios y reglas de funcionamiento siguientes: * El bien común: el organismo de economía social tiene como finalidad producir bienes y servicios para sus miembros o para la colectividad. * La autonomía de gestión: integran en sus estatutos y sus formas de hacer un proceso de decisión democrática que implica usuarios y usuarias, trabajadores y trabajadoras. * La primacía de la persona: las personas y el trabajo están por encima del capital en el reparto de sus excedentes y de sus rentas. * El principio de participación: basan sus actividades en el principio de la participación y de la responsabilidad individual y colectiva. Frente al paro de larga duración y de la exclusión, se hace necesario explorar todos los caminos para sustentar y estimular la inserción y la ocupación. La economía social, en crear puestos de trabajo estables y de calidad, y en producir bienes y servicios de utilidad colectiva, se configura como una alternativa imprescindible en el marco de los PDEC. El gobierno cree que la expansión de la economía social está estrechamente ligada al desarrollo económico comunitario, ya que aprovecha las fuerzas y recursos del medio. Es por esta razón, que la política de soporte al desarrollo económico comunitario ha de contribuir al desarrollo de este sector de actividades económicas, manteniendo su sentido e implicando en este proceso a los ciudadanos, al tejido asociativo, a todos los agentes económicos y sociales y a la resta de administraciones. Así, el gobierno de Catalunya, en el proceso de universalización de los Planes de Desarrollo Económico Comunitario, y en la aplicación de las medidas contempladas en el "Pacto para la ocupación en Catalunya" debería fomentar las medidas legislativas y fiscales necesarias para el desarrollo y consolidación de las empresas de economía social. En esta perspectiva, una herramienta muy importante es la aplicación en la contratación pública de las cláusulas sociales obligatorias, que posibilita y abre la puerta a la inserción por la ocupación de los colectivos más desfavorecidos de los barrios y que a bien seguro, se convertirá en un elemento básico de revitalización de los mismos. Esta opción se está aplicando desde hace 3 años, conjuntamente entre el Departamento de Bienestar Social y el Departamento de Trabajo, mediante el programa de inserción sociolaboral "Posa't a Punt" y que, por Acuerdo del gobierno de la Generalitat de fecha 26 de mayo de 1998, debería extenderse al resto de los departamentos del gobierno. Con otras palabras, la promoción de los ciudadanos y ciudadanas de una comunidad y el aumento de su nivel de vida, no se puede tratar solo con medidas tradicionales (formación ocupacional, planes de ocupación, módulos de orientación, etc.) Es necesario desencadenar actuaciones vinculadas a otros ejes, impulsando la inserción sociolaboral de las personas, incrementando el grado de ocupabilidad mediante las empresas de inserción, promoviendo la igualdad de oportunidades para las mujeres y generando de forma directa puestos de trabajo mediante iniciativas de economía social i solidaria, que contribuyan a la mejora física y comunitaria del barrio, elevando y complementando los niveles de renta de las personas y reforzando los recursos existentes. Para conseguir estos objetivos, además de la aplicación de las cláusulas sociales en la contratación pública, del desarrollo de los servicios de proximidad y los nuevos yacimientos de ocupación, del apoyo a las iniciativas de economía social y de las empresas de inserción, será necesario y como medidas de choque, la articulación de medidas financieras, fondos para el desarrollo. Estos Fondos aportará recursos salariales y financieros, con carácter excepcional para los participantes, siendo sobre todo un dispositivo de colaboración socioinstitucional para la inserción (instituciones públicas, asociaciones) con el objetivo común de mejorar la vida comunitaria y la ocupación conjuntamente. El partenariado público-privado Impulsar una dinámica colectiva en las comunidades territoriales, es uno de los objetivos básicos de las estrategias de desarrollo económico y social comunitario. En este sentido, el partenariado como estrategia de intervención para promover estas dinámicas, ha estado presente en numerosas experiencias, tanto en América del Norte (EE.UU.), Canadá (Quebec). Dichas actuaciones se han estructurado principalmente alrededor de proyectos económicos y marginalmente en proyectos sociales; como en la UE, en que ha vertebrado un número importante de proyectos sociales y de forma especial al III Programa Europeo de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión, en que el partenariado se incorpora como un principio básico del programa. Pero, a pesar de la aplicación en ámbitos y proyectos diferentes, la definición del partenariado es muy común a ambos lados del Atlántico. Stratton, hace una definición de la concepción americana del partenariado: "El partenariado hace referencia a la colaboración entre los agentes económicos, las organizaciones sin ánimo de lucro y las administraciones públicas. El riesgo, los recursos y las capacidades son puestos en común y compartidos en el marco de proyectos que son beneficiosos para cada partener y, de forma más general, para el conjunto de la colectividad " (14). Y la concepción europea del partenariado, podemos encontrarla en la definición hecha por dos personas que participaron activamente en el programa Pobreza III. En primer lugar, la de Odile Quintin directora europea del mencionado programa: "El partenariado implica una corresponsabilidad, de los actores afectados, por el éxito del conjunto de la acción que se lleva a cabo y supone que estos actores sean capaces de definir, más allá de sus intereses respectivos, incluso de sus divergencias, una estrategia común y consensuada" (15), y la de Jordi Estivill, en un excelente trabajo sobre el partenariado social en Europa": "Una primera definición general y acumulativa del partenariado podría ser: "aquel proceso por el que dos o más agentes de naturaleza distinta y sin que pierdan su especificidad, se ponen de acuerdo para realizar algo en un tiempo determinado, que es más que la suma de ellos, o que cada uno sólo no podrían hacer o que es distinto de lo que ya hacen, implicando riesgos y beneficios que comparten" (16). Esta concepción del partenariado como estrategia de intervención, es un elemento esencial de los Planes de Desarrollo Económico Comunitario. Entendido en primer lugar como un reconocimiento de la responsabilidad de todos los actores, instituciones y sociedad civil, en el refuerzo de la cohesión social, en la lucha contra la precariedad y la exclusión. En segundo lugar, como la herramienta que hace posible superar los mecanismos tradicionales de las políticas sociales, evitando su compartimentación, en su paternalismo y su lentitud. En tercer lugar, posibilita la expresión de las nuevas necesidades y demandas emergentes, así como nuevas formas de actuación en el campo económico y social. En cuarto lugar, el partenariado entendido como un conjunto de los diferentes actores (públicos y privados), de ámbitos diversos (social, económico, político), de todos los sectores (educativo, sanitario, vivienda, cultural) en el marco que definen los PDEC de cada territorio. Un partenariado que garantiza la transversalidad de las acciones en el territorio y que facilita la implicación y la participación de los ciudadanos y ciudadanas como sujetos, no objetos, de las políticas sociales. El partenariado entendido como garantía de participación democrática, entendida ésta, como el acceso real de los ciudadanos en plan de igualdad con las administraciones, a los procesos de toma de decisiones. En definitiva, la participación de los ciudadanos en la determinación de las políticas sociales, económicas y urbanas que son necesarias para mejorar la calidad de vida de sus barrios y ciudades. Para hacer real esta estrategia de consenso y de concertación al entorno del diagnóstico común es necesario que cada plan DEC se dote de dos estructuras organizativas: Asociación comunitaria: el análisis del Plan del Casc Antic y el de Trinitat Nova, de la ciudad de Barcelona, así como el de la ciudad de A Corunya (17), apuntan a la necesidad de que los PDEC estructuren formas asociativas que faciliten estructuras permanentes de partenariado y modifiquen las relaciones de partida existentes entre los diversos protagonistas, garantizando a su vez la independencia de las administraciones. Estas experiencias, que empiezan a cristalizar, toman la forma de asociaciones comunitarias, es decir, asociaciones de asociaciones, conocidas también como asociaciones de segundo nivel. Estas asociaciones de segundo nivel, apuntan las siguientes características: * Los componentes de las asociaciones comunitarias son representantes de todas y cada una de las asociaciones existentes en el territorio del Plan (de vecinos, sociales, culturales, apas, deportivas, etc.). Posibilita también, la participación de aquellos ciudadanos o ciudadanas que quieren participar a título individual, sin representar a ningún grupo o colectivo. * La asociación tiene una única finalidad: conseguir los objetivos del Plan de Desarrollo Económico y Social Comunitario, consensuados en el diagnóstico común y de acuerdo con las prioridades fijadas en este. Diagnóstico que a su vez tiene como objetivo global mejorar la calidad de vida de la población de la comunidad, con la participación activa y consciente de ésta. * La asociación no sustituye el papel y la acción de las diversas organizaciones que la integran, bien al contrario, trabaja con una metodología activa para potenciar su fortalecimiento y crecimiento en los ámbitos que le son específicos de actuación a cada una. La asociación no es una entidad de servicios a los ciudadanos. * La asociación trabaja para conseguir una coordinación autónoma de los servicios existentes y en situaciones puntuales puede integrar las actividades y prestaciones de éstos como actividades complementarias y siempre de acuerdo con los servicios implicados. La asociación se convierte el ente promotor del Plan. * La asociación ha de desarrollar una actividad constante de información a los ciudadanos y ciudadanas del territorio, en lo referente a actividades, finalidades, presupuestos, gastos, etc. ... * La asociación ha de desarrollar una actividad constante de información a los ciudadanos y ciudadanas del territorio, en lo referente a actividades, finalidades, presupuestos, gastos, etc. ... * La asociación ha de tomar forma jurídica y ser una auténtica representación de los ciudadanos y ciudadanas del territorio. El Equipo Técnico Comunitario El equipo comunitario es el principal recurso técnico del Plan. Es un equipo estable y pluridisciplinar de profesionales procedentes de las administraciones (ayuntamiento y gobierno) y de las asociaciones de la comunidad. Es una estructura partenarial, que tiene como objetivo desarrollar la filosofía y la metodología del Plan de acuerdo con los resultados del diagnóstico común. De acuerdo con la metodología de los Planes han de asegurar el funcionamiento de tres grandes áreas básicas: * Área de organización comunitaria: es el trabajo dedicado a la organización de los recursos (públicos, privados y voluntarios) para que estos orienten una parte de su trabajo y prestaciones al Plan, para mejorar la eficiencia de los recursos, proporcionar un mejor servicio y resolver positivamente los problemas de la comunidad. Este trabajo se concreta fundamentalmente en una tarea de coordinación, programación y planificación. * Area de desarrollo comunitario: es el trabajo dirigido a potenciar y desarrollar el tejido social de la comunidad y pasa por el apoyo y soporte a los grupos y asociaciones existentes para que puedan seguir desarrollando sus funciones y finalidades. Fomentar el nacimiento de nuevos grupos y asociaciones que vertebren el territorio favoreciendo los procesos de participación en el Plan y en todas las actuaciones comunitarias que se desarrollen en el barrio. * Área de desarrollo económico y ocupación. * Área de conocimiento y estudio: un plan comunitario no puede desarrollarse sin el conocimiento (lo mas científicamente posible) de la comunidad, de sus problemas y de las posibles soluciones. Por esto, es necesario realizar estudios, facilitar el conocimiento de los problemas, etc., a todos los protagonistas del Plan y de la comunidad. En esta área es fundamental "escuchar y dialogar con la comunidad" como fuente importante de conocimiento. Una de las finalidades específicas de esta área es la realización e impulso del proceso de diagnóstico común de las prioridades que de éste se desprenden. * Área de información: la función informativa es básica. Ésta ha de desarrollar tres aspectos o momentos: información dirigida a los componentes del Plan, entendido éste como organización; información dirigida al conjunto de la comunidad; información dirigida al exterior: administraciones, otros servicios, otras experiencias, centros de estudio, congresos, medios de comunicación, etc. * Área de documentación del proceso comunitario: documentar el proceso (actividades, programas, reuniones, intercambios, contactos, etc.) es fundamental para la información, para la transferencia de experiencias y para la evaluación del trabajo comunitario y de su incidencia en el proceso del Plan. Hacia un nuevo contrato social Al describir los factores que han originado la crisis del modelo socioeconómico, también hemos hecho mención a la ruptura del consenso social alrededor del cual se había estructurado el Estado de bienestar. La recomposición del consenso es premisa indispensable, para garantizar la permanencia de los aspectos básicos del modelo social europeo, y desarrollar nuevas políticas sociales activas que den respuesta a las nuevas necesidades desde una perspectiva no asistencialista, en el marco de este nuevo contrato social global. En el mismo sentido se expresa el Presidente de la Generalitat: "El nuevo contrato social ha de ser global. No se puede centrar únicamente en las relaciones económicas y sociales en el sentido clásico de la palabra. También debe figurar, ha de referirse a la participación ciudadana, ha de referirse a la sociedad civil y a su papel" (18). Pero también somos conscientes, que para mantener el modelo social europeo en el futuro, no es suficiente dejarlo todo en manos de las administraciones. Como dice la Comisión de sabios: "Es necesaria la participación de las entidades públicas y privadas, sociales y mercantiles presentes en los territorios, es necesaria la participación de las asociaciones y de los grupos de vecinos, es necesaria, en definitiva, la participación real de los ciudadanos". La profundización de la democracia se configura como la condición indispensable para establecer este proceso de renovación y generar en los barrios y ciudades procesos de desarrollo sostenible y responsable. Dos conceptos son inherentes a la noción del desarrollo sostenible y responsable: el concepto de necesidad, y más específicamente, de las necesidades básicas de los ciudadanos y ciudadanas; y el de compatibilidad, el hacer compatible la satisfacción de estas necesidades básicas con la preservación del medio ambiente. En esta perspectiva, se sitúan los Contrato de Barrio y de Ciudad en la medida que posibilitan la institucionalización de los planes de Desarrollo Económico Comunitario, de estas nuevas relaciones de partenariado y concertación, de corresponsabilidad y de democracia participativa. Los contratos de Barrio y el Contrato de Ciudad El contrato de Barrio o Ciudad es un documento político y un documento jurídico. Como documento político, el Contrato de Barrio recoge los objetivos definidos en el diagnóstico común y las actuaciones acordadas, que será el eje de trabajo de todas las entidades e instituciones participantes, para iniciar los procesos de desarrollo del territorio. * Es la carta de referencia hacia el ciudadano y la sociedad en general. * Es el depositario de las acciones y compromisos adquiridos en el Plan de Desarrollo Económico Comunitario y da fe pública. * Es un referente de trabajo para los técnicos, políticos, entidades, organismos, agentes económicos y sociales y ciudadanos participantes. * El contrato articula de forma coherente las políticas sectoriales de todas las administraciones firmantes. Ha de garantizar la descentralización, la subsidiariedad y la transversalidad de las políticas sectoriales en los territorios de actuación. * El contrato es también una herramienta de evaluación y de control democrático. Como documento jurídico, los Contratos de Barrio o Contratos de Ciudad, son los marcos jurídicos donde quedan determinadas las políticas sociales, económicas y urbanas a desarrollar para la transformación del territorio objeto de actuación. * El contrato, en tanto que instrumento jurídico de carácter contractual, obliga a todas las partes al cumplimiento de los acuerdos firmados. * El contrato de barrio es un documento administrativo con valor social * El Contrato de Barrio o el Contrato de Ciudad es el instrumento básico del proyecto común de revitalización y de participación democrática de un territorio determinado. Es cierto que las políticas del desarrollo económico comunitario no aportan todas las soluciones por sí solas, pero la propuesta de desarrollo que representan e institucionalizan los Contratos de Barrio y el Contrato de Ciudad, es indispensable para avanzar en la renovación del Estado de bienestar, por la redefinición del su rol, sus funciones, para una más amplia socialización de los problemas y una profundización de la democracia. En este sentido, el desarrollo económico comunitario, avanza la idea de la corresponsabilidad y de la implicación colectiva para dar respuestas a los problemas sociales, impulsa el desarrollo del tercer sector, como pieza básica para generar nuevos servicios (aspecto que abordaremos en un próximo articulo), y garantiza el desarrollo equilibrado del territorio. Se configura -así lo ponen de manifiesto las diversas experiencias que se están desarrollando en numerosos barrios de Catalunya- como una propuesta participativa, partenarial, para el necesario desarrollo sostenible y responsable de nuestros barrios y ciudades. Josep Maria Violant i Nicolau. Jordi Turull i Negre. Miquel Puig i Vargas. (1) Véase introducción del "Pacto para la Ocupación
en Catalunya 1998-2000.
|
